El gobierno municipal reglamentará sin cambios la ordenanza que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en las estaciones de servicio. Los propietarios presentarán acciones de amparo.
Las estaciones de servicio tendrán 90 días de plazo para bajar las bebidas alcohólicas de las estanterías. El secretario de Gobierno municipal Antonio Bonfatti confirmó ayer que el Departamento Ejecutivo reglamentará sin observaciones la ordenanza recientemente sancionada por el Concejo que prohíbe la exhibición y venta de bebidas alcohólicas en los minishop. A partir de hoy, esos comercios tienen un plazo de tres meses para adecuarse a la nueva legislación, tiempo más que suficiente para presentar acciones de amparo �se estima que hoy se efectuarán las primeras en Tribunales� con el objetivo de mantener botellas y latitas a disposición de sus clientes. "La asociación entre nafta y alcohol es una mezcla explosiva", argumentó el secretario de Gobierno, aunque después se mostró en contra de implantar la "ley seca" en la ciudad.
El gobierno de la ciudad no perdió tiempo en dar vía libre a la ordenanza votada unánimemente en el Palacio Vasallo, aunque resulta insólito el prolongado período otorgado a las estaciones de servicio para que se adapten a la nueva normativa, cuando solo se trata de sacar de los estantes y heladeras las bebidas alcohólicas. Recién dentro de 90 días entrarán en vigencia las penalidades previstas en la norma ante cualquier contravención de la misma.
Bonfatti aseguró que la decisión fue producto de un análisis donde, junto a los argumentos expuestos por el Concejo, se tomaron en cuenta antecedentes de experiencias legislativas análogas en otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba. "No existe ningún lugar de Europa o Estados Unidos donde se autorice a vender bebidas alcohólicas en estaciones de servicio", agregó el funcionario.
El principal argumento fue que "la asociación entre nafta y alcohol es una mezcla explosiva" y citó estudios médicos respecto a que un mínimo consumo de bebida influye en los reflejos de los conductores, particularmente en la reacción al frenado del vehículo. De todos modos aclaró que norma no puede ser asimilada en ningún aspecto como antecedente para implantar una "ley seca", por cuanto sólo establece condiciones para le venta de bebidas alcohólicas, vedando su expendio en los lugares donde potenciales consumidores son conductores a bordo de vehículos. En ese sentido, se mostró convencido que el problema del consumo de alcohol, principalmente entre los jóvenes, es una cuestión más amplia que merece ser abordada con herramientas educativas. "De acuerdo a estudios �aseguró�, el 60 por ciento de los adolescentes toma alcohol. Estas son cuestiones sociológicas, muy profundas, y en la solución tienen que intervenir muchos estamentos".
El secretario de Gobierno descartó que prosperen las medidas cautelares que prevén presentar los propietarios de estaciones de servicio porque la municipalidad "así como se da habilitaciones, también las puede quitar, esta es una norma que le compete al Departamento Ejecutivo. Las estaciones están habilitadas para vender nafta como actividad principal, y como secundaria estos minimercados. Entendemos que el alcohol es uno de los 300 rubros que tienen, y nos parece que es explosivo esto de asociar alcohol con el expendio de nafta, en donde está tan a la vista la posibilidad de que al cargar y seguir conduciendo, se pueda acceder al alcohol".
El titular de la cámara de expendedores de nafta, Cataldo Costanza,
aseguró que el sector tenía "esperanzas que una medida de este tipo saliera del consenso y no siendo discriminados como en este momento. La entidad no va a tomar una resolución, eso lo podrán hacer las estaciones con recursos de amparo individuales o como quiera cada uno". El empresario aseguró que "nosotros no hacíamos alarde de que teníamos bebidas dentro de las estaciones de servicio. Solo la venía a buscar el vecino por una comodidad y ahora le han prohibido la posibilidad de comprarla donde crea mejor o más cómodo". Otro argumento al que apelarán los propietarios es que el alcohol es un producto de venta libre y la prohibición altera el principio de igualdad ante la ley, poniéndolos en desventaja respecto a los quioscos o almacenes.