Los dirigentes catalanes acusados de sedición enfrentan penas de hasta 25 años
Culminó el juicio penal a los independentistas
La Justicia terminó haciéndose cargo de un problema que la dirigencia no supo resolver, y que en los últimos años dominó la política española.
Junqueras (der.) toma la palabra en la última sesión del juicio por rebelión.Junqueras (der.) toma la palabra en la última sesión del juicio por rebelión.Junqueras (der.) toma la palabra en la última sesión del juicio por rebelión.Junqueras (der.) toma la palabra en la última sesión del juicio por rebelión.Junqueras (der.) toma la palabra en la última sesión del juicio por rebelión.
Junqueras (der.) toma la palabra en la última sesión del juicio por rebelión. 

Desde Madrid

Tras 52 sesiones, el juicio a los líderes independentistas de Cataluña que se inició el 12 de febrero llegó a su fin, y la sentencia se conocerá al finalizar el verano europeo. Los doce dirigentes catalanes acusados por la realización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, podrían ser condenados por los cargos de rebelión, sedición, y/o malversación de fondos, que suponen penas de hasta 25 años de cárcel.

En uno de los conflictos más trascendentales de la historia reciente de España, la Justicia del país terminó haciéndose cargo de un problema que la dirigencia no supo resolver, y que en los últimos años dominó la política española, al punto de motivar el llamado a elecciones generales reciente, y el crecimiento de la ultraderecha, con la consiguiente radicalización de los partidos políticos de derecha. 

Durante su alegato final, los acusados insistieron en que el conflicto catalán debería haberse resuelto en el campo de la política, y no de la Justicia. Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y principal acusado, utilizó sus últimas palabras para afirmar que “lo mejor para Cataluña, España, Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido”.

Sobre su actuación en la organización del referéndum, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, y recientemente elegido diputado del Parlamento europeo, señaló que “votar o defender la república desde un Parlamento no puede constituir un delito”, y que “el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales jamás debería ser un delito”.

El ex consejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva afirmó que “pase lo que pase”, seguirían con “la mano tendida”, y señaló que en el banquillo no estaban sentadas 12 personas, sino más de 2 millones, en referencia a la cantidad de personas que participaron del referéndum aquel 1 de octubre de 2017, al margen de cuál fuera su elección, si deseaban o no que Cataluña se constituyera en un Estado independiente en forma de república. 

Con un discurso más reivindicativo, el presidente de Òmnium Cultural (una organización social soberanista), Jordi Cuixart, afirmó que no existía ningún tipo de arrepentimiento por lo hecho, y advirtió que “ninguna sentencia hará que los catalanes dejen de luchar pacíficamente por su derecho a la autodeterminación”.

En líneas generales, los discursos de los acusados apuntaron a defender su actuación como parte del derecho de expresar una voluntad política, en este caso la de la independencia de Cataluña. Su alegato a los jueces que darán la sentencia fue para que no agravaran aún más el conflicto. Según su posición, los tribunales no podrán resolver ni el reclamo de una buena parte de la sociedad catalana, ni la búsqueda de un referéndum pactado tal como quisieran los líderes soberanistas. 

Cuando la Fiscalía del Estado, algunos días atrás, desarrolló su acusación final, resultó más dura y contundente que al comienzo de juicio, cuando todavía no habían declarado los 500 testigos que acudieron al proceso, ni se habían escuchado los testimonios de los doce acusados. El Ministerio Público calificó de “golpe de Estado” el referéndum del 1º de octubre y la posterior (fugaz) declaración unilateral de independencia anunciada por el expresidente Carles Puigdemont, y consideró que los acusados habían cometido el delito de rebelión por valerse de la “violencia suficiente” y “necesaria” para llevar a cabo sus objetivos. Las penas reclamadas para nueve de los doce acusados no varían de la acusación inicial, 16 a 25 años.

A pesar del tacto y el profesionalismo con que el juez Manuel Marchena condujo el juicio, nadie en España espera una sentencia favorable a los líderes independentistas, al contrario. Previendo lo peor, Puigdemont tuiteó tras el alegato final de los acusados, que “la sentencia justa solo puede ser absolutoria”. El actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, pidió la liberación de todos “los presos políticos”, señaló que “España está violando el derecho internacional”, y que lo denunciarían en Europa.

Entre los líderes de la oposición, el discurso fue de agradecimiento a los que jueces y fiscales del juicio. Albert Rivera, jefe de Ciudadanos, destacó a “los servidores públicos que han defendido el Estado de derecho frente a quienes intentaron destruirlo”. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, aprovechó su comentario para instar a Pedro Sánchez a rechazar la autorización de la Abogacía del Estado para Junqueras recoja su acta de europarlamentario, que le otorgaría inmunidad una vez que se conforme la Eurocámara.

De parte del gobierno español no se realizaron declaraciones. En los últimos meses, Pedro Sánchez ha sido el centro de presiones, desde los sectores progresistas que solicitan discutir la posibilidad de un indulto o un cambio en el Código Penal que rebaje las penas de los acusados, y desde la derecha, que advierten el advenimiento del diluvio universal si el mandatario socialista se atreve a tomar una medida en la línea de posibles amnistías.

Por otra parte, no le hace falta mencionar el juicio a los líderes independentistas para abordar la cuestión catalana. En la jornada de ayer, el Ministro de Fomento, José Luis Abalos, sugirió que, de cara a la investidura de Sánchez como nuevo presidente del gobierno, no descartarían el apoyo o la abstención de cualquier diputado, incluidos los que pertenecen a las fuerzas soberanista de Cataluña o el País Vasco. Una decisión que, para las fuerzas de derechas, puede suponer traicionar la patria o intentar destruir el país.

El grado de crispación con que se debate el rol que pueden cumplir las fuerzas soberanistas en la política española, no es otro que el que ha dominado el conflicto catalán durante los últimos años, y para el cual se terminó acudiendo a los tribunales de la justicia española. Un atajo que, a juzgar por la vigente ausencia de consensos en torno cómo abordar el reclamo catalán, no parece ser suficiente para resolver el fondo de la cuestión.

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