–Esto es peor que la condena. Mucha angustia porque te congela todo, no podés dar un paso adelante –dice Evangelina.
–Estábamos construyendo en la casa y tuvimos que parar todo –agrega su pareja, parada a su lado y vigilando que sus hijos, una nena de 3 y un nene de 5 años, dejen que su madre hable tranquila, para hacer pública su historia.
Lo que Evangelina (nombre ficticio) se pregunta casi con resignación es por qué después de haber construido una familia en Argentina, el Estado le dice que la va a deportar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la zozobra y la vida suspendida? “Son claras manifestaciones de un ‘clima de época’ en el que el gobierno expresa que imponer ‘mano dura’ para este tipo de casos es lo correcto ligándolos de manera directa con temas de seguridad. Nos habla de un contexto regresivo en términos migratorios, de criminalización de las migraciones”, apunta Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes (Caref).
“Es un acto desproporcionado llevado a cabo por el Estado que, lejos de protegernos, nos expone al miedo por aquello a lo que puede llegar una sociedad cuando se deshumaniza y los propios entes estatales pierden el límite del cuidado y la garantía de derechos ya consagrados como lo son el derecho a la vida en familia, la igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso, el derecho de los niños y niñas a ser oídos y de no ser sometidos a tratos crueles como éstos”, agrega Liguori.
Evangelina tiene 34 años y hace catorce que se vino con su hermana desde Itacurubí del Rosario, al norte de Paraguay, a trabajar. Hace nueve años vive en Merlo pero antes estuvo en La Plata y también vivió un año en Neuquén.
En 2007 fue detenida, acusada por tráfico de estupefacientes. Estuvo dos años y ocho meses presa en las unidades penitenciarias de Jujuy y de Ezeiza. Quedó libre en julio de 2010 después de haber cumplido su condena y desde entonces no tuvo más problemas con la ley. Formó pareja con el hombre que la acompaña durante la entrevista, argentino, y padre de sus dos hijos también nacidos en este país –además Evangelina tiene una hija de doce años, de una pareja anterior que ya no vive en Argentina–. Ambos trabajan, ella en su casa y él en una empresa, “en blanco”, aclaran. Esa familia quedó en suspenso desde hace tres semanas cuando Evangelina se enteró de que la quieren deportar.
“La más grande no quiere irse y el padre ni siquiera está acá... –cuenta Evangelina en las oficinas de Caref–. Si vamos a Paraguay no tenemos trabajo, casa, nada. Estamos en menos cero”.
Sus problemas surgieron cuando Evangelina intentó tramitar la residencia y Migraciones “encontró el antecedente y dictó la expulsión”, explica a este diario Lucía Galoppo, abogada de Caref. La ley Nacional de Migraciones (25871) sancionada en el 2003 “prevé la expulsión con antecedentes penales pero también establece que se puede evaluar la decisión en caso de que la persona tenga familia e hijos”, apunta Galoppo. Sin embargo, el decreto 70 de 2017 recortó esa posibilidad. Ahora “son muy pocos los casos en los que se puede solicitar el ‘perdón’. Además, llama la atención para el organismo experto en refugiados y migrantes que el decreto establezca que la decisión queda en manos de Migraciones”, apunta. “Hemos notado que se avalúa la cuestión formal, si Migraciones cumplió el procedimiento, pero no se pondera el derecho de los niños”, dice. En el mismo sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el “rechazo in límine” por el artículo 280, “que se usa cuando ya el caso estuvo evaluado por otras instancias”, explica la abogada.
“No se pondera el tiempo de permanencia en el país ni la conducta posterior a la condena. No se convoca a los chicos a hablar y dar su opinión. Nos preguntamos entonces cuál es el fin ¿volver a castigar? Es una doble sanción”, apuntan desde Caref.
La situación de Eva no es aislada. El endurecimiento de las políticas migratorias desde la asunción del actual gobierno ya se vio en casos similares. Hace tres meses ya que el Estado expulsó a Vanessa Gómez Cueva, madre peruana de tres hijos radicada en Argentina. Su abogado y organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares con el objetivo de evitar el daño irreparable provocado por la separación de la familia a causa de la expulsión del país de Vanessa y su hijo argentino menor de edad. También se conoció lo que le pasó a Sierra Chávez, otra mujer peruana que fue retenida mientras su hija de 14 años se encontraba en la escuela y rápidamente expulsada. “Ella había cumplido su condena. Desconocía su orden de expulsión. Fue notificada en puerta –sin haber tomado conocimiento de esa notificación– y retenida al momento de ir a renovar su documentación precaria. La expulsaron sin posibilidad de despedirse de su hija y el impedimento de reingreso al país es permanente”, detalla Gabriela Liguori, directora ejecutiva de Caref.
“A este gobierno no le importa nada el bienestar ni los derechos de los chicos. Si a ella la expulsan es como tirarlos a la calle porque allá no tienen nada”, apunta la pareja de Evangelina mientras camina, nerviosa, de un lado a otro.
Desde Caref recordaron que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación tiene en sus manos un amparo colectivo en el que solicitaron se dictamine la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto 70/2017. También reclamaron la puesta en marcha de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya autoridad todavía no fue ratificada por el Congreso de la Nación, para robustecer la institucionalidad que garantiza derechos de niños y niñas.
En la organización comenzaron a tener conocimiento de situaciones como la de Evangelina a partir del año pasado. “Si se es migrante, haber cometido un delito aparece como una marca indeleble para el Estado argentino, aun cuando se tenga arraigo de años o casi toda la vida, familia, hijos e hijas nacidos en este país. El DNU 70/2017 resulta un instrumento perverso en este sentido ya que pone en manos de Migraciones decisiones que afectan a niños, niñas y adolescentes en los que en muchos casos observamos que no hay revisión judicial”, dice Liguori.
–¿Cuáles son los problemas más graves que encuentran en estos procesos? –preguntó PáginaI12.
–Tenemos dos problemas graves: el primero es que un ámbito administrativo del ejecutivo pueda decidir sobre aspectos tan sensibles como la unidad familiar imponiendo prohibiciones de reingreso permanentes para casos como los que conocemos que afectan a mujeres que ya habían cumplido su condena, no habían reincidido y en contextos de vulnerabilidad social buscaban los mejores modos de ocuparse de las necesidades propias y de sus hijos a través de un trabajo, una vida en sociedad. El segundo problema es la falta de una injerencia real y efectiva de la justicia para proteger derechos de las personas afectadas. Nos llama la atención la “obediencia” hacia Migraciones en estos casos. Casi ninguna instancia pone de relieve la afectación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de migrantes, que se ven involucrados en estas situaciones. El interés superior del niño no es tenido en cuenta: no se los escucha, se les impone gratuitamente la pena de separarse de sus madres de manera cruel. ¿Por qué cruel? Por los modos, que en algunos casos han sido llevados adelante a través de engaños que comenzaron con notificaciones defectuosas y porque esos niños, niñas y adolescentes no podrán reunirse con sus madres en el país donde han nacido nunca ya que cuando se trata de delitos ligados a drogas se les impone prohibición de reingreso permanente. Por ende, esos niños, niñas y adolescentes, si quieren vivir con sus madres, casi que podríamos afirmar que están obligados al “destierro”, no podrán hacerlo en Argentina.
–Se vulneran los derechos...
–Definitivamente hablamos de múltiples vulneraciones de derechos. Por un lado de las mujeres, quienes han sido parte en algún momento de sus vidas del último eslabón ligado al delito de drogas, aquellos que los especialistas señalan directamente ligado a las condiciones de pobreza y a la alta vulnerabilidad social. Son mujeres que fueron procesadas, condenadas (por lo general con penas de 3 años), cumplieron sus condenas y desean rehacer sus vidas junto con sus familias en el país donde eligieron vivir: Argentina. Por otro lado los niños y niñas que habían vivido hechos traumáticos frente a la detención de sus madres y que luego de ese proceso de padecimiento vuelven a convivir, a restablecer vínculos cotidianos. A estos niños y niñas se los obliga a volver a padecer la pérdida de ese vínculo afectivo esencial en lo diario, cotidiano, sin más. Repentinamente. La separación de las familias por expulsiones ante condenas ya cumplidas representa una doble condena para las mujeres migrantes y una condena para sus hijos, solo por ser hijos de una mujer migrante.
