El fiscal federal Adolfo Villate reactivó la causa por el robo a los tribunales, ocurrida en octubre de 1984, con el cual se pretendió frenar  las primeras investigaciones sobre la represión en toda la región. Según consignó el fiscal hay tres represores detenidos aunque por otras causas. La punta del ovillo se halló en un documento público cuando el militar Luis Américo Muñoz exigió un ascenso por una operación de inteligencia realizada por él mismo: si bien no lo especificó era nada menos que el robo a los tribunales, donde se sustrajo la famosa causa Feced.

Según informó Villate, el juez federal N° 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó semanas atrás la detención y recepción de declaración indagatoria del general Víctor Pino Cano, del coronel Héctor Fructuoso Funes, y del coronel Luis Américo Muñoz, por diversas responsabilidades en el hecho. "El 8 de octubre de 1984, un grupo de personas armadas procedió a tomar por asalto el edificio de Tribunales Provinciales de Rosario sito en calle Balcarce entre Montevideo y Avenida Pellegrini, privaron ilegítimamente de la libertad al personal de custodia policial de dicho edificio y le sustrajeron sus armas reglamentarias", recordó Villate ayer en diálogo con LT8.

Además del interior del juzgado de Instrucción de la 10° Nominación se llevaron la causa 6/1984 y los elementos de prueba que se encontraban  secuestrados, tanto en esa sede como en una propiedad de calle Dorrego 1638 de Rosario. "En este lugar se procedió a privar ilegítimamente de su libertad al personal policial de consigna y a sustraérsele su pistola reglamentaria", recordaron desde la Unidad Fiscal en DDHH a través de un comunicado de prensa.

Lo robado era de interés: días antes de aquel hecho, a solicitud de la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, se habían practicado diversos allanamientos donde se había secuestrado prueba documental incriminatoria para personal militar y policial que había actuado en esta ciudad.

En marzo de este año, el juez Vera Barros ordenó, a pedido Villate, la detención y recepción de declaración indagatoria de tres imputados. "Las detenciones fueron efectivizadas, y se les tomó declaración indagatoria a Funes y Muñoz, quienes además cumplen detención domiciliaria", indicó el comunicado, en el que se añade que aún resta materializar la indagatoria de Pino Cano por "razones de salud invocadas por su defensa".

Según la Unidad Fiscal, los detenidos se desempeñaban a la fecha de los hechos como Comandante del Cuerpo de Ejército II de Rosario, Jefe de Inteligencia del Estado Mayor de dicho comando y como segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121, respectivamente.

Para la fiscalía los hechos "deben ser calificados como delitos de lesa humanidad siendo, en consecuencia, imprescriptibles". La Unidad Fiscal indicó que se realizaron procedimientos por orden judicial en la provincia de San Luis, "donde se procedió al secuestro de documentación", que ahora se encuentra en "etapa de análisis junto con otros documentos incorporados a la causa".