Aborto y justicia social
Imagen: Leandro Teysseire

Con el aborto no se come ni se genera empleo. Está claro. Sin embargo, pretender empujar la discusión al fondo del cajón de debates urgentes es tramposo. 

Primero, porque es un histórico reclamo. Hace más de una década que se conformó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, y esa articulación federal es el motor fundamental de esta marea verde que se extiende, cada vez más joven, por todo el país. Es la octava vez que presenta en Diputados su proyecto, con el apoyo de un amplio arco político. 

Segundo, porque se trata de un problema de salud pública y además, de justicia social: el aborto es una práctica que atraviesa todos los sectores sociales, las mujeres y personas con capacidad de gestar más ricas y las más pobres abortan, pero quienes no tienen recursos, quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, son las que pagan con su cuerpo y con su vida las consecuencias de la clandestinidad. 

Tercero, porque hasta que no se despenalice y legalice el aborto se seguirán imponiendo obstáculos ilegales en hospitales públicos a niñas como Lucía, embarazadas al ser violadas o abusadas, que tendrán que gritar a llantos que le saquen lo que el viejo les puso adentro para acceder a su derecho.

Cuarto, porque no solo estamos luchando para que no se mueran más mujeres o personas con capacidad de gestar al decidir interrumpir voluntariamente un embarazo –en la desesperación de enfrentar una gestación que no quieren continuar–, sino también por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, por nuestra libertad: sin aborto legal seguimos siendo ciudadanas de segunda. Imaginemos que a los varones les atamos las dos piernas y así tienen que andar por el resto de sus vidas, sin poder caminar ni moverse, con comodidad. La comparación puede sonar ridícula, lo es, pero busca mostrar la importancia de poder disponer de nuestro cuerpo, sin imposiciones arbitrarias, intrusivas. No podemos aspirar solo a despenalizar la práctica –aunque de por sí, sería un gran avance– porque seguiríamos empujando a intervenciones más inseguras a las que no puedan pagar un aborto en condiciones seguras: ya no tendrían la amenaza y el temor de ser denunciadas, pero sin que el Estado garantice la práctica –y para eso necesitamos la legalización– a través de su atención en hospitales o su cobertura por obras sociales y prepagas, seguiremos profundizando la desigualdad en el acceso. La legalización no aumenta los costos del Estado ni el número de abortos. Lo dijo con claridad el entonces ministro de Salud, Rodolfo Rubinstein, degradado luego a secretario, durante las audiencias del Congreso, y apelo a sus palabras para recordar algunos datos estadísticos oficiales, que contextualizan la discusión:  

  • “En los países que tienen aborto legal, entre el ‘90 y 2014 ha habido una disminución del número de abortos cada mil mujeres en edad reproductiva, lo que no se ha producido en los países que tienen marcos legales más restrictivos”. 
  • “En el escenario actual, casi el 70 por ciento son abortos medicamentosos. Lo que sucede es que el acceso a la medicación abortiva se consigue en el mercado secundario a precios exorbitantes; luego tenemos un 22 por ciento que es aborto instrumentado por profesionales en consultorios clandestinos y finalmente casi un 10 por ciento que es evacuación uterina informal, este es el aborto hecho en condiciones hechos en extrema precariedad”. 
  • “En caso de que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fuera sancionada, el aborto sería en el 90 por ciento de los casos farmacológico”.
  • “El misoprostol hoy se consigue a entre 3000 y 5000 pesos. El costo sería 30 veces menor (si fuera legal)”.
  • “El costo por aborto hoy es de 11.500 pesos y 1914 pesos sería si estuviera sancionada la ley de IVE. Esta diferencia tiene que ver con la reducción muy dramática de la tasa de complicaciones, en caso de que el aborto se realice en un entorno legal”.
  • “En el escenario actual todo es gasto de bolsillo. En el caso de la legalización, lo que baja son los costos atribuibles a las complicaciones. Y el costo de la medicación sería absorbido por el Estado nacional”.
  • “Cualquier muerte evitable en una mujer es algo que nos debe preocupar. Pero además la muerte es el último emergente de una realidad sanitaria y social muchísimo más amplia. Y estamos viendo que hay 70 mil internaciones en la Argentina, que están en el sector público de las provincias, que están en las obras sociales, pero están”.
  • “En definitiva es problema de salud pública porque produce preponderantemente muertes y morbilidad evitable. Y sobre todo, en mujeres jóvenes, mujeres sanas, y con alta vulnerabilidad social”.
  • “Los países que tienen marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. Y la legalización del aborto reduce la mortalidad y las hospitalizaciones por complicaciones sin implicar mayores costos para el sistema de Salud”.

Aquí retomo: es fundamental recuperar el Ministerio de Salud, como primer paso. Y garantizar la información y el acceso a la anticoncepción y convertir en política pública –de verdad– la educación sexual integral. Pero despenalizar y legalizar el aborto es un tema de salud pública, derechos humanos y sin, dudas, justicia social. Que sea ley.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ