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24 DE MARZO
Por Horacio Verbitsky
El escrache es una brillante idea, que puede practicarse sin autorización de ninguna de las alas del menemismo, ni la que discursea sobre la ética pública ni la que denuncia el acoso a las Fuerzas Armadas. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires podrá referirse al tema Alicia Pierini, que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se negó a incluir entre los pagos de reparaciones por los crímenes del Estado Terrorista a los hijos del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, la primera víctima de la Triple A y un ejemplo de la resistencia peronista a las dictaduras. En el año previo al golpe del '76, dos presidentes justicialistas y sus ministros (entre ellos el actual vicepresidente Carlos Ruckauf y el senador Antonio Cafiero) ordenaron a las Fuerzas Armadas "aniquilar el accionar de los elementos subversivos". Durante el juicio a Videla, Massera & Cia, varias defensas recordaron afirmaciones como las vertidas por el legislador peronista Alberto Stecco, quien solicitó que las Fuerzas Armadas mataran a los insurgentes "como a ratas porque no merecen vivir en este suelo", o por el ministro justicialista de Defensa Tomás Vottero, propugnando "su más completo exterminio". En el primer aniversario de la dictadura, el diario La Opinión publicó un suplemento titulado "El silencio de los políticos". En la presentación se destacaba que la clase política era inmune a "cualquier campaña que distorsione la imagen argentina en el exterior". En ese suplemento, lejos de llamar a la resistencia civil, Raúl Alfonsín encomió la sobriedad del dictador Jorge Videla en la controversia con Estados Unidos por las violaciones a los Derechos Humanos y propuso compartir el poder entre un presidente militar y un primer ministro civil, mediante una convención constituyente con una lista única de candidatos aceptados por las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa de Isabel Perón, Angel Robledo, avaló la respuesta de la dictadura a la suspensión de la ayuda militar norteamericana, pidió a las Fuerzas Armadas que acordaran un programa con los civiles y dijo estar convencido de la legalidad de la represión. El comunista Fernando Nadra repudió la interferencia norteamericana en los asuntos argentinos, es decir su interés por la cacería de ciudadanos y su desaparición en campos de exterminio. El 21 setiembre 1978, cuando ya se habían producido más del 90 por ciento de las desapariciones, las torturas y los asesinatos clandestinos, el jefe radical Ricardo Balbín los excusaba porque los derechos humanos también se violaban en otras partes, y la subversión era "real y no inventada para un pretexto revolucionario". Contó que devolvía las cartas recibidas de Europa, "por injustas". Un informe de la SIDE mencionado por La Nación el 25 de marzo de 1979, revelaba que sobre 1.697 municipios sólo 170, o sea el 10 por ciento, tenía intendentes militares; 649 intendentes, o sea el 38 por ciento, eran civiles sin militancia política. Los 878 intendentes restantes, es decir el 52 por ciento en todo el país, provenían de los partidos tradicionales, en esta proporción: Unión Cívica Radical, 310; Partido Justicialista y otros afines 192; Partido Demócrata Progresista, 109; Movimiento de Integración y Desarrollo, 94 ; Fuerza Federalista Popular, 78 ; Partido Demócrata Cristiano, 16; Partido Intransigente, 4. Todavía en noviembre de 1980 la revista del Partido Comunista, Comentarios, celebraba en su portada la designación de Roberto Viola como presidente, con una foto del nuevo gobernante en uniforme. Aun después del colapso en la guerra de las Malvinas, el único político que suscitó la cuestión prohibida en una reunión de catorce dirigentes de todos los partidos con el último dictador fue el ex capitán de navío Francisco Manrique, quien pidió la publicación de una lista de desaparecidos. Benito Bignone se negó y nadie insistió. La responsabilidad de los patrones no requiere demostración. Reclamaron el golpe militar, lo promovieron con paros del campo, la industria y el comercio y destacaron a uno de sus hombres para que condujera la economía. La dictadura produjo una deliberada redistribución de poder dentro de la burguesía, que favoreció a determinados grupos económicos. Si la doctrina clásica de la Seguridad Nacional sostenía que el crecimiento y la industrialización superarían el conflicto social, el gobierno de los militares y los grandes grupos económicos invirtió la ecuación y se dedicó a aniquilar no sólo las expresiones políticas de los sectores populares sino su mismo sustrato social, mediante procesos de desindustrialización y desindicalización programada en la periferia de las grandes ciudades con tradición obrera, cuya población disminuyó por primera vez en el siglo. La remodelación quirúrgica de la sociedad que produjeron fue tan importante como el exterminio de parte de una generación que luchaba por un modelo de país distinto. Gerentes de personal de las mayores empresas se reunían con los jefes de áreas militares para indicarles a qué activistas gremiales debían eliminar. Los grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura son los mismos que luego adquirieron a precios ridículos las empresas estatales que salieron a remate por la quiebra del Estado que ellos mismos indujeron, mediante contratos que se renegocian una y otra vez, como ocurre en estos días con los de telecomunicaciones, autopistas y obras sanitarias y con una regulación de mínima intensidad. La concentración de la riqueza en las mismas manos que se alzaron triunfales durante la dictadura prosiguió a ritmo pródigo bajo dos gobiernos civiles mientras declinaban la participación de los asalariados en el ingreso y el empleo. La alianza con aquellos sectores que siempre constituyeron la base social de los golpes militares fue concebida por el primer gobierno democrático como un seguro de estabilidad política y por el segundo como una garantía en contra del caos de la hiperinflación. La oposición que aspira a gobernar a partir de 1999 también los corteja con promesas y garantías. Esto privó a los intentos golpistas del arraigo social sin el cual un fusil es sólo un pedazo de metal y madera, pero desvirtuó el sentido del voto popular y condujo al sistema político a una encrucijada.
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Esta semana, al cumplirse 22 años del golpe militar de 1976, los jacobinos
de Humberto Roggero, quien la semana pasada sugirió poner a todos los jueces en
Comisión, intentarán vincular a sus adversarios políticos con las dictaduras militares
del último medio siglo. Su vocación por el juego limpio relució en la conferencia de
prensa en la que se atribuyó como obra propia toda la información acumulada durante
años en las denuncias de los organismos de derechos humanos de Córdoba. Ese esfuerzo de
los organismos no culminó con una condena del general de división Luciano Benjamín
Menéndez gracias al indulto presidencial de octubre de 1989, firmado días antes de la
audiencia oral y pública que la Justicia ya había convocado.