ROSARIO/12 REVELA LO QUE SE TACHO DEL PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA LAS INUNDACIONES
Los Bajos Submeridionales se convirtieron en un mar del infierno de más de 200 kilómetros; Gato Colorado está sitiado, sin defensas, a merced de los chaqueños que rompen el terraplén sobre el paralelo 28; y los temblores del puente sobre el Leyes dejó incomunicadas a miles de personas.
Por Juan Carlos Tizziani
desde Santa Fe
"Todo lo que no se hace se paga". La frase suena a resignación y bronca entre los testigos de una decisión que el gobernador Jorge Obeid tomó en soledad a principios de 1996, cuando tachó del programa de protección contra las inundación --heredado de su antecesor-- obras claves que hubieran mitigado esta catástrofe del '98: los tramos 3 y 4 de los Bajos Submeridionales, el anillo defensivo de Gato Colorado y un nuevo sistema de puentes sobre arroyo Leyes, entre otras. Esas tres obras no se hicieron y hoy se sufren las consecuencias: los Bajos se han convertido en un mar del infierno de más de 200 kilómetros, alimentado por las aguas que bajan del Chaco; Gato Colorado está sitiado, sin defensas, a merced de los chaqueños que rompen el terraplén sobre el paralelo 28; y los temblores del puente sobre el Leyes dejó incomunicadas a miles de personas en la zona costera santafesina, tanto que para llegar seguro a Santa Javier hay que dar un rodeo por Reconquista.
"Ya hemos gastado mucho en los inundados... Ahora vamos a privilegiar las obras en donde hay mayor concentración urbana...", fue la expresión que esgrimió Obeid para trastrocar el plan que le dejó el gobierno de Carlos Reutemann, incluso con un financiamiento de 80 millones de dólares acordado por el Banco Mundial. Pero que el gobernador convirtió en otra cosa, tan diferente que, por ejemplo, incluyó un desagüe pluvial en la avenida Peñaloza de Santa Fe, a un costo de 2 millones 160 mil dólares, a pesar de que este emprendimiento ya estaba solventado con fondos nacionales del conurbano. ¿Se entiende el criterio? El lápiz rojo tachó la defensa de los desesperados habitantes de Gato Colorado y anotó un desagüe urbano en la capital de la provincia que costaba casi cinco veces más caro.
No sólo existen testigos de aquellas tachaduras de Obeid --los mismos que permitieron a Rosario/12 reconstruir esa trama secreta--, sino también un documento oficial con la confesión: "A pedido de la Superioridad se efectuó un análisis que permita una reducción y actualización de las obras incluidas y en consecuencia se presenta una reformulación del plan de obras a ejecutar con financiamiento del Banco Mundial". El párrafo consta en el folio 14 del expediente 0301-0037993-3 del Ministerio de Hacienda (Subunidad Provincial de Coordinación para la Emergencia) bajo un membrete que lo dice todo: "Provincia de Santa Fe, Poder Ejecutivo".
La historia comenzó cuando Reutemann abandonaba el poder, a fines del 95. Y entre otras cosas, le dejó a Obeid lo que entonces se llamó el Préstamo de Protección contra Inundaciones (PPI), un ambicioso proyecto de obras hídricas por 80 millones de dólares financiado por el Banco Mundial. Se trataba de la "continuación y complemento indispensable del Programa para Rehabilitación de la Emergencia de las Inundaciones (PREI) y tiene como objetivo fundamental dar solución definitiva a problemas recurrentes de inundaciones", expresa el dossier al que tuvo acceso exclusivo este diario. En síntesis, el PREI --también por 70 millones de pesos-- permitió al gobierno de Reutemann superar las secuelas de las inundaciones del 92 y construir las obras de coyuntura: las defensas de los distritos cercanos a Santa Fe (Alto Verde, El Pozo, Rincón, Colastiné, la costanera, la ruta 1) que hoy están evitando una catástrofe en la capital. El PPI estaba destinado a obras de estructura, tanto que incluyó las más importantes cuencas hídricas de la provincia, las del sur y las del norte, con el argumento de superar una desinversión de medio siglo. Figuraban allí decenas obras, pero dos son trascendentes:
1) La línea Paraná de los Bajos Submeridionales que incluía los tramos 3 y 4, y la interconección de los tramos 2 y 4. La gestión de Reutemann ya había construido 22 obras en los Bajos, entre ellas los tramos 1 y 2, así que a Obeid le tocaba completar el saneamiento.
2) La canalización y obras de arte en el sistema Setúbal a un costo de 11 millones 679 mil pesos. El puente sobre el arroyo Leyes costaba 7 millones 483 mil pesos y el puente sobre el arroyo Potrero 4 millones 195 mil. El proyecto estaba tan ajustado que incluso ya tenía fecha para la licitación: 16 de mayo de 1997.
A principios del 96, Obeid ya había decidido modificar el Programa de Protección contra las Inundaciones (PPI) que había heredado de antecesor, pero se tomó largos meses en el reciclaje. La demora era tanta que la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados -presidida por el ex ministro reutemista Juan Carlos Mercier- citó al ministro de Obras Públicas, Juan José Morín, para pedirle explicaciones. Corría agosto. Y allí Morín se despachó: "Obeid no quiere hacer el plan. Y si ustedes me lo piden nos van hacer un favor...", dijo el funcionario, ante los legisladores de todas las bancadas. La postura de Morín se entiende, él había sido director de Hidráulica en el gobierno de Reutemann, así que tuvo activa participación en el PPI. "Juan, defendé el plan, defendelo...", le recomendó Mercier.
El 3 de octubre del 96, la comisión hizo lo que el ministro quería. Todos los diputados - Mercier, el reutemista José Chipoloni, la obeidista Ana María Gurdulich, los radicales Armando Arcando, Sara Pinasco y Pedro Drincovich y la demoprogresista Zulema Merino- le reclamaron al gobernador que envíe el proyecto a la Legislatura, a raíz de la importancia de las obras y la "urgencia con que se demandan" en la provincia. La minuta de comunicación fue aprobada por la Cámara pocos días después, el 17 de octubre -fecha significante si la hay-, sobre tablas y por unanimidad.
Sin embargo, Obeid no sólo desoyó el pedido de Diputados, sino que consumió el resto del '96 con más cabildeos. Ya había decidido modificar el PPI, sacar las obras que -según él no eran tan importantes- y privilegiar las que favorecían a "mayor concentraciones urbanas". La postura era irreductible.
Enterados de esto, los diputados de la comisión de Obras Públicas volvieron a reclamar, pero ya no por todo el plan sino por una obra que consideraban vital: el puente sobre el arroyo Leyes. Además de Mercier, Pinasco, Arcando, Drincovich, Merino, y Juan Venesia, el despacho incluyó una firma sugestiva, la de Rubén Mehauod, uno de los más fieles amigos de Obeid. "La Cámara de Diputados solicita al Poder Ejecutivo que incluya dentro del PPI o en otro crédito de origen nacional o internacional el estudio del proyecto técnico y posterior realización de la obra del puente sobre el arroyo Leyes, en la ruta provincial número 1", decía el pedido redactado el 3 de julio de 1997 y aprobado poco después por la Cámara. Se habían consumido ya 18 meses de oídos sordos.
Finalmente, Obeid remitió el 10 de julio del 97, el Programa de Protección contra las Inundaciones (PPI). No ingresó por Diputados, sino por el Senado, y ya no era el mismo plan que había diseñado el gobierno de Reutemann: las obras de los Bajos Submeridionales (tramos 3 y 4), el anillo defensivo de Gato Colorado, y los puentes sobre los arroyo Leyes y Potrero, se habían esfumado. No figuraban.
El PPI reciclado por el gobernador incluía en cambio obras en lugares "de mayor concentración urbana", según la consigna dicha por lo bajo. Donde hay más gente, hay más votos. Y así fue como se anotó un desagüe en la avenida Peñaloza (primera etapa) de la ciudad de Santa Fe (2 millones 160 mil pesos), una protección contra inundaciones en Santo Tomé (800 mil pesos), desagües en Granadero Baigorria (349 mil pesos), Venado Tuerto (858.500 pesos), Casilda (750.100), Salto Grande, Cañada de Gómez, Villa Eloisa, Tortugas, Chañar Ladeado, Beravebú , Godeken (todos en el sur a un costo de 6 millones 585.400 pesos).
Las modificaciones al programa saltan a la vista con sólo comparar los dos programas, el original y el reciclado. En el gobierno anterior se había optado por las obras de los Bajos, Gato Colorado y evitar que la zona costera santafesina quede aislada con un eventual colapso del puente del arroyo Leyes. Obeid privilegió los desagües urbanos en poblaciones del sur. En el resto del PPI casi no hay diferencias, al punto que ambos planes incluyen las canales de Rafaela y Sunchales.
Cuando el tema se discutió en la Legislatura, sólo Mercier y los diputados capitalinos, pudieron incluir el puente sobre el Leyes que Obeid había tachado, aun cuando en el gobierno se sabe desde el '92 que la estructura se puede desplomar con una crecida como la de estos días. No pudieron sumar, en cambio, el puente sobre el arroyo Potrero que forma parte del mismo sistema de la Setúbal, pero en el tironeo sacaron la mitad. Otros perdieron. Total, ya se sabe que el norte queda en el fin del mundo, y ahí siempre se aprende a esperar.