Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza la situación del mercado laboral en Argentina, mostrando la compleja situación que atraviesa la economía reflejada en la gran cantidad de despidos y suspensiones que se dieron en los dos primeros meses del 2019. Entre enero y febrero los despidos y suspensiones alcanzaron los 12.352 casos. Este abultado número explicado principalmente por los despidos en el sector privado, que se suma a los 191.300 trabajadores que perdieron su empleo en el 2018 (según fuentes oficiales SIPA), no puede ser interpretado sin comprender que es consecuencia directa del modelo económico implementado por Cambiemos. 

El ajuste constante, agravado desde los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la fuerte devaluación del 2018, ha dejado como única política económica la contracción monetaria, respuesta de la ortodoxia económica para intentar controlar la inflación y la cotización del dólar. Ambos objetivos siguen muy lejos de cumplirse, como demuestran el casi 50 por ciento de inflación acumulada durante 2018, y las proyecciones para este año cada vez más cercanas a ese número, alimentadas por los aumentos en los precios regulados –especialmente tarifas y combustibles–, así como el alza en la cotización del dólar de las últimas semanas, oscilando ya en valores cercanos a los 45 pesos.

La contracara de las políticas que alientan la valorización financiera es la destrucción de la economía real. De los poco más de 12 mil despidos y suspensiones en los primeros dos meses del año, un 70 por ciento corresponde al sector industrial, que perdió 5 mil empleos, y 3 mil trabajadores se encuentran suspendidos. Los niveles de tasa de interés que fija el Banco Central, entre el 60 y 70 por ciento anual, en su afán por controlar la cotización del dólar resultan totalmente contraproducentes con cualquier posibilidad de inversión productiva. 

A su vez, la dolarización de las tarifas de los servicios públicos, una de las principales políticas impulsadas por Cambiemos, provoca una suba persistente de estos servicios, modificando la estructura de costos y haciendo inviable la producción, principalmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la mayoría de las cuales se ven forzadas a cerrar sus puertas. Estas, tienen una vital importancia ya que generan aproximadamente, según la estimación que se tome, cerca del 70 por ciento de puestos laborales formales del sector privado.

En lo que respecta a grandes empresas, la novedad radica en los pedidos de Procesos Preventivos de Crisis (PPC), que terminan funcionando como un protocolo para el despido de trabajadores y flexibilización de sus condiciones de trabajo. Desde 2016 a 2018 se registraron 246 pedidos de PPC, alcanzando los 108 casos en 2018, siendo el valor más alto desde 2005. Sin embargo, las diferencias no son puramente cuantitativas, ya que hasta 2018 nunca se había homologado en la práctica un PPC. 

Pero esto no es todo. Este fenómeno se conjuga con el virtual abandono por parte del Ejecutivo Nacional de políticas de fomento a la actividad industrial como, por ejemplo, el programa Repro, que permite mantener los empleos en épocas de crisis económica. Entre 2015 y 2017, según datos de la cartera laboral, la cantidad de beneficiarios del programa Repro disminuyó 20 por ciento, se concentraron en menos empresas y el monto destinado al programa disminuyó en términos reales

Las consecuencias de este modelo se observan en los aumentos de las cifras de pobreza e indigencia, con un salario mínimo vital y móvil que, medido en dólares, es prácticamente la mitad del de 2015. Con las mujeres como principales perjudicadas, como refleja la tasa de desempleo para 2018 donde las mujeres registran un 10,8 por ciento frente a 8,9 por ciento de los varones, Cambiemos también ha acentuado la feminización de la pobreza.

Las consecuencias también se sienten en los hábitos de consumo de la población. Otro informe realizado por CEPA para los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, muestra como todos los sectores de la población han tenido que disminuir y modificar sus consumos, con un mayor impacto en los segmentos de población de menor ingreso. El rubro más afectado fue el de recreación, en donde el 63 por ciento de los encuestados manifestó haber reducido sus consumos. En segundo lugar, se encuentra el consumo de carne con una reducción del consumo en el 48 por ciento de los casos encuestados. También son destacables las bajas en los consumos de lácteos (-35 por ciento), combustibles (-41) y medicamentos (-23). Como contrapartida se observó un aumento en el consumo de fideos, harinas y arroces en 13 por ciento de los encuestados, indicando un posible efecto de sustitución alimenticia por hidratos de carbono, relativamente más baratos.

Los cambios en los patrones de consumo muestran el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población en dos formas distintas. Por un lado, el más cruel y evidente del ajuste, la reducción del consumo de leche, carne y medicamentos –bienes cuyo consumo no debería variar ya que resultan esenciales para la vida de las personas– son un indicador de lo grave que es el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y AUH, plasmado en el aumento de la pobreza en 6 puntos porcentuales en tan sólo un año (2017-2018). Estos cambios afectan la salud de las personas en el corto y largo plazo, al no poder tener los nutrientes necesarios que se derivan de una alimentación adecuada, lo cual es especialmente grave para la salud de niñas y niños. 

Por otro lado, la reducción de los consumos en rubros como esparcimiento o combustibles, da cuenta de cómo la situación afecta de forma directa las posibilidades de la población de acceder a esparcimiento, recreación, u otros consumos que mejoran la calidad de vida desde un punto de vista integral. 

Los números duros sirven de referencia para cuantificar la situación económica y social, particularmente de las mayorías populares. Estos resultados son consecuencia directa del modelo económico aplicado por Cambiemos durante los últimos tres años. Mientras existen sectores “ganadores” del modelo, fundamentalmente aquellos dedicados al negocio financiero; las mayorías populares son las “perdedoras” de un modelo que provoca el achicamiento del mercado interno, destruyendo el entramado productivo (especialmente PyMes) y el empleo, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones y disminuyendo, por lo tanto, los consumos y la calidad de vida de la población.

* Integrantes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).