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Por Miguel Bonasso
Antes, en el recinto, al hablar como jefe de bloque, Alvarez había lanzado claras señales de entendimiento hacia los duhaldistas y había elogiado el debate, como "uno de los mejores que tuvo la Cámara". Celebrando que el "clima de convivencia" hubiera sustituido las hachas de guerra que su compañera de bancada, Nilda Garré había visto brillar durante todo el lunes y la mañana de ayer. En que comenzaron a progresar sus conversaciones con el justicialista-duhaldista Eduardo Camaño. En esas tensas negociaciones, que culminaron después con el encuentro formal de los tres jefes de bloque, los partidos de la Alianza le hicieron saber al titular de la bancada oficialista, Humberto Roggero, que si persistía en su idea de hacer públicos los nombres de 5 mil opositores que habían colaborado con los militares, ellos exhumarían solamente quince, pero tan sonoros "como el de Eduardo Menem, que fue funcionario de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, Julio Nazareno que fue jefe de policía de La Rioja o Roberto Dromi que fue intendente de Mendoza durante el Proceso". Privó la sensatez. Y en el recinto, que fue poblándose hasta colmarse a la hora de la votación, sólo hubo alusiones al tema, como la del propio Roggero: "Tengo mucho material que menciona a los civiles que fueron el soporte ideológico de las dictaduras, de todas las fuerzas, pero prefiero reivindicar a mi generación en su lucha por la dignidad". O dardos de escasa potencia como los disparados en solitario por otro justicialista, Carlos Soria, que recordó a quienes "se rindieron ante la dictadura, aportando cuadros completos para gobernaciones, embajadas y municipios". En general, los legisladores peronistas (tanto menemistas como duhaldistas) pusieron el acento en dos reivindicaciones históricas: el justicialismo siempre llegó al poder por elecciones y puso la mayor cuota de víctimas desde la dictadura militar de 1955 hasta la de 1976. Dos verdades que, sin embargo, omiten la Triple A de López Rega y la alianza estratégica de este gobierno con Alvaro Alsogaray, que hoy se abstuvo, tras un discurso en el que evocó "el asesinato del teniente general Aramburu" y otros ideólogos del Proceso, como Roberto y Juan Alemann, vinculados a José Alfredo Martínez de Hoz, fustigado por Roggero en su intervención. Los radicales, por su parte, tuvieron el trago amargo de justificar las dos leyes del olvido que votaron en 1987. Juan Manuel Casella bordeó el talento de Chesterton en el cultivo de la paradoja para señalar que la Obediencia Debida y el Punto Final no fueron producto de un "estado de necesidad", sino de la "razón de Estado", que se promulgaron, a iniciativa de Raúl Alfonsín, para evitar la "dilución" de la democracia a través de un camino de presiones continuas que podía conducir al golpe de Estado. Si hubiera reconocido, aunque fuera indirectamente, la presión militar o la inminencia de un golpe, sí hubiera abierto las compuertas para esa nulidad que a los diputados expertos en derecho les parece imposible. Porque el Congreso, en ese caso, habría votado con una pistola en la cabeza y otro Congreso, aliviado de ese argumento metalúrgico podría volver sobre sus pasos. Mientras tanto había distintas evaluaciones sobre la posición en la cual habían quedado los "rebeldes". Ellos mismos no estaban muy de acuerdo cuando hablaron con el autor de esta nota en el Salón de los Pasos Perdidos. Juan Pablo Cafiero sentía que la "derogación" era puramente declarativa y sólo limpiaba los anales de la legislación argentina de dos manchas. Su compañero Alfredo Bravo, en cambio, prefirió ilusionarse con la posibilidad de "algún juez con pelotas" que interpretara el verbo derogar en su acepción más drástica y reabriera algunos casos. Rodolfo Terragno, en cambio, consideró que la derogación, lograda casi por consenso, suponía una forma de reivindicación de Juampi Cafiero y Bravo que, en enero, habían sorprendido a su propia bancada con una propuesta que a los radicales les pareció "infantil" y potencialmente divisionista. También celebró el acuerdo de los bloques que evitó una verdadera deflagración de las instituciones en un efecto similar al famoso equilibrio del terror de la guerra fría. Y que, dicho de otra manera expresa el instinto de autodefensa de una clase política que tiene varias autocríticas que hacerse y que hoy las hizo a medias. Planteando las leyes "como un retroceso", en la exposición del radical Marcelo Stubrin. Y que estuvo poco presente, en cambio, en la intervención de su jefe de bloque, Fredi Storani, que reivindicó la poco convincente actitud de Ricardo Balbín en los tramos finales del gobierno isabelino, cuando habló de los "cinco minutos finales del enfermo". El "pasito" que subrayó Chacho y Graciela Fernández Meijide celebró como el fin del "canibalismo político" y las confrontaciones salvajes, expresa sin duda un avance en la cultura política parlamentaria pero, como lo dijo Bravo, está muy lejos todavía de "hacer reaparecer a los desaparecidos".
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"Es
un pasito", dijo Chacho Alvarez a Página/12 mientras abandonaba el Salón de los
Pasos Perdidos, tras la sesión en la que se aprobó por abrumadora mayoría la
derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sancionadas durante el mandato
de Raúl Alfonsín. Y subrayó el diminutivo del avance para remarcar tácitamente que la
derogación negociada unas horas antes entre los jefes de bloque del PJ, el Frepaso y la
UCR, tiene más un valor testimonial que jurídico. Y carece, por tanto, de la
contundencia del proyecto de anulación, levantado en enero por Juan Pablo Cafiero y
Alfredo Bravo, junto con otros 8 legisladores frepasistas a los que ayer se sumaron los
justicialistas Juan Domingo Zacaría y Cristina Fernández de Kirchner, levantando el
brazo con el voto de la minoría.