Fuerte caída del salario real de los trabajadores estatales
Sin pan y sin circo
La variable de ajuste principal del programa económico de Mauricio Macri acordado con el FMI son los trabajadores, jubilados y beneficiarios de programas sociales.
Imagen: NA

El pasado 8 de abril, el gobierno nacional montó una grotesca escena teatral simulando una “negociación colectiva” en el ámbito de los trabajadores estatales nacionales, cuyo resultado final sería una recomposición salarial que cerraría la negociación paritaria 2018. El “operativo recomposición” se llevó a cabo en medio de una inesperada represión contra la representación de ATE compuesta por centenares de delegadxs y dirigentes que reclamaban a las puertas de la Secretaría de Empleo. El resultado de esta fallida negociación fue un miserable incremento del 3 por ciento para los sueldos de mayo más una suma fija de 2000 pesos por única vez en abril y el aumento del 13 por ciento en el ítem de presentismo. Una gota de agua en el medio del océano. Así, 2018-2019 cerró con un mísero 28 por ciento, condenando a los estatales al descenso en el campeonato de las negociaciones paritarias sectoriales. 

Que la variable de ajuste principal del programa económico de Mauricio Macri acordado con el FMI son los y las trabajadoras, jubilados y beneficiarios de programas sociales, no es ninguna novedad. Pero vale recordar que el gobierno de Cambiemos ha centrado su fallida política antiinflacionaria en anclar los salarios, en particular los de los empleados públicos, como señal para disciplinar la conflictividad social y, contener los reclamos sindicales. 

Con el fracaso a cuestas, y acuerdo con el FMI mediante, el derrumbe inducido en el salario nominal de los trabajadores estatales, es la primera escala para cumplir con el sacrosanto mandamiento del equilibro fiscal. Los aumentos de tarifas de transporte y servicios esenciales, las tasas de interés estratosféricas y la caída brutal del consumo se encargan de pulverizarlo por completo. 

Para comprender la dramática situación que viven los empleados públicos, vale la pena aclarar cómo se compone el universo de trabajadorxs estatales, por cierto diverso y complejo. De acuerdo al Informe Trimestral de Empleo Público que publica la Secretaría de Modernización, la dotación de trabajadores civiles en la Administración Pública Nacional (APN) a diciembre de 2018 es de 194.174 agentes, de los cuales el 50 por ciento pertenecen a los tres escalafones más importantes: Sinep (que agrupa a todos los ministerios, Presidencia, jefatura de Gabinete y varios organismos descentralizados), Pecifa (personal civil de FF.AA.) y Conicet. Particularmente en el Sinep –el sectorial más importante– las situaciones de precariedad se invierten, y el personal contratado incluido dentro del Convenio Colectivo de Trabajo llega al 70 por ciento aproximadamente. Es decir, a mayor población, mayor precarización y menor estabilidad. 

Es allí en el Sinep, el escalafón más representativo y empobrecido donde existe una estratificación donde las categorías D y C son las que aglutinan a la mayor cantidad de trabajadores dentro de la pirámide. Si tomamos como referencia una letra D grado 5 (personal administrativo, aproximadamente 15 años de antigüedad), la proyección a mayo de 2019, mes en que vence el acuerdo paritario del año anterior, es de un salario neto de 22.657 pesos. Esto significa una caída en términos reales respecto del salario de junio de 2018 de 15 por ciento, con una inflación interanual (según IPC Caba) que proyectada a mayo oscilaría en torno del 48 por ciento. 

Si se toma un salario de categoría C5 (misma antigüedad) sin título profesional, el salario de bolsillo asciende a 27.932 pesos (con una pérdida interanual del 12 por ciento). 

La estrepitosa caída del salario estatal que contiene a las grandes mayorías, administrativos, mantenimiento y estudiantes universitarios se muestra más impactante cuando se analiza todo el período macrista: desde diciembre de 2015, el derrumbe del poder adquisitivo es de 20 y 19 por ciento, respectivamente.

Si tomamos los índices que publica la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la CABA, para una familia tipo con dos hijos se necesitaron en marzo 27.959 pesos para no ser pobre, siempre y cuando esta familia sea propietaria de su vivienda. Es muy probable que el impacto se acentúe aún más en las capas más vulnerables del empleo estatal. La propensión a consumir de estos sectores es muchísimo más elevada que la de los estratos de altos ingresos. Por lo tanto, el índice de precios general quizás no sea lo suficientemente representativo al comprobar que la inflación en alimentos supera el 73 por ciento. 

¿Cómo justifica un gobierno que ganó las elecciones prometiendo pobreza cero y empleo de calidad, que la mayoría de sus trabajadores que gestionan las políticas públicas día tras día son pobres y precarizados? 

Como ha repetido en muchas oportunidades Daniel Catalano, secretario general de ATE, no sobran trabajores, faltan políticas públicas. Y un Estado serio, eficiente e inclusivo sólo se puede construir con salarios dignos y condiciones de trabajo adecuadas. Y eso es algo que el macrismo aún no ha entendido.

* Economistas de ATE Capital.

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