AMENAZAS Y ATENTADO A 14 AñOS DEL ROBO A LOS TRIBUNALES
La bomba a Hernández Larguía coincide con sumarios abiertos la UNR a personajes acusados de haber particpado en la represión ilegal. Sin embargo no se registran avances en la investigación.
Por Pablo Feldman
La bomba en la casa de una militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos con la que "la pesada" recordó uno de sus mayores golpes en la democracia —el robo a tribunales hace 14 años— es la culminación de una serie de episodios que tienen un elemento común: la Universidad Nacional de Rosario, que en menos de 40 días fue el escenario de la revisión y rectificación de un pasado de impunidad que se proyecta sobre el presente. El balazo que recibió el ex presidente de la FUR, Lucio Chendo, va más allá de el hecho que el mismo calificó de "accidental", un par de meses antes la misma persona había desenfundado su 9 milímetros para ponérsela en el cuello a un consejero estudiantil. La denuncia formulada por el actual Presidente de la FUR Manuel Terradez —que mantuvo en reserva el nombre del estudiante "por su seguridad"— coincide con los sumarios que se están sustanciando a quienes estuvieron comprometidos con la represión ilegal. En contextos diferentes germinó esa idea de impunidad que al menos la Universidad parece no dispuesta a seguir consintiendo. Lamentablemente, fuera de allí, las claudicaciones del poder político y la falta de decisión para el esclarecimiento de los hechos se mezclan con las limitaciones propias de toda investigación: si a 14 años del robo a tribunales no se detuvo a quienes fueron, mal se puede esperar que a 4 días de la bomba en lo de Hernández Larguía se encuentre a los responsables.
Lo que sigue es una cronología de hechos entorno a la UNR que en su momento fueron publicados por Rosario/12 y que sin esfuerzo pueden ser relacionados:
* El 1§ de septiembre el Concejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario decidió iniciar un sumario administrativo a Ana (a) Anita Christeler. Según su legajo de la UNR goza de licencia desde el 28 de agosto, tres días antes de la sustanciación del sumario.
* El 11 de septiembre, el Concejo Directivo de la Facultad de Medicina
por unanimidad suspende en su cargo e inicia juicio académico a Jorge Walter Pérez Blanco, acusado de haber colaborado en tareas de inteligencia en la represión ilegal durante la última dictadura.
* El 29 de septiembre, Lucio Chendo, ex presidente de la Federación Universitaria de Rosario, recibió un balazo en el abdomen que casi lo mata, en lo que sigue siendo "un confuso episodio". Jorge Altamiranda, no-docente afectado a tareas de seguridad es detenido y luego puesto en libertad. La UNR le inicia un sumario y lo separa del cargo.
* El 2 de octubre, Sergio Perrune, abogado responsable de los sumarios en la UNR encuentra al entrar a su despacho "un colchón de vidrios, hecho con botellas rotas".
* El 6 de octubre, en la última reunión del Consejo Superior de la UNR, el Presidente de la Federación Universitaria de Rosario, Manuel Terradez denunció que en la Asamblea Universitaria que se desarrolló el 25 de junio en la Facultad de Ingeniería, un custodio "le puso la pistola en el cuello a un consejero estudiantil". Aunque Terradez no lo hizo público, el no docente que sacó el arma fue Altamiranda según el estudiante amenazado que por seguridad prefiere no darse a conocer.
* La madrugada del jueves pasado, una bomba estalló en el portón de entrada de la casa de Mariana Larguía, dirigente de la APDH. Fue a la misma hora en que 14 años atrás un grupo de tareas entró al palacio de justicia rosarino y se llevó los archivos de la CONADEP.
LA HISTORIA DE SIEMPRE (subtítulo)
Mariana Hernández Larguía aportó información para la serie de notas publicadas por Rosario/12 y que derivaron en los sumarios universitarios. Un par de días antes del estallido de la bomba en su casa había recibido amenazas telefónicas, y hace poco menos de un año radicó una denuncia judicial por amenazas que había recibido "cara a cara" de Walter Pagano. Que se sepa, el juez que recibió el testimonio nunca llamó a Pagano para siquiera saber si el hecho había existido. En el caso de la bomba, desde el jueves y hasta hoy, el Juez Prunotto Laborde recorre las comisarías de la zona y trata de hallar indicios para esclarecer el atentado. No hubo procedimientos, ni avances. Tampoco la policía tiene más que precisIones acerca del explosivo —que no es de venta sin autorización ni se consigue la ciudad de Rosario— y algunas sospechas que no da a conocer porque podría afectar a gente que estuvo o está relacionada con la fuerza. El Ministro Roberto Rosúa se comprometió a "brindar el apoyo a quienes están investigando, más allá de los discursos y de los buenos deseos". Buen discurso y buen deseo.
PARECE QUE FUE AYER (subtítulo)
En un reportaje concedido a Canal 3 de Rosario en 1990 y que se reprodujo nuevamente la semana pasada, el ex-presidente Arturo Frondizi dijo saber "el número de la camioneta con la que se trasladaron los archivos robados en tribunales" y advirtió al gobierno que a su vez lo amenazaba con llevarlo a tribunales que "si me querellan, voy a dar el nombre del que manejaba la camioneta, que no lo digo ahora porque es amigo mío". La mutación ideológica de quien fuera uno de los más lúcidos intelectuales de la política argentina no es suficiente para explicar aquel episodio. Frondizi no estaba seguramente en su mejor momento pero tampoco era para que cayera en saco roto aquella declaración acerca de uno de los hechos más bochornosos de los albores de la democracia. Frondizi ya no está para ir a preguntarle. Pero si él sabía resulta difícil creer que los encargados de la "seguridad y la inteligencia" no conservaran el dato. Después del robo a tribunales, hubo una marcha a la que asistieron dirigentes políticos, sociales, gremiales y fuerzas vivas de la ciudad. la encabezó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Para el próximo jueves se convocó a otra marcha que partirá a las 18 desde el Concejo Municipal para llegar hasta la Jefatura de Policía. "Los tiempos han cambiado, las movilizaciones multitudinarias y los actos públicos dejaron su lugar a otro tipo de manifestaciones", abre el paraguas un dirigente de los organismos de derechos humanos. Pero una bomba sigue siendo una bomba, y si eso no se comprende por la grieta de la indiferencia es probable que se cuelen personajes que inclusive llegan a ser jueces de la democracia como Víctor Brusa, o se ignoren reiterados ataques a periodistas como el sufrido hace una semana por Gary Vila Ortiz, y se termine aceptando a "la pesada" como algo inevitable de la vida, y de la muerte.