Vuelta al mundo

EL SALVADOR

La doble cárcel de las mujeres por abortar

“Estas mujeres sufren dos cárceles. La primera es este penal de hormigón en el que hace un calor pegajoso. Aquí cumplen 30 años de prisión en un país, El Salvador, que considera que quienes abortan o pierden a sus hijos por complicaciones obstétricas son homicidas. En un país con una de las legislaciones más restrictivas del mundo contra el aborto, su segunda cárcel es el estigma que las lleva a no contar el motivo por el que están aquí encerradas. Por eso algunas de ellas ni siquiera se conocen entre sí. Las demás las llaman mataniños”, escribió la periodista Pilar Álvarez, en El País, en una crónica sobre las mujeres que están presas por abortar. A partir de 1988 en El Salvador se prohibió el aborto en todos los casos, sin ninguna excepción por causales de riesgo de vida, salud o violación. Las penas van de 30 a 50 años de prisión. 


MÉXICO

Acusan a Carolina Herrera 

La modista venezolana Carolina Herrera es un ícono de la escena fashion mundial. La ultima colección de ella y Wes Gordon se llama “Resort 2020” y dice que se inspira en la “alegría de vivir”. Pero el gobierno mexicano no está de acuerdo y acusó a la diseñadora de apropiación cultural al haber incorporado en sus prendas diseños y elementos identitarios de los pueblos originarios. La secretaria de Cultura del país, Alejandra Frausto, envió una carta de reclamo y solicitó que aclare si las comunidades se van a beneficiar de las ventas de la colección. “(Uno de los vestidos tiene) el bordado (que) proviene de la comunidad de Tenango de Doria (Hidalgo); en estos bordados se encuentra la historia misma de la comunidad y cada elemento tiene un significado personal, familiar y comunitario”, subrayó. 


CHILE

Piden suspender consulta indígena

La Asociación de Municipios con Alcalde Mapuche (Amcam) le pidió al gobierno que suspenda la consulta indígena y genere un acuerdo real. En las comunidades mapuches la idea de una consulta no tiene quórum. El rechazo es una forma de frenar la propuesta de modificación legal de la enajenación de tierras indígenas y su arrendamiento hasta por veinticinco años. Además en las comunidades también se oponen a la creación de estatus de indígenas de diferentes categorías porque podría generar divisiones incluso al interior las familias.

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