Producción: Tomás Lukin

Las obras invisibles

Por Federico Favata *, Gabriel Montes Rojas ** y Andrés G. Salles ***

A medida que se acercan las elecciones los gobiernos se esfuerzan en inaugurar obras y mostrar logros de gestión. El gobierno nacional y los gobernadores asociados no escapan a la regla. El polémico slogan de Cambiemos está enfocado en caracterizar al gobierno como exitoso en materia de infraestructura en detrimento del aumento de la pobreza, de la destrucción del tejido industrial, de los problemas financieros y del resto de los indicadores que no le son favorables.

La infraestructura, sin embargo, es difícil de medir en cuanto a sus causas, dado que no está claro qué corresponde a este gobierno y qué al anterior. Para eludir la trampa del crecimiento invisible a la que filosóficamente apela Cambiemos, recurrimos a la evidencia existente en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la única fuente visible disponible para evaluar si los hogares urbanos enfrentan una mejora en el acceso a la red de infraestructura. Analizamos acceso a cloacas y agua potable de red pública, podría decirse que estos dos indicadores son donde más debería verse si hubo una mejora en la infraestructura pública que afecta a los hogares.

En primer lugar, calculamos el porcentaje de hogares que tienen acceso a la red cloacal para el periodo 2003-2018, comparando el gobierno anterior (2013-2015) con el actual (2016-2018). El porcentaje ronda el 70,4 por ciento en el cuarto trimestre de 2018 mientras que la última medición del gobierno anterior llega a 68,9 por ciento en el segundo trimestre de 2015, tras haber partido de 61,7 por ciento el tercer trimestre de 2003. Las cifras se encuadran en la tendencia histórica post-2003, de continuo incremento de la cobertura, y no representa un cambio significativo. 

Calculando las tasas de crecimiento (anualizadas) tenemos que para el periodo 2003-2015 la cobertura creció a una tasa promedio de 0,924 por ciento mientras que con Cambiemos lo hizo al 0,72 por ciento. Otra forma de verlo es que con las tasas de crecimiento del kirchnerismo se necesitarían 32 años para alcanzar una cobertura total, pero 49 años con las tasas de Cambiemos. En el Gran Buenos Aires se puede observar una cierta mejora en el acceso a cloacas, pasando de 50 a 56 por ciento entre 2015 y 2018. Aquí las tasas de crecimiento sí mejoran notablemente: de 1,6 por ciento durante el kirchnerismo a 2,7 por ciento con Cambiemos. En otros aglomerados como Rosario, Córdoba, La Plata o Mar del Plata, sin embargo, no hay mejora alguna. 

En segundo lugar, analizamos el porcentaje de hogares en el universo EPH con agua de red pública. El Indec muestra que ronda el 89 por ciento en 2018 frente a un 90,3 por ciento en 2015 y 86,5 por ciento en 2003. En este caso, la tasa de crecimiento para 2003-2015 es de 0,357 por ciento mientras que es negativa -0,140 por ciento durante la gestión de Cambiemos (aunque diferente de cero por ciento). Para el GBA, el último dato arroja 76,5 por ciento de cobertura, comparado con 75,6 por ciento en 2015 y 68,3 por ciento en 2003. 

El análisis estadístico propuesto demuestra que las mejoras en infraestructura básica en cloacas y agua potable (red pública) de los hogares no muestran un cambio de tendencia con respecto a los años previos. De hecho, se puede inferir un leve estancamiento desde que Cambiemos accedió al poder. La excepción es un aumento en la red de cloacas en el Gran Buenos Aires. Sin desmerecer a los beneficiarios, el marketing electoral de Cambiemos claramente exagera los hechos.

* CIMaD - EEyN Unsam  / ** Conicet y IIEP-Baires-UBA / *** PALP - EEyN    Unsam.

Una deuda porteña

Por Adriana Clemente y Vanesa Marazzi *

Las declaraciones presidenciales sobre las mejoras en la provisión de cloacas fueron puestas en cuestión por los datos del Indec. Pero, no es solo observando las estadísticas que se evidencia el estado en el que se encuentra la población respecto a la provisión de los servicios públicos, sino también analizando el modelo de gestión que lo genera a partir de decisiones referidas a la población prioritaria y su reflejo en las políticas de inversión y expansión.   

Ejemplo de ello es lo que acontece en la jurisdicción más rica del país, donde el Gobierno porteño manifiesta una actuación en la provisión de servicios en barrios pobres (villas y asentamientos) donde se propician prestaciones cuyo estándar es diferenciado al resto de la ciudad. La situación merece un análisis cuidadoso para comprender la complejidad del fenómeno que genera la vulneración de derechos de las aproximadamente 300 mil personas que viven en los 55 barrios populares porteños.

En primer lugar, importa considerar que se trata de servicios públicos que deben ser prestados conforme a cinco principios que son: uniformidad (igualdad de prestaciones en iguales condiciones), regularidad (prestarse conforme a reglas establecidas), generalidad (nadie que los solicite puede quedar excluido), continuidad (sin interrupciones), y obligatoriedad (obligación del prestador de brindarlo y de exigirlo el usuario). Estos principios se materializan tanto en la cobertura, como en el acceso y calidad de los servicios públicos que, si bien pueden ser prestados por el Estado de manera directa o por terceros, el control de los mismos y su regulación es una potestad estatal. 

Muy lejos de estos principios, la situación de los servicios públicos en las villas y asentamientos de la CABA presenta serias falencias que se expresan de modo heterogéneo en cada uno de los barrios donde, por la precariedad de las condiciones de tenencia de la tierra, y la condición social y económica de sus pobladores, estos parecen no calificar como vecinos.   

El relevamiento de la situación de los servicios públicos en villas de la ciudad arroja  evidencia sobre déficits en todos los planos. En el caso de la electricidad, las empresas Edenor y Edesur prestan el servicio hasta las cámaras distribuidoras (más conocidas como transformadores). A partir de ese punto, las empresas se desligan de la responsabilidad, por lo que la cobertura, de allí en adelante, queda en manos del Gobierno, o de los propios vecinos cuando este no lo realiza. Todo ello se realiza en un esquema de gestión diseminado en diferentes organismos que terminan diluyendo responsabilidades, y cuyo desempeño varía según se trate de intervenciones en el marco de procesos de urbanización vinculados a grandes emprendimientos inmobiliarios (Villa 20 y el Playón de Chacarita, entre otros); o barrios fuera de dicho proceso (que son la mayoría) donde la modalidad de intervención para proveer servicios es la tercerización en cooperativas y/o empresas que actúan generalmente frente a la emergencia o sin un plan ordenador de la intervención. Además, no existe por parte del Gobierno de la Ciudad un organismo técnico que controle si las intervenciones se realizan conforme a especificaciones que propicien un acceso seguro y calidad adecuada para evitar riesgos para la vida de las personas. Por lo que la situación dista de estar bajo control, en tanto es una constante observar tendido fijado a la vivienda (generando la electrificación de muros), tendido eléctrico aéreo (prohibido en la CABA) a una altura menor a la indicada, o postes de luz con peligro de derrumbe. 

En el caso del agua y saneamiento, aparece otra complejidad en tanto se ha naturalizado la presencia conjunta del tendido cloacal y pluvial, a lo que se suma el desarrollo de obras por parte de GCBA que muchas veces no pueden ser traspasadas a la prestadora oficial por no cumplir con característica técnicas adecuadas. Esto supone el acceso deficitario al agua segura por parte de la población; la convivencia con cámaras cloacales que se desbordan por lluvias. Esta situación evidencia que en las villas no sólo se maneja un estándar de calidad distinto al del resto de la Ciudad, sino también que es el propio Estado quien actúa por fuera de la normativa.  

* Directora e investigadora del Centro de Estudios de Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.