La financiación de las campañas electorales es un tema álgido a nivel mundial. En Argentina, el macrismo impulsa un proyecto de ley que habilita los aportes empresarios. El tema desvela a la Casa Rosada desde mediados del año pasado, cuando el periodista Juan Amorín reveló la trama de financiamiento ilegal electoral de la Alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. El listado de “aportantes” incluía desde beneficiarios de planes sociales hasta candidatos oficialistas, que negaron haber realizado esas contribuciones económicas.
En el libro La raíz de todos los males, Hugo Alconada Mon sostiene que Mauricio Macri no fue ajeno al esquema de recolección de fondos en 2015. “Quiero el 1 por ciento de tu patrimonio para financiar mi campaña. Vos sabes que si yo gano, normalizaremos el país y el 99 por ciento restante de tu patrimonio va a valer muchísimo más”, habría sido el argumento utilizado por el Presidente para convencer a los empresarios. Según el periodista de La Nación, el costo de la campaña presidencial de la Alianza Cambiemos ascendió a 1760 millones de pesos. La rendición ante la Cámara Nacional Electoral fue once veces menor.
El caso de los aportantes truchos se tramita antes los estrados judiciales. Lo cierto es que la perforación del blindaje mediático obligó a una estrategia de “control de daños” que incluyó: 1) renuncia de una funcionaria clave de la gobernadora Maria Eugenia Vidal, 2) desplazamiento del fiscal Hernán Schapiro que impulsaba la investigación y 3) remisión al Congreso Nacional de un proyecto de ley que habilita los aportes de las personas jurídicas.
A fines de 2018, la iniciativa oficial naufragó (entre otras cuestiones) por las discusiones internas con Elisa Carrió. “Voy a votar en contra del aporte de empresas a los partidos políticos, de acuerdo con la doctrina histórica de la CC-ARI porque esto es lo que permite mantener la independencia para defender al pueblo. No me importa lo que opine el Presidente, sostengo lo mismo que decimos hace 25 años”, escribió en su cuenta de Twitter la legisladora de la Coalición Cívica.
Ahora, el oficialismo consiguió la media sanción en el Senado con el apoyo del peronismo “racional”. Por el contrario, los senadores Pino Solanas y Magdalena Odarda denunciaron en el recinto que se estaba consagrando “la privatización de la política”. Más allá de la suerte del proyecto en la Cámara de Diputados, el principal financista de la campaña electoral oficialista es el Fondo Monetario Internacional.
El préstamo total acordado (57.100 millones de dólares) es inédito en términos históricos. Para tener un punto de comparación, los investigadores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) explican que “el total de los desembolsos efectivos (del FMI) entre 1980 y 2017 —medidos a valores de 2017— totalizaron 65.000 millones de dólares”.
En otras palabras, el monto total del actual stand by equivale a nada menos que el 87,8 por ciento de los desembolsos recibidos en las últimas cuatro décadas. La Alianza Cambiemos ya embolsó alrededor del 70 por ciento del préstamo otorgado. El próximo gobierno ya no contará con ese “viento de cola”. Quedará una pesada herencia.
@diegorubinzal
