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JUAN JOSE RIBELLI 
Un buen muchacho

El ex comisario de la Bonaerense acusado en el caso AMIA de haber entregado la Trafic usada en el atentado pasará, según calculan juristas y fiscales, por lo menos 25 años preso. Aun si fuera declarado inocente en el ataque a la mutual, quedaría adentro por extorsiones y otros crímenes.

Por Raúl Kollmann 
y Laura Vales

Los juristas, fiscales y jueces hablan de un año más o un año menos, pero todos coinciden en que el otrora poderoso comisario Juan José Ribelli estará no menos de 25 años en la cárcel, incluso aunque no se lo condene por el atentado contra la AMIA. A dos semanas del comienzo del juicio oral, uno de los dos personajes claves que estarán sentados en el banquillo de los acusados afronta acusaciones no sólo como cómplice del atentado, sino que está procesado por numerosas extorsiones, asociación ilícita, defraudación y un fabuloso e inexplicable enriquecimiento en el propio juicio y en otras causas que avanzan aceleradamente. Hombres bajo su directa conducción fueron acusados y condenados por dos asesinatos múltiples que, según se ve en los expedientes, estaban relacionados con personas que recaudaban para la Bonaerense, se quisieron quedar con un dinero y terminaron acribillados. Los entretelones de las causas que se le siguen a Ribelli pintan el rol siniestro que jugaba en la vida cotidiana de la fuerza: decenas de escuchas telefónicas testimonian la forma en la que arreglaba con los delincuentes, sacándoles dinero a cambio de impunidad. Esa es la base de nueve imputaciones de extorsión. Un cálculo aproximado indica que Ribelli se llevaba unos 100.000 pesos por mes.

Juicio oral: ¿17 años?

En las audiencias que empezarán el 24 de septiembre y en las que Ribelli será juzgado como cómplice del atentado (ver aparte) se podrá ver con nitidez la forma en la que operaban los policías bonaerenses al mando del poderosísimo comisario. En el expediente hay pruebas más que rotundas de que los hombres de Ribelli primero intentaron secuestrar a Carlos Telleldín y extorsionarlo, después efectivamente lo secuestraron y lo extorsionaron –junto a Sandra Petrucci, su pareja en aquel momento– y posteriormente volvieron a extorsionarlo. Estos delitos se cometieron en banda o sea que debe incorporarse la figura de la asociación ilícita. Los fiscales Eamon Mullen y Alberto Nisman incluyeron esas acusaciones en el escrito en el que imputan al ex comisario como cómplice del atentado.
La trama que hubo detrás de todo este accionar fue la habitual de Ribelli y su gente: le sacaban dinero a delincuentes –Telleldín, el último tenedor de la camioneta que explotó frente a la AMIA, armaba vehículos con partes robadas– a cambio de no detenerlos y no llevarlos ante la justicia. O sea que la fórmula era plata a cambio de impunidad.
En el expediente AMIA hay pruebas como la declaración de Petrucci, relatando la forma en la que los detuvieron y les pidieron dinero –fueron 40.000 pesos que tuvo que pagar Telleldín–, el testimonio del chofer de una grúa que llevó hasta la brigada de Ribelli un auto con que El Enano pagó parte de la extorsión, el testimonio de otra persona que llevó una moto de Telleldín, también para entregarle a los policías y, finalmente, la declaración del abogado que medió en la transacción, es decir, fue nexo entre Telleldín y los policías. 
La mayor parte de los fiscales, jueces e incluso camaristas consultados por Página/12 coinciden en que sólo por estos delitos –incluyendo la asociación ilícita–, lo más probable es que Ribelli sea condenado a unos 17 años de prisión. Aunque hay juristas que insisten en que en dos recientes fallos de tribunales orales se aplicaron en casos de delitos muy reiterados condenas que llegaron a 37 años. Por ello, en el caso AMIA, hasta podría llegarse a un fallo de 35 años de cárcel, aunque es obvio que por el sistema penal argentino sólo se cumplirían 25.

La extorsión como rutina

El 3 de julio de 1996 Jorge Rodríguez dejó a sus chicos en el colegio y decidió pasar por la casa de su suegra, en Bernal. “En cuanto estacioné apareció detrás un Renault 18 verde. Bajaron 3 o 4 personas, vestidas de civil, que se identificaron como policías. Uno de ellos me aseguró que mi auto tenía pedido de secuestro”, relató Rodríguez ante la Justicia cuatro años más tarde. Lo subieron al vehículo de la Bonaerense, mientras uno de los de la patota se llevaba el suyo. Durante el trayecto hasta la División Sustracción de Automotores de Banfield nadie dijo un palabra, pero una vez allí un oficial lo encaró sin vueltas. “Fijate cómo podés arreglar esto”, fue el planteo. “Nosotros sabemos que al coche vos no lo robaste.” Rodríguez se quedó congelado. Entonces lo llevaron ante un superior que le repitió más o menos lo mismo: “Que sabían que yo no tenía nada que ver, pero que la causa se podía complicar y para no tener problemas tenía que poner 5 mil pesos”. Afuera de esa oficina, en una pequeña salita, como para ir ganando tiempo, los policías habían hecho pasar a uno de sus hijos mayores. Esa noche Rodríguez consiguió dinero prestado y pagó por su libertad. En el expediente judicial no quedó constancia de nada. 
El mismo mecanismo directo y brutal tuvieron todos los negocios que comandó Ribelli al frente de una banda de oficiales y suboficiales de la Bonaerense. Para darse una idea del volumen de las extorsiones, aprietes y arreglos con delincuentes que organizó el ex comisario, están las escuchas telefónicas a sus celulares. En apenas 21 días Ribelli y su patota planearon y en muchos casos cometieron 94 delitos. Esas escuchas se realizaron por orden del juez Juan José Galeano en 1996, en los días previos a la detención de Ribelli, por su vinculación con el atentado contra la AMIA. Los episodios que finalmente investigó la jueza de Lomas de Zamora Silvia González después de descartar los que ya estaban siendo investigados en otros juzgados y aquellos en los que no se pudo avanzar por falta de pruebas son once. Incluyen extorsiones, fraude a la administración pública, falsedad ideológica y supresión de instrumento público. La jueza también consideró a Ribelli jefe de la asociación ilícita dedicada a cometer estos delitos, pero por ese cargo ya se lo juzgará ahora en el juicio oral por cuanto se trata de la misma banda de policías. La investigacion refleja el aceitado sistema de recaudación ilegal que el ex comisario montó dentro de la Bonaerense, y en los que él aparece permanentemente monitoreando cada paso, indicando cuánto pedir, aprobando los acuerdos y recibiendo la parte de león. 
“¿Viste Rodríguez, el banquero, al que le hicimos un encubrimiento?”, le avisaron, por ejemplo, cuando el Rodríguez del auto robado pagó lo exigido; “anoche trajo tres luquitas; la corté con los muchachos y acá tengo lo tuyo”.
Las extorsiones más rentables, como se puede suponer, fueron las que tuvieron como víctimas a delincuentes. En estos casos la amenaza concreta era la de la detención y el trato consistía en no elevar a la Justicia las pruebas comprometedoras. Pero muchas veces los extorsionados ni siquiera habían cometido una mínima infracción. Uno de los casos investigados sucedió en la pinturería Murallón S.A, donde los hombres de Ribelli desembarcaron con un allanamiento. Primero dijeron que buscaban drogas, pero no encontraron nada. Después vieron que de los baños del lugar salía a la calle agua jabonosa y amenazaron con que iniciarían una causa judicial por delitos ecológicos, ya que el líquido podía ser altamente contaminante. Para dejar claro que estaban dispuestos a poner cualquier cosa en el expediente, ni siquiera tomaron muestras del fluido. “Pero me recomendaron que evaluara económicamente que ellos podían morigerar los efectos de la consecuencia de la causa a cambio de una colaboración dineraria con ellos en el orden de los cincuenta mil pesos”, declaró uno de los responsables de la pinturería.
A los dueños de un depósito donde encontraron cables de cobre sospechosos de ser robados les pidieron 20 mil dólares, a pagar en dos cuotas. También habían llegado con un allanamiento y labraron actuaciones. “Si hay una solución”, indicó entonces Ribelli por vía telefónica a sus hombres, aludiendo a si los dueños del comercio accedían a entregar efectivo, “le armamos todo para que queden justificados y si no hay solución le armamos todo para romperle la cabeza”.
A Salvador Salomón, dueño de un comercio a punto de cerrar en San Justo, le cayeron vestidos con chalecos policiales el día del remate y le anunciaron que se quedarían, espantando a los posibles compradores, si no les entregaban una suma de dinero. 
Ribelli también fue encontrado culpable por la jueza Silvia González de haberse quedado con dinero de las horas extras del personal a su cargo. En relación a todos estos episodios, la Cámara de Apelaciones ratificó los cargos planteados en primera instancia, al considerar plenamente probada la culpabilidad de el ex comisario. 
Sumando las maniobras probadas en la causa de Lomas de Zamora, el cálculo más exiguo es que Ribelli se quedó con unos 30.000 pesos como botín de esos 21 días de escuchas telefónicas. Pero debe recordarse que allí se evaluaron 11 hechos de los 29, o sea que todo indica que se quedaba con el triple de esa cifra y a ello habría que agregar que, tal vez, algunos de los negocios delictivos se cerraban sin usar el teléfono. En el caso de la defraudación cabe agregar que en las conversaciones se habla del dinero que “va para arriba”, o sea supuestamente a la jefatura de la Bonaerense, que en aquel momento estaba en manos de Pedro Klodczyk. 
Desde el punto de vista del cálculo de la pena, nuevamente estamos ante cuatro extorsiones, dos tentativas de extorsión y una defraudación, todo combinado con la asociación ilícita. Además, hay que sumarle una falsedad que relaciona a Ribelli con un doble crimen (ver aparte) y los diálogos con Daniel Paz, policía imputado en esa matanza y que en el momento en que dialogaba con Ribelli estaba prófugo. Los juristas que consultó este diario hablan de otra pena de, al menos, 17 años, pero la sumatoria pasa largamente los 25 años efectivos que son el máximo en la Argentina. El dato a agregar es que la prisión preventiva en esta causa tiene fecha del 4 de abril de este año, o sea que no corre el beneficio conocido como dos por uno. “Lo que se ve en la pesquisa es que nada se hacía sin que Juancito, como le decían a Ribelli, diera su visto bueno y fijara la cifra, ya sea de 500 o de 50.000 pesos”, redondeó uno de los investigadores.

Millones y millones 

Después de tres años de una investigación desastrosa del atentado contra la AMIA, en 1997 se resuelve la creación de la Brigada Antiterrorista de la Policía Federal. Fue el paso que tuvo que dar el Gobierno tras un verdadero escándalo en el acto aniversario del atentado, cuando fueron silbados e insultados los ministros del Poder Ejecutivo. Pasaron apenas unos meses, cuando la Brigada Antiterrorista, que conduce el comisario Jorge Palacios, detectó un acta en el cual el padre jubilado de Ribelli le donaba 500.000 pesos como anticipo de herencia. El acaudalado obrero del tren también le dio otros 500.000 pesos a los cuatro hermanos de Juancito, o sea un total de dos millones quinientos mil pesos.
El acta ante escribano se firmó en la época del atentado por lo cual el juez Galeano cree que esos 2.500.000 pesos fueron el pago que recibió Juancito por su colaboración con el atentado. Tiempo más tarde, en la Justicia bonaerense se puso en marcha una causa, por acusación del ex procurador y ahora integrante de la Corte, Eduardo De Lázzari, para investigar el enriquecimiento de un grupo de poderosísimos comisarios. Ese expediente está hoy en manos de la jueza Isabel Martiarena, quien puso en marcha una inmensa pesquisa que acumula nada menos que 26.000 fojas. 
Una primera conclusión a la que llegaron los peritos al principio de la investigación fue que, tomando en cuenta los informes de las tarjetas de crédito y los gastos que hacía “Juancito”, había 500.000 pesos inexplicables en un solo año de su duro trabajo policial. Llamó la atención, por ejemplo, que en una declaración de impuestos Juancito reconocía tener unos 800.000 pesos en efectivo, una cifra inusual hasta para el más pintado de los empresarios argentinos y menos todavía para un hombre que por entonces ganaba algo así como 3500. 
Ante la existencia de gastos fabulosos, propiedades llamativas y movimientos extraños, la jueza Martiarena llamó a declarar a Ribelli, quien presentó un escrito en el que solicita la reserva en el expediente, o sea que no se dé a conocer nada de lo que la magistrada fuera investigando. Por ello es que no se sabe cómo evolucionaron las cosas en los últimos dos años, qué pruebas se acumularon respecto de la inverosímil herencia del padre ferroviario, ni los nuevos datos que surgieron del enriquecimiento. La información se conocerá en pocos meses, cuando la jueza termine de redondear su caso y llame a indagatoria a Ribelli. 
Todo indica que en esta causa también “Juancito” camina hacia una condena –la pena podría ser de seis años– porque ya desde un principio se percibía un incremento nunca visto en su riqueza. Para colmo, el ex comisario dejó correr esta causa sin siquiera designar un abogado que lo defienda. 

Por mucho tiempo

En el juicio oral por la AMIA Ribelli tendrá que afrontar el cargo más grave: haber colaborado con el mayor atentado de la historia argentina. Dure lo que dure, ocho meses o un año, y tenga el resultado que tenga, Ribelli saldrá de Comodoro Py el último día del juicio con las esposas puestas y nuevamente rumbo a su celda. Hoy mismo, la jueza González de Lomas lo mandaría a detener y para la época en que termine la causa AMIA también lo estaría esperando un camión de transporte de detenidos enviado por la jueza Martiarena. Es que para entender el trasfondo de lo que sucede debe entenderse la forma mafiosa de operación de los comisarios: los expedientes muestran el dominio de la Bonaerense sobre extorsiones, defraudaciones, robos, armado de autos truchos, venta de drogas, piratas del asfalto y casi cualquier otro delito. Un analista italiano sintetizó todo en una frase maestra: “La mafia siciliana nunca se expandió a la Argentina porque la policía no quería competencia”. En el juicio de la AMIA y en las demás causas eso se verá en toda su envergadura.


Carlos Telleldín, (izq.) último tenedor de la Trafic 
que entregó a Ribelli (der.) como parte de pago de una extorsión.

 

El caso de la Trafic fantasma

Por R.K.

Uno de los puntos centrales del juicio que empezará el 24 de setiembre será la acusación contra Juan José Ribelli y un grupo de policías de haber recibido la Trafic de manos de Telleldín y haberla entregado a los terroristas. Estas son las pruebas contra Ribelli:
El testimonio de Telleldín, quien sostiene que Ribelli lo extorsionó y que tuvo que entregarle una moto, dos coches y dinero en efectivo. Sobre esto hay pruebas categóricas que confirman lo que dice El Enano. Pese a todo lo que entregó, Telleldín dice que quedó debiendo plata y por eso habría entregado la camioneta usada en el atentado.
El subcomisario Ibarra –según Telleldín y otro integrante de su banda– estuvo en la recepción de la Trafic, lo cual incrimina a Ribelli. Hubo un reconocimiento fotográfico de Ibarra.
Hay un testigo de identidad reservada que se acercó a uno de los que hacían la vigilancia. Este le exhibió una placa policial y le dijo que era de Lanús, la brigada de Ribelli. Además, le hizo una afirmación asombrosa: “No se haga problema que se va a acordar de nosotros porque va a ocurrir algo grande”.
Ribelli tenía una agencia de autos. Uno de sus empleados, Luis Alvarez, señala que en la semana anterior al atentado vio que Ribelli se llevaba una camioneta Trafic de allí. 
Hay una llamada a la casa de Telleldín de uno de los diez celulares que Ribelli tenía a su nombre. El ex comisario argumenta que le prestaba ese celular a uno de sus hombres y que él no hizo esa llamada. 
Está la extraña donación ante escribano público del padre de Ribelli, un jubilado ferroviario, de 2.500.000 pesos a sus cinco hijos. Esto se hizo el 11 de julio, siete días antes del atentado. Los investigadores aseguran que es un blanqueo de dinero cobrado por el ex comisario por los servicios prestados por el atentado.
Apareció en la causa un testigo que intentó desviar la investigación, el múltiple asesino Ramón Solari, preso en la Brigada de Vicente López. Ante la Bicameral, Solari dijo que Ribelli lo instruyó para mentir en la causa e incluso entregó un papel con instrucciones del ex comisario sobre lo que debía decir. Después se desdijo. Hay versiones contradictorias sobre ese papel. El integrante de la Bicameral y ahora viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, dice que fue entregado al juez. Otros dicen que no está en la causa y nadie sabe si se hizo o no una pericia sobre la escritura. 
Hay una escucha telefónica a dos colaboradores de Ribelli. Uno le dice al otro:
–Parece que ya detectaron lo de la Trafic.
–¿Qué? ¿Lo del Tigre?
Los colaboradores de Ribelli nunca pudieron explicar esa conversación.
La acusación del juez Galeano y los fiscales Mullen y Nisman es que Ribelli, su mano derecha Ibarra y su ex subordinado Leal se llevaron la camioneta y la entregaron a los terroristas. Todos ellos –y Telleldín– sabían que era para hacer algo pesado, equivalente al atentado. 
El letrado del ex comisario, José Manuel Ubeira, sostiene que en todas esas pruebas no hay una sola que lo incrimine. “Está totalmente probado que Telleldín cobró por su testimonio y lo mismo respecto del resto de los integrantes de su banda. Hay evidencias de que los reconocimientos fotográficos fueron armados y los testigos de identidad reservada no tienen validez. Se dice que Ribelli recibió la camioneta. No existen elementos que lo indiquen. Supuestamente se la entregó a terroristas. Tampoco hay nada que lo demuestre. Ribelli es totalmente ajeno”.

Dos causas maniobradas

Otro capítulo de la investigación surgida de las escuchas telefónicas son las maniobras de Ribelli para operar en dos causas que acorralaban a sus hombres. Así, aparece el armado de una pericia con la que intentó salvar al (ahora ex) comisario Raúl Ahumada, uno de sus protegidos, fugado tras asesinar a dos jóvenes desarmados en Monte Chingolo. Ribelli intentó armar una pericia trucha para exculparlo con la complicidad de su ladero, el subcomisario Raúl Ibarra, y la de un técnico del SEIT. En una cinta, Ribelli le dicta a su asistente lo que la pericia debía decir: “Que las vainas que se encontraron en Monte Chingolo de ningunísima manera se corresponden con las armas” de los policías sospechosos. El dictado se completó entre risotadas. Todo quedó grabado y Ahumada y sus cómplices fueron condenados. En el juicio nunca pudo probarse el motivo de los asesinatos, pero en la fuerza siempre se dijo que fue un ajuste de cuentas porque las víctimas estaban resistiendo una extorsión. Según atestiguan varios subordinados de Ribelli, algunas maniobras que aparecen en la causa AMIA se hacían para recaudar fondos para los 11 policías, todos de la tropa de Juancito, acusados por la masacre de Wilde, un cuádruple crimen presentado como un tiroteo. Claro que con un pequeño detalle: hubo 239 disparos policiales y ninguno de los supuestos delincuentes. Lo que ocurrió es que confundieron a un librero con un supuesto recaudador de la Bonaerense que se habría quedado con un vuelto, y además mataron a otras tres personas. De los once policías que cometieron el crimen, diez fueron detenidos. El suboficial Marcos Rodríguez, que estaba en disponibilidad y no debería haber participado del procedimiento, se fugó. Los otros diez le echaron la culpa al prófugo.

 

 

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