La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) del Poder Judicial deslindó su responsabilidad en la violación de la cadena de resguardo que generó la difusión de interceptaciones telefónicas ordenadas en el marco de la causa 41475/16, la causa por narcotráfico que desencadenó las escuchas del caso D’Alessio. En un duro documento, los funcionarios Javier Leal de Ibarra y Martín Irurzun marcaron la responsabilidad de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y de los juzgados respectivos. Explicaron que las interceptaciones se realizaron sin intervención humana y que los CDs que las contenían fueron retirados por la AFI. “La actuación de la Dirección es un eslabón dentro de la cadena de custodia que debe regir en cualquier intervención, que comienza con la orden del juez y termina con la entrega del CD al juez o a quien éste designe. Luego es responsabilidad de los jueces y de quienes actúan como sus auxiliares velar por esa cadena de custodia”, expresaron Leal de Ibarra e Irurzun en una nota presentada ante la Corte Suprema.
