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QUIENES Y POR QUE PARTICIPARON EN LA GRAN TRANSACCION DE LOS DNI
Un negocio con diferentes identidades

Estuvo Yabrán. Estuvo Hugo Franco. También Franco Macri, que cambió en la mitad del proceso. Y Rodolfo Barra, asesorando a la triunfadora Siemens. El contrato de los nuevos DNI, uno de los últimos grandes negocios de la era Menem, sus idas y vueltas, sus peleas, forman una trama que incluyó a otros políticos y empresarios y hasta al embajador de Israel. Los detalles.

Franco, subsecretario de Interior y jefe de Migraciones.
Los que quedaron afuera lo ven cerca de Siemens.


Por Miguel Bonasso

t.gif (862 bytes) La historia secreta del Proyecto DNI, que implicó una alianza entre Alfredo Yabrán y Francisco Macri y acabó en manos de Siemens, como producto de la vertiginosa caída del Cartero (a raíz del caso Cabezas y de la retirada estratégica del poderoso Macri, que astutamente cambió de caballo a mitad del río), es una de las páginas más oscuras del decenio menemista. Cobra actualidad a raíz de las inminentes negociaciones entre el gobierno de Fernando de la Rúa y la empresa germana para poner en marcha un contrato que se firmó en noviembre de 1998 pero aún no entra en ejecución.
Tres empresarios, un dirigente justicialista, un político vinculado al actual ministro del Interior Federico Storani y un diplomático aceptaron relatarla a este cronista, a cambio de que sus identidades no fueran divulgadas.
La investigación tuvo acceso a documentos nunca antes publicados, como la impugnación que realizó ante el ministro del Interior Carlos Corach la empresa informática israelí Malam Systems Ltd., que califica de “arbitraria e ilegítima” la preadjudicación a Siemens. El escrito (ver aparte) cuestiona duramente al ex director de Migraciones, Hugo Franco, y al por entonces director del Registro Nacional de las Personas, Eduardo D’Amico. Las seis versiones coinciden en un punto fundamental: Siemens ganó pese a las mejores calificaciones obtenidas por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Itron S.A., SHL Systemhouse, TRW Systems Ovearseas Inc. y Malam Systems Ltd. Tres de las fuentes coincidieron en un dato sugestivo: Macri no cuestionó la concesión que perjudicaba a una de sus empresas y vendió Itron a Siemens a un precio que sería muy superior a su valor real. Esta venta, a su vez, habría motivado el relevo del CEO de Siemens en Argentina, Luis Rodolfo Schirado, que ahora se dedica a las actividades agropecuarias.

Este puso un huevo, éste lo cocinó...

La idea de imprimir en el país un DNI “inviolable” la habrían tenido originalmente los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, dueños de Ciccone Calcográfica, la mayor imprenta privada de valores fiduciarios del país, a raíz de su éxito en la impresión de pasaportes y cédulas para la Policía Federal. Pero el negocio se les terminaría yendo de las manos porque carecían de las herramientas políticas para llevarlo a cabo y quedaron atrapados en el juego de los Hermanos Mayores. Uno era Alfredo Yabrán, el hombre que los contactó con el Banco Della Svizzera Italiana para el famoso crédito de 25 millones de dólares y piloteó la Operación DNI hasta que los ataques de Domingo Cavallo y el asesinato de José Luis Cabezas lo obligaron a ir cediendo posiciones.
A nivel institucional, el Proyecto DNI nació con el decreto 1310 del primero de agosto de 1994, que firmó el entonces ministro del Interior y actual gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, y el presidente Carlos Menem. El decreto establece el llamado a licitación para “la contratación de un servicio integral para la implantación y operación de un sistema de control migratorio y de identificación de las personas”. El “control migratorio”, tendiente a frenar el ingreso de trabajadores de los países limítrofes, aparece como una de las razones fundamentales de la licitación. Sin embargo, más allá del tufillo xenófobo que se desprende de este considerando, podían existir otras motivaciones.
Según un familiar de Alfredo Yabrán, Ruckauf habría tenido buenas relaciones con El Cartero a comienzos del menemismo. ¿Las mantenía en agosto de 1994? En esas fechas, Hugo Franco era subsecretario de Seguridad Interior pero pronto pasaría a la Dirección Nacional de Migraciones, que jugaría un papel decisivo en la futura licitación. También Franco había tejido estrechas relaciones con el Cartero, hasta que se rompieron y el auto del funcionario fue ametrallado por desconocidos. Cuando comenzó a delinearse lo que sería el grupo de empresas asociadas que se presentarían a la licitación, quedó claro que Ciccone imprimiría los documentos y OCA, la empresa de correos que Yabrán no reconocía como propia, los llevaría a domicilio. Faltaba un soporte informático y los Ciccone acudieron a Malam Systems Ltd., una empresa israelí de fuerte participación estatal que se ocupa precisamente de documentos de identidad y controles fronterizos.
El hombre de Malam en la Argentina era el ingeniero Israel Lotersztain, que representa además a otras empresas israelíes. Por esa razón, Lotersztain tiene frecuentes contactos con el embajador de Israel Itzhak Avirán, a quien acudió cuando la poltrona de Interior ya no la ocupaba Ruckauf sino Carlos Vladimiro Corach.
Para darle una mano a la empresa israelí, Avirán se entrevistó con Corach y hablaron del tema de los DNI. Algunos días más tarde, el embajador se comunicó con Lotersztain y le dijo simplemente que alguien iría a verlo. Para su sorpresa, Lotersztain descubrió, días más tarde, que el misterioso personaje era un viejo conocido, Alberto Isaac Chinkies, de añejas vinculaciones con Alfredo Yabrán, a quien había conocido cuando ambos eran vendedores de Bourroughs y a quien había llevado consigo cuando el Cartero se hizo cargo de OCASA. Chinkies le contó que había estado varios años alejado “de Alfredo”, pero que ahora éste lo había llamado y le había pedido que se ocupara personalmente del tema DNI. Con similar relato –que estaba alejado de Alfredo– Chinkies se había presentado ante los Ciccone para ofrecerse a realizar negocios con bancos que, según los impresores, no dieron resultado. Algunas fuentes sostienen, en cambio, que Yabrán lo infiltró en Ciccone Calcográfica, para vigilar la marcha de la empresa a la que había recomendado para el préstamo de los 25 millones.
Mientras tanto, Ciccone y Malam habían llegado a una conclusión elemental: la UTE (Unión Transitoria de Empresas) que debía presentarse a la licitación necesitaba una compañía fuerte que actuara como “integradora” de las demás. Ni Ciccone ni Malam disponían del software necesario para la compleja red de comunicaciones que suponía el proyecto. Y pensaron en EDS, la empresa norteamericana que fabricaba la “green card”.

El Cartero se alía con Macri

Pero Yabrán tenía otra idea: le parecía más conveniente un acuerdo con Francisco Macri para que la cabeza de la UTE fuera Itron, la integradora informática del Grupo Macri. EDS quedó a un lado y los Ciccone pasaron a un segundo plano: serían subcontratados por Itron para imprimir los DNI. Otro tanto pasaría con OCA, que se encargaría de llevarlos a domicilio. El grupo finalmente conformado por Itron S.A., Malam Systems Ltd., TRW Systems Overseas Inc. (para la informatización de las huellas digitales) y la canadiense SHL Systemhouse Inc., otra integradora. Este grupo debía competir con otras dos “uniones transitorias”, la que integraban Ivisa y TTI (que no tenía ninguna chance) y la que comandaba la empresa Siemens con socios menores, como la imprenta Boldt, que imprime los billetes de lotería de la provincia de Buenos Aires y cuenta, al parecer, con el respaldo del influyente Jorge Rossi, presidente de la Lotería Provincial en los gobiernos de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf.
Los informes técnicos y jurídicos iniciales le otorgaron el más alto puntaje a la UTE liderada por Itron y todo parecía andar sobre rieles, cuando empezaron las dificultades. Siemens tenía también amigos influyentes y empleados de lujo, como el abogado Rodolfo Barra, ex ministro de Justicia y actual Auditor General de la Nación. O el empresario Carlos Sergi, representante en Argentina de Printac, empresa que se dedica a procesar huellas digitales informatizadas, una de las sofisticadas exigencias del pliego licitatorio. Sergi era muy amigo del entonces presidente (CEO) de Siemens Argentina, Luis Rodolfo Schirado. Y también del director de Migraciones Hugo Franco quien, de acuerdo a lo quedice la impugnación de Malam, habría producido un “brusco cambio” en el expediente, “con la clara intención de privilegiar la situación de uno de los oferentes, Siemens S.A.”. Esa misma transformación fue sufrida por el entonces director del Registro nacional de las Personas (RENAPER), el teniente coronel retirado Eduardo D’Amico que en su juventud integró el grupo de los 33 Orientales, enfrentado con las políticas represivas de la dictadura militar. En el nuevo frente de tormenta se alzaba también el dictamen jurídico de Julio Comadira, un abogado que Menem incorporaría al Consejo de la Magistratura y en tiempos de la dictadura fue auditor de la Armada. Según el escrito de Malam, fue el único informe jurídico adverso a la propuesta de Itron.

El asesinato de Cabezas

En lo más álgido de la pelea entre Siemens e Itron, se produjo el asesinato de José Luis Cabezas y Yabrán comenzó a ingresar en un cono de sombra que lo llevaría al suicidio. Dos fuentes coinciden en señalar que se reunió con Macri y le anunció su propósito de retirarse, para no abrir otro frente. Una de las fuentes sostiene que Macri se alarmó y fue a verlo al presidente Menem, quien habría tenido alguna duda y le habría pedido que se lo pusiera por escrito. La fuente asegura que vio el papel de marras. El ministro Corach, por su parte, no quería adjudicar en medio de una tormenta política, donde proliferaban las denuncias contra el Proyecto DNI, como las que formularon ante la justicia los diputados frepasistas Juan Pablo Cafiero y Darío Alessandro. No es extraño, entonces, que la adjudicación sufriera 15 postergaciones.
En ese contexto –dicen todas las fuentes– Macri se reunió con Schirado, el CEO de Siemens, y comenzó a negociar la venta de Itron a la trasnacional alemana, que más tarde se concretaría por una cifra que -según los informantes– sería muy superior al valor real de la integradora. Algo extraño debió ocurrir con esa compra, porque, a fines de 1999, el señor Schirado fue relevado de su cargo. La cuestión es que, a la hora de protestar, los socios de Macri descubrieron que estaban solos y sospecharon que se había negociado con Siemens a sus espaldas. Malam depositó los 500 mil dólares que el pliego establecía como fianza para poder impugnar y presentó un explosivo escrito ante Corach. El ministro del Interior desestimó la impugnación porque la presentaba solamente una parte de la UTE y, en noviembre de ese año, firmó el polémico contrato que ahora busca renegociar el nuevo gobierno. Hay quien dice que el embajador Avirán se enojó mucho con Macri por su retirada. Al cabo, Malam es una empresa vinculada estratégicamente al estado de Israel.

 

 

Claves

  El negocio que ahora se propone rediscutir el Gobierno aseguraba DNI al precio record de 30 pesos, corazón de una operatoria que abarca la informatización de fronteras.
  El triunfo de Siemens dejó afuera a la firma israelí Malam.
  Otra que quedó afuera fue Itron, del grupo Macri, que no esbozó ninguna protesta y poco después de la licitación vendió la empresa a Siemens.
  Después de la venta, el director de la multinacional alemana abandonó el puesto para dedicarse a las actividades agropecuarias.
  En el apogeo de su relación con Menem, Yabrán fue un personaje clave.
  Otro hombre crucial de la operación DNI, Hugo Franco, había tejido estrechas relaciones con el Cartero, hasta que se rompieron y el auto del funcionario fue ametrallado por desconocidos.

 

La historia completa de una impugnación que no fue

Por M. B.

Franco Macri, propietario inicial de Itron. El 13 de febrero de 1998, Israel Lotersztain, representante en Argentina de la empresa israelí Malam Systems Ltd., presentó una impugnación ante el ministro del Interior Carlos Corach, denunciando la “ilegitimidad” de la preadjudicación del contrato de los DNI. La denuncia no era barata: de acuerdo con lo estipulado en el pliego licitatorio, Lotersztain tuvo que depositar 500 mil pesos de fianza que sólo le serían devueltos si la impugnación prosperaba. No perdió la plata, pero tampoco le aceptaron la denuncia, alegando que Malam era solamente “una parte” de la oferente y no podía representar a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) que se había presentado a la licitación. Nadie le dijo, si lo que se denunciaba era verdad o mentira y de la preadjudicación se pasó a la firma del contrato nueve meses después.
Malam denuncia “serias irregularidades en el desarrollo de la licitación”, “graves falencias en la resolución de la Comisión Técnica de Evaluación” y un “extraño proceder del ministerio del Interior” que el 17 de diciembre de 1997, “casi un año más tarde de la fecha de apertura de la licitación, puso en marcha un procedimiento tendiente a rescatar la oferta de la empresa Siemens, claramente descalificada, y a otorgarle un puntaje muy superior al de la UTE ITRON-MALAM-SHL-TRW”, ignorando “todos los elementos de juicio elaborados por las distintas instituciones y técnicos convocados para la evaluación y cuya tarea fue avalada por la SIGEN”, con informes alternativos de “personal de curriculum técnico totalmente desconocido o inexistente”, “plagados de arbitrariedades evidentes e incluso groseras”. Especialmente los dictámenes del entonces director Nacional de Migraciones, Hugo Franco y el del Registro Nacional de las Personas, Eduardo D’Amico, “funcionarios netamente políticos (que) mal pueden dar entonces opiniones técnicas fundadas”. Porque “se les desconoce totalmente estudios informáticos, de sistemas, de comunicaciones, de tecnologías modernas y seguros de impresión y distribución”.
El escrito describe las evaluaciones realizadas a lo largo de once meses por distintas instituciones y técnicos para verificar cuál de los tres oferentes reunía mayor puntaje en relación con cada requisito del pliego. Según Malam, estos informes iniciales calificaron a la UTE que integraban con mayor puntaje que a las otras dos. Y dan ejemplos: El jefe Industrial de la Casa de la Moneda, “declara que la capacidad de impresión relevada (en el caso de Ciccone Calcográfica) se corresponde con la oferta” y, en cambio, con respecto a la imprenta Boldt S.A., que fue asociada con Siemens “establece claramente que los equipos descriptos en la oferta no se encontraban en el centro de producción visitado”. La división de Seguridad de la Policía Federal, por su parte, opinó que la citada imprenta “no reuniría los requisitos de extrema seguridad puesto que adolece de faltas en el área de expedición”. Luego citan un informe de cuatro técnicos del Banco Central donde quedaría claro que dos de los oferentes cumplen con catorce de los 16 requerimientos en materia de seguridad del DNI en sí y la muestra de Siemens solamente con ocho. Y recuerda que la propia Siemens conocía “el no cumplimiento de sus muestras y prometía eventualmente superarlas en etapas posteriores”.
La impugnación rescata la idoneidad del ingeniero Juan Franchino, designado por el propio ministro Corach como el técnico que debía evaluar los distintos informes que, sin embargo, fue cuestionado por Franco y D’Amico. Tomando en cuenta los exámenes practicados por Casa de la Moneda, Banco Central, Encotesa y Policía Federal, Franchino otorgó un puntaje inferior a siete “a un gran número de puntos de Siemens” y calificó con cero puntos el Plan Operativo Anual de Detalle, “que Siemens omitió explícitamente en su oferta”. “Sin embargo –añade la impugnación– pese a que la SIGEN aprobó todos estos procedimientos y aprobó la idoneidad del Ing. Franchino”, la Comisión Técnica de Evaluación los dejó de lado, basándose centralmente en las opiniones de Franco, D’Amico y un tercer firmante, el licenciado Patricio Bustos, a quien Malam considera con unmagro curriculum laboral y académico como para poder competir contra los técnicos que realizaron la primera etapa de la evaluación. El escrito concluye proponiendo un arbitraje a cargo de una consultora nacional o internacional o de una universidad “de reconocido prestigio”, que tercie para restituir “transparencia” a los actos administrativos que impugna, “por haberse realizado con clara arbitrariedad, con la evidente intención de beneficiar a uno de los oferentes”. La respuesta del Ministerio del Interior fue de forma y no de fondo: Malam no está en condiciones de impugnar por sí sola.

 

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