Mientras el dólar alcanzaba ayer su máximo histórico,  Cristina Fernández de Kirchner volvió a ser procesada en la causa de las fotocopias de los cuadernos por cinco supuestos pagos ilegales a la empresa Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra, el único empresario que sigue detenido en el expediente, y que ahora también volvió a ser procesado. La semana pasada Ferreyra denunció ante la Cámara de Casación Penal que fue extorsionado por el fiscal para declarar como “arrepentido”, de lo contrario quedaría preso, que fue lo que sucedió. El procesamiento de la ex mandataria vuelve a ser con prisión preventiva que, dice la resolución, “se hará efectiva cuando el Senado de la Nación apruebe su desafuero, o bien, cuando cesen sus fueros”. También le trabó un embargo de 80.000.000 de pesos.  

El juez Claudio Bonadio volvió a invocar las anotaciones de Oscar Centeno, donde se describen cinco entregas de dinero, dos a través de Roberto Baratta -ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación-, supuestamente llevadas a la Quinta de Olivos, y otras tres a través de Daniel Muñoz, ex secretario presidencial, según el chofer entregadas en el departamento de los Kirchner de la calle Uruguay 1306. Son hechos situados entre julio y septiembre de 2010, poco antes de la muerte de Néstor Kirchner, mientras gobernaba CFK. Como no hay una prueba directa contra ella, el juez enumera una serie de declaraciones de imputados que sugieren su vinculación con el dinero. Por ejemplo, recuerda que  Juan Manuel Campillo declaró que Muñoz le daba por “sobre entendido y estaba en el aire que la plata era de Néstor y Cristina”. La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, también detenida, dijo de su fallecido esposo: “no sé si la plata era de Néstor o si la compartían. Es un secreto que se llevaron los dos a la tumba”;  mientras que el financista Ernesto Clarens dijo que Muñoz le hablaba de que había efectivo en archivos metálicos en una bóveda en el subsuelo de la casa de los Kirchner en El Calafate, que el dinero era transportado en aviones oficiales y que ciertas empresas como Electroingeniería no lo usaban a él como intermediario, como otras, sino que tenían “línea directa”.  

Son todos relatos difíciles de difícil comprobación, que tampoco son concluyentes. Por eso la resolución dice que cuando Cristina Fernández de Kirchner niega todo en su indagatoria, es un “un mero intento por mejorar su situación procesal”. Y la conclusión es el clásico argumento de que debía tener conocimiento. 

Lo dice así: “Más allá de los testimonios que la vinculan con el sistema de recaudación ilegal de dinero centralizado en el ex Ministro de Planificación federal desplegado durante sus presidencias no puede dejar de mencionarse que la interrelación entre funcionarios de distintos organismos del estado nacional, nos da la pauta del conocimiento de las maniobras ilícitas detectadas en esta investigación”.

La resolución amplía los procesamientos por asociación ilícita y cohecho, además de la ex presidenta, Ferreyra y Baratta, de Osvaldo Acosta y Jorge Neira (ambos de Electroingeniería) y del ex funcionario Fabián García Ramón. En el caso de CFK es el sexto procesamiento con prisión preventiva que Bonadio le dicta (aunque tiene once en total). Tres de ellos están vinculados a la causa cuadernos o derivaciones, como los casos de subsidios al transporte e irregularidades en la importación de Gas Natural Licuado.