“Se han señalado para mi atención varios casos de vigilancia ilegal”, dijo el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci. En un anticipo de las conclusiones de su visita a la Argentina –que realizó para examinar la supervisión de las agencias de inteligencia y la protección de datos personales– el experto recomendó al Congreso “aprobar una nueva ley de protección de datos e introducir un nuevo proyecto que cubra los aspectos de protección de datos y privacidad del uso de datos personales por parte de las fuerzas de seguridad”. Entre los casos que llamaron su atención, Cannataci mencionó el que ocurrió en 2015, cuando un agente de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) siguió durante varios meses a 26 miembros de una comunidad indígena mapuche y de un movimiento contra la minería, trabajó con dos agentes de policía y luego compartió la información que había recopilado con los fiscales de Chubut, provincia en la que se hizo presente en su estadía que duró once días y culminó ayer. 

“Si bien el caso aún está sub iudice, la naturaleza e intensidad de la vigilancia, el hecho de que se haya basado en motivos prohibidos por la ley, tales como raza, ideología, pertenencia a una organización social, y se haya dirigido a una comunidad vulnerable, y la voluntad de los agentes de policía y los funcionarios del sistema de justicia de aceptar el producto de la vigilancia, que puede mostrar posibles tendencias que ocurran también en otras partes del país, son elementos de gran preocupación”, dijo el relator sobre derecho a la privacidad de la ONU. “Aliento al Gobierno a que aumente de inmediato los recursos asignados a la protección del bienestar y la privacidad de los pueblos indígenas y a que adopte todas las medidas necesarias para que todos los autores rindan cuentas, se indemnice a las víctimas y se aseguren de que la violación no se repita”, fueron las palabras que utilizó para su recomendación a los funcionarios de Mauricio Macri. Cannataci dijo estar “seriamente preocupado por la invasión ilegal de la vida privada, tanto individual como colectiva, del pueblo mapuche, como se demostró hasta la fecha en el caso en Esquel”.

Si bien el experto ponderó algunas mejoras, fue lapidario en las críticas hacia los agentes de inteligencia. “Es notorio el déficit de confianza que existe en la sociedad argentina en sus servicios de inteligencia, especialmente por razones históricas válidas, por lo tanto, el Relator Especial recomienda que todos los servicios de inteligencia de la Argentina, tanto civiles como militares, lleven a cabo una profunda revisión de su cultura y prácticas de opacidad impuestas actualmente por la ley”, dijo la oficina de prensa de la ONU en Argentina en su resumen de las conclusiones. “Asegurarse de que sólo la información que necesita ser mantenida en secreto es de hecho secreta, permitiría a la sociedad argentina comprender mejor sus roles y métodos de trabajo”, expresó.

En otro orden, el relator manifestó su preocupación por el número de interceptaciones telefónicas. “Es demasiado elevado y parece que, en lugar de ser el último recurso, la policía y los fiscales las solicitan con demasiada facilidad y con demasiada frecuencia”, afirmó Cannataci. Otro de los aspectos cuestionados fue “un mayor interés en las tecnologías de reconocimiento facial y de patentes, así como un despliegue real sin utilizar adecuadamente la evaluación del impacto en la privacidad”. 

Joseph Cannataci fue nombrado primer Relator Especial sobre el derecho a la privacidad por el Consejo de Derechos Humanos en julio de 2015. Es un académico pionero en el desarrollo de la protección de datos, la ley de privacidad y la ley de tecnología e integra la British Computer Society. Entre los aspectos positivos, resaltó entre otras “el refuerzo de la autonomía y el aumento de los recursos para la Autoridad de Protección de Datos, la reforma del organismo que realiza las interceptaciones telefónicas, el inicio de inspecciones sorpresa en la inteligencia militar y la adhesión al Convenio Internacional sobre Protección de Datos”.