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PIDEN INDAGATORIA A DE LA RUA, MENEM Y CAVALLO
La Rural te da sorpresas

Un fiscal acusó por “fraude” a Menem y a Cavallo por la venta a la Rural del predio de Palermo. Y a De la Rúa por permitir su remodelación. Hay 68 ex y actuales funcionarios involucrados.

La obra del centro de exposiciones donde está la Feria del Libro fue considerada “irregular”.
La venta y la remodelación del predio fueron minuciosamente analizadas en un dictamen de 260 páginas.


Por Mariana Carbajal

t.gif (862 bytes) El fiscal de instrucción José María Campagnoli consideró como una “venta fraudulenta” la operación inmobiliaria que le permitió a la Sociedad Rural Argentina adquirir el tradicional predio de Palermo. La transacción fue sellada por un decreto firmado por el ex presidente Carlos Menem y el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo –hoy candidato por el Encuentro por la Ciudad a jefe de gobierno–, y “gestada” por el ex banquero Raúl Moneta. Además, Campagnoli calificó como “una burda excepción de hecho” las obras de remodelación aprobadas por la gestión del ex jefe de Gobierno porteño y hoy Presidente, Fernando de la Rúa, que le permitieron a la entidad ganadera montar el moderno centro donde actualmente se desarrolla la Feria del Libro. Las opiniones del fiscal se fundamentan en un extenso dictamen de 263 páginas que elevó ayer al juez de instrucción Ricardo Farías, en el que le solicita que cite a prestar declaración indagatoria a Menem, Cavallo, De la Rúa, Moneta, el presidente de la Sociedad Rural Enrique Crotto y casi 70 ex funcionarios de la gestión menemista y del gabinete que acompañó a De la Rúa en la ciudad (algunos de los cuales siguen en funciones), por considerarlos autores del presunto delito de fraude contra la administración. 
La investigación de la compra del predio de 12 hectáreas comenzó un año atrás a partir de una denuncia de la Asociación Amigos del Lago, en el marco de una megacausa sobre usurpación de tierras públicas en el parque Tres de Febrero, que está en manos del juez Farías.
Campagnoli pidió la citación del ex presidente de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Ordóñez; del secretario porteño de Planeamiento, Enrique García Espil; del ex procurador general del gobierno porteño y actual Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, y del diputado Alberto Pierri, entre otros tantos ex y actuales funcionarios, por su vinculación con la presunta maniobra fraudulenta. Además, solicitó que sean indagados directivos de la Sociedad Rural. El candidato a jefe de Gobierno de la Alianza, Aníbal Ibarra, también está incluido en la extensa nómina, pero por una imputación menor: presunto “encubrimiento”, a raíz de unas declaraciones periodísticas sobre el caso.
Campagnoli analizó los antecedentes legislativos del predio de Palermo y llegó a la conclusión de que su venta, el 20 de diciembre de 1991, a la Sociedad Rural por el decreto presidencial 2699/91, es “inconstitucional” porque formaba parte del parque Tres de Febrero y como era un bien de dominio público debió venderse por medio de una ley del Congreso. El fiscal consideró que se trató de una “maniobra fraudulenta de pormenores impensables”. Luego de analizar abundante documentación concluyó que la transacción respondió a una decisión “tomada en base a pactos y acuerdos cerrados” entre el gobierno de Menem y los directivos de la entidad ganadera. La operación –dice– “da cuenta del efectivo poder de presión” de la Sociedad Rural.
En su dictamen, Campagnoli enumera uno a uno los “favores” que recibió la Sociedad Rural. Entre los primeros, destaca el precio de venta: pagó los terrenos en 30 millones de dólares, en cómodas cuotas, invocando su carácter de entidad sin fines de lucro, para dedicarlo a la realización de exposiciones, y teniendo en cuenta que por la zonificación del lugar (Urbanización Parque) no podía realizarse otras obras que las que ya estaban. Pero el mismo día de la escrituración, el 27 de mayo de 1992, se convirtió en una sociedad anónima y posteriormente se asoció a la firma norteamericana Ogden para convertir el lugar en un gran shopping de entretenimientos. Con esa maniobra –señala el fiscal– el Estado, que invocó la Ley de Emergencia Económica para vender el predio, se perdió de ganar entre dos y diez veces más el monto que recibió, según las cotizaciones inmobiliarias del terreno. Campagnoli observa que se llegó a la escrituración “en tiempo record” y “salvando el obstáculo de dictámenes negativos, ocultándoselos (en el caso de uno del Tribunal de Cuentas de laNación) o directamente omitiéndolos (como ocurrió con la opinión de la Dirección de Asuntos Legales)”.
A continuación, el fiscal acusó a la gestión de De la Rúa en el gobierno porteño de pergeñar la “segunda parte del fraude”, al aprobar en 1997 las dos primeras etapas del proyecto de remodelación de la Rural: un centro de convenciones de 5000 metros cuadrados, que abrió en julio de 1998, y un centro de exhibiciones, en un pabellón de 35.000 metros cuadrados, que se inauguró a fines de abril de 1999, a pesar de estar zonificado como UP. 
Campagnoli se refirió luego al crédito que obtuvo la sociedad entre Ogden y la Rural en el Banco Provincia de 106 millones de dólares, en momentos en que el gobernador Eduardo Duhalde se encontraba en campaña para la Presidencia de la Nación. Un préstamo de semejante monto a una empresa privada no tiene antecedentes en una entidad crediticia dedicada a destinar sus recursos para emprendimientos productivos en el territorio bonaerense. El expediente también tuvo un tratamiento sumarísimo como los otros que le permitieron obtener beneficios a la entidad ganadera tanto en el ámbito del gobierno nacional como en el de la ciudad de Buenos Aires.


La obra que quedó trunca

El primer paso fue la compra del predio de Palermo, calificada ahora de “fraudulenta”, por el fiscal José María Campagnoli. El segundo, la remodelación del lugar en medio de un proceso no menos polémico y cuestionado por vecinos y organizaciones defensoras del medio ambiente. Pese a los cuestionamientos, la Sociedad Rural logró finalmente terminar el año pasado con el megacentro de exposiciones, donde actualmente se lleva a cabo la Feria del Libro.
Pero una buena parte del proyecto quedó parada, hasta el momento, en virtud de esas críticas. Se trata de la intención de construir 14 salas de cine, restaurantes, un patio de comidas y locales para librerías y disquerías, cuyas obras actualmente están paralizadas. Pese a que ya había empezado los trabajos, la SRA nunca logró los permisos municipales para hacerlo. Las objeciones iniciadas por entidades y vecinos lograron que Legislatura y gobierno porteños congelaran el pedido. El motivo es que las normas impiden ese tipo de emprendimientos en ese predio, por razones estéticas, históricas y ambientales. Los vecinos aseguran también que ese centro provocaría caos en el tránsito y sobreocupación del suelo.
“Todo esto lo descubrimos, investigamos y denunciamos varias organizaciones no gubernamentales como la Fundación Ciudad, la Asociación Vecinos de Plaza Italia y la Asociación Amigos del Lago de Palermo -destacó Osvaldo Guerrica Echevarría, presidente de esta última–. Y señalamos las responsabilidades de los funcionarios en torno a esto. Sería bueno que los candidatos que se llenan la boca hablando de que hay que cumplir la ley y promoviendo leyes de mano dura también ellos las cumplan. Que eso no sea válido solo para los ciudadanos comunes”.

 

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