“Que la Cámara Federal de Mar del Plata cumpla con su deber”, es la frase que encabeza una declaración de organismos de derechos humanos, que reclaman que la causa que investiga una red de extorsión y espionaje ilegal vinculada al Gobierno y legisladores oficialistas –hoy a cargo del juez Alejo Ramos Padilla– no pase a los tribunales de Comodoro Py.
“Las últimas investigaciones que se han dado a conocer en el Fuero Federal muestran cómo un grupo de agentes de inteligencia, periodistas, legisladores, jueces, fiscales y miembros del Poder Ejecutivo se habrían organizado para cometer un sinnúmero de delitos”, advierte el texto que firman las Madres de Plaza de Mayo LF, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, la APDH, Hijos Capital, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, APDH La Matanza, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
“Los hechos que se investigan en el Juzgado Federal de Dolores, en la llamada causa D’Alessio, han dejado en evidencia la degradación institucional y la descomposición del Estado de Derecho que tiene como protagonistas a algunos que fueron elegidos y/o designados para respetar y defender la democracia y sus instituciones –continúa la declaración–. Quienes han sido imputados en esas actuaciones, pretenden que la causa pase a los Juzgados Federales de Comodoro Py, para eso cuentan con la ‘inestimable’ ayuda de dos fiscales federales. Los tribunales de Comodoro Py les asegurarían protección e impunidad.” Finalmente, los organismos de derechos humanos piden que los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata “rechacen toda presión e intervención indebida contribuyendo al saneamiento de las instituciones y a la consolidación de la democracia”.
