PROPUESTA DE REFORMA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Un anteproyecto que presentará Dunda en el Senado, propone que la policía dependa del intendente, crear una tasa de seguridad para incorporar más efectivos y permitirles votar en los comicios.
La municipalización de la policía en las ciudades de Rosario y Santa Fe, el reconocimiento del derecho de los uniformados a votar y agruparse en colegios profesionales son algunas de las propuestas de un anteproyecto de reforma de la fuerza de seguridad provincial elaborada por la Defensoría del Pueblo. La iniciativa será entregada el próximo lunes por Rubén Dudan al presidente del Senado, Gualberto Venesia, con el objetivo de que se transforme en ley. Sin relación directa con la reforma policial que puso en marcha el gobernador Jorge Obeid, coincide en algunos aspectos, como la necesidad de contar con título terciario o universitario para poder acceder a un puesto de oficial superior.
El anteproyecto fue elaborado por una comisión ad hoc creada por Dunda, que integraron los abogados Gladys Silvia López, Gustavo Feldman, Juan Manuel Villarroel, Alejandro Sinópoli y el economista Roberto Fatal Jaef. También hicieron su aporte el ex jefe de policía de la provincia, comisario general (R) Mariano Savia y el ex jefe de la escuela de policía y director de Tránsito de Rosario en la intendente de Héctor Cavallero, comisario general (R) Jorge Muñoz. Estos son los principales aspectos del proyecto de reforma policial:
* Municipalización. Se propone delegar en los municipios de Rosario y Santa Fe la gestión de la seguridad de contacto directo con la ciudadanía, reservándole a la provincia la seguridad en el resto del territorio. La Municipalidad, justifica la Defensoría, "aportará fuerza con sus equipos técnicos y científicos, con información que suministra la comunidad, apoyo económico y también el respaldo político que implica, que quien toma las decisiones en el servicio de seguridad, se la primera autoridad de la ciudad", es decir el intendente.
El núcleo del proyecto "no implica dividir a la policía, sino agregarle la gestión municipal para mejorar su rendimiento en las ciudades donde más se percibe el reclamo de la seguridad, concientizando a la fuerza de su pertenencia a la sociedad". El municipio es básicamente un ente prestador de servicios y actualmente la seguridad es un servicio esencial demandado por los ciudadanos. "No puede ser que al intendente se le presente un problema de seguridad en un barrio, y para solucionarlo tenga que hablar con el gobernador. Se plantea una cuestión de inmediatez y cercanía que hace al fondo de esta propuesta", señaló la Defensoría.
Si bien los intendentes tomarán las decisiones respecto a la policía a su cargo, cada unidad seguirá teniendo dependencia administrativa del gobierno provincia. También correrá por cuenta de la provincia la lucha contra el delito organizado, la dirección y estrategias generales, como así también las relaciones con las policías de toda la provincia, de otras provincias, Policía Federal y otras fuerzas de seguridad.
* Jefe. Al ser sus superiores ejecutivos, los intendentes de Rosario y Santa Fe tendrán la facultad de designar al jefe policial de la ciudad (un comisario general del cuerpo de seguridad). Técnicamente, el intendente nominará al titular de su regional, elevará la propuesta al jefe provincial y el Poder Ejecutivo se encargará de promulgar la designación.
* Secretario. Así como existe un secretario de Salud Pública o de Gobierno, el intendente deberá designar un secretario de Seguridad, que deberá refrendar todos los actos del jefe comunal sobre el tema. Al estilo de los "comisionados" de la policía estadounidense.
* Tasa. Las municipalidades podrán crear una tasa de seguridad destinada exclusivamente al aumento de plazas de personal policial, a la compra de equipos, uniformes, elementos de investigación y mejoramiento académico. No se busca incrementar la carga sobre los contribuyentes, sino reemplazar lo que actualmente se gasta en adicionales policiales o seguridad privada en los barrios. "Es blanquear una situación de hecho", se justificó.
* Título. Quienes accedan a las jerarquías de oficiales superiores �de comisario principal a comisario inspector� deberán tener título terciario y/o universitario.
* Voto. Se propone la derogación del artículo de la ley electoral de la provincia que prohíbe votar al personal policial, bomberos y guardiacárceles. "Aquellos que deben ser guardianes del orden �justifica la iniciativa�, deben tener activa participación en la elección de las autoridades constituidas, pues si se forma parte de uno de los poderes del Estado, se habrá de estar interesado en sentirse representado por las autoridades electas".
* Patrimonio. Desde un cadete hasta un comisario general deberán presentar una declaración jurada de sus bienes (y de su cónyuge si lo tuviera) a los efectos de "otorgar mayor transparencia a la situación patrimonial del empleado policial". La declaración quedará depositada en la oficina de personal de la repartición con copia en la Escribanía Mayor de Gobierno.
* Colegio. El personal policial podrá agruparse en Colegios de defensa de sus derechos e intereses, uno de personal superior y otro de personal subalterno. Se pone como ejemplo la sindicalización policial en Estados Unidos y España. Se cree que con los colegios "los policías aprenderán a defender sus derechos y contribuirían a la democratización de los órganos de seguridad".