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Página/12
en Francia
Por
Eduardo Febbro
Desde París
 Henry
Kissinger se llevó una sorpresa no muy distinta a la que debió
paralizar a Augusto Pinochet cuando fue detenido en Londres. Actualmente
de vacaciones en Francia, el ex secretario de Estado norteamericano y
premio Nobel de la Paz de 1973 recibió en París una convocatoria
“como testigo” en el marco de las investigaciones que se llevan
a cabo en Francia sobre la desaparición de cinco ciudadanos franceses
tanto durante la dictadura del general Augusto Pinochet como dentro del
Plan Cóndor.
Obedeciendo a la comisión rogatoria elaborada por el juez que instruye
las causas de las desapariciones, Roger Le Loire, la policía le
presentó a Kissinger la convocatoria para que en los próximos
días se presente en el Palacio de Justicia de París a brindar
su testimonio.
La comisión rogatoria del juez francés es una consecuencia
lógica del pedido formulado por Willam Bourdon, el abogado de varias
familias de desaparecidos franceses en Chile y la Argentina.
En el último mes el juez Roger Le Loire intensificó los
interrogatorios y la busca de testimonios capaces de ofrecer la “mayor
claridad” y comprensión posible sobre los orígenes,
el mecanismo y la instrumentación del Plan Cóndor.
En ese contexto,la semana pasada Le Loire interrogó al terrorista
Carlos y al general francés que confesó los crímenes
cometidos por oficiales franceses durante la guerra colonial de Argelia,
Paul Aussaresses.
 Kissinger,
que aún no comunicó si daría curso o no a la convocatoria,
está citado como uno de los altos personajes de la administración
norteamericana que debían “saber perfectamente lo que los
militares de las dictaduras latinoamericanas hacían en el seno
del Plan Cóndor”.
Si el ex secretario de Estado comparece, podría dar detalles de
una reunión que interesó al juez español Baltasar
Garzón. El 10 de junio de 1976 se reunieron en Santiago con Kissinger
funcionarios de la dictadura chilena y el primer canciller de la dictadura
argentina, el almirante César Guzetti. En esa reunión, Kissinger
habría dado su acuerdo para un pedido de Guzetti: la venia para
“aniquilar de una vez por todas la subversión”, según
reza un memorandum.
Le Loire es el mismo magistrado que pidió la detención del
militar argentino Jorge Olivera por la desaparición de la ciudadana
francesa Marianne Erize. El año pasado la policía italiana
hizo lugar a su reclamo, pero luego una corte de apelaciones de Roma dejó
en libertad a Olivera dando como válido como documento una precaria
fotocopia que se reveló falsa.
Según trascendió ayer en París, Kissinger no es el
único responsable estadounidense llamado a testimoniar en Francia.
En todo caso, para Bourdon, “más allá del símbolo
que representa, Kissinger es un testigo que, por sus respuestas, puede
contribuir a la manifestación de la verdad”.
El abogado francés, que es un alto dirigente de la Federación
Internacional de los Derechos Humanos, FIDH, descartó la idea de
implicar o “examinar las responsabilidades estadounidenses en el
golpe de Estado de 1973”. Más bien, se trata de utilizar los
documentos desclasificados recientemente por la CIA y que prueban el exacto
conocimiento que los norteamericanos tenían del Plan Cóndor.
Los documentos secretos, desclasificados el año pasado, establecen
que la CIA conocía la existencia del plan desde julio de 1976.
Un memorando de la CIA fechado en agosto de 1978 lleva el explícito
título de “Resumen de la operación Cóndor”.
Otro de los textos “secretos” de la agencia norteamericana afirma
que “a partir de julio de 1976 la CIA recibió informaciones
sobre el hecho de que Cóndor programaba protagonizaracciones fuera
del territorio de los países miembros contra dirigentes de grupos
terroristas locales residentes en el extranjero”.
Ese es, por ahora,el motivo en que se basa el abogado Bourdon para convocar
a Kissinger. Precisamente, uno de los cinco ciudadanos franceses cuya
desaparición esta siendo investigada por el juez Le Loire desapareció
a raíz del Plan Cóndor. Sea cual fuere la respuesta del
ex secretario de Estado norteamericano, el hecho de que haya sido citado
a declarar constituye una suerte de bomba judicial que se agrega a las
revelaciones del libro sobre Kissinger publicado por el periodista y ensayista
británico Christopher Hitchens. A propósito de Kissinger
y de otros norteamericanos “conectados” con las dictaduras latinoamericanas
del 70, nadie hasta el momento había pasado al acto judicial propiamente
dicho. Citar a Kissinger, aunque sea como testigo, equivale a romper el
círculo de consenso que lo protegía. En esa ruptura, la
decisión de Le Loire es clave, como lo fue en términos de
impacto el reciente libro de Hitchens sobre el ex secretario de Estado.
El Plan Cóndor no hubiera sido posible sin un anillo de dictaduras
en el Cono Sur, y en la formación de ese anillo fue insustituible
la desestabilización de la democracia chilena.
Valga de muestra y de ejemplo uno de los numerosos documentos secretos
citados en el libro de Hitchens. Se trata de una nota de quien en aquella
época era el director de la CIA, Richard Helms, que da cuenta de
una reunión en la oficina de Nixon donde se decidió la suerte
de Salvador Allende y de las democracias del Sur. Para los hombres reunidos
en torno a Nixon, entre ellos Kissinger, Allende no debía en ningún
caso acceder a la presidencia del país: “No tengan en cuenta
los riesgos. La embajada no debe quedar involucrada. Hay 10 millones de
dólares disponibles, y más si es necesario. Trabajo a tiempo
completo. Los mejores hombres de que dispongamos. 48 horas para un plan
de acción”.
Los documentos originales que pueblan el capítulo del libro permiten
comprender retrospectivamente la hondura del horror vivido en Chile y
en las otras dictaduras de la región. Los norteamericanos estaban
dispuestos a todo con tal de romper el orden constitucional en América
del Sur y Kissinger fue el cerebro que aportó la solución
ideal: el asesinato de quienes hubiesen dicho que no.
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OPINION
Por
Martín Granovsky
La
inquietud del Señor K.
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Cuando una
madrugada del ‘98 la Interpol se presentó en el sanatorio
de Londres donde habían operado al general Augusto Pinochet
para detenerlo, comenzaba mucho más que una historia clínica.
Los defensores del arresto explicaron que era una muestra de la
extensión del nuevo derecho internacional de los derechos
humanos. Dijeron que se trataba del derecho de las víctimas
y sus familiares por encima del interés de cualquier Estado.
En cuanto a los críticos, buscaron mostrarse sardónicos.
Ese nuevo derecho, ¿se animaría con los poderosos,
o era una forma encubierta de colonialismo? Por ejemplo: ¿algún
juez del Primer Mundo osaría citar a Henry Kissinger?
Ayer, el momento llegó con la decisión del magistrado
Roger Le Loire de arruinar a Kissinger unas vacaciones en el hermoso
París de primavera, donde el sol cambia el humor de la gente
y una luminosidad que llega hasta las diez de la noche crea peligro
de superpoblación en la terraza de cada café.
Es difícil saber si Kissinger aceptará presentarse
como testigo. Pero hay antecedentes disponibles para sacar la conclusión
de que el tema realmente le preocupa. En uno de sus frecuentes viajes
a Buenos Aires, en diciembre de 1998, dos meses después de
la detención de Pinochet, buscó información
sobre Chile en conversaciones con Carlos Menem, con su jefe de gabinete
Jorge Rodríguez y con el entonces candidato de la Alianza,
Fernando de la Rúa. Kissinger intentó asustar con
el cuco del golpe en Chile, y lo hizo bajo la forma de preguntas.
Sus interlocutores dijeron haberse sorprendido con la fuerza utilizada
por el ex secretario de Estado norteamericano para señalar
su inquietud ante una reacción de los mandos militares chilenos.
Es que, para el Señor K., un interrogatorio sobre el futuro
institucional de Chile era la única forma de dar cierto nivel
de realismo político a su solidaridad con los fascistas chilenos
o, más aún, a la solidaridad consigo mismo.
En la Argentina, Kissinger fue tratado como un estadista, aunque
su objetivo político fuese el ejercicio de influencias en
favor de los viejos dictadores y su objetivo económico apuntase
a cobrar los 700 millones de dólares que el Estado le debía
a Eriday, el contratista civil de la represa de Yacyretá.
Un lobbista, por definición, no debe ser conflictivo por
sí mismo sino, en todo caso, debido a los intereses que representa.
¿Qué ocurriría si se repitiesen otros fenómenos
como el de Le Loire? ¿Las acciones de Kissinger se mantendrían
en alza? Algo es seguro: el Señor K. hubiera preferido recibir,
en su hotel, una invitación para ver Fausto en la Opera de
la Bastilla en lugar de una citación de la Justicia. No es
un mal comienzo.
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