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Un dictamen de Becerra que le da una manito a Bussi

La Cámara de Diputados rechazó el diploma del dictador por “inhabilidad moral. Bussi fue a la Justicia. Becerra dictaminó a su favor. La Corte resolverá.

Bussi motivó una reacción democrática de Diputados. Ahora confía en que la Corte deje sin efecto la decisión del cuerpo.

Por Irina Hauser

El genocida Antonio Domingo Bussi busca revancha desde el día en que la Cámara de Diputados rechazó su diploma por “inhabilidad moral”. Y, después de insistir, ya encontró en la Justicia alguien que le diera la razón. El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, firmó el mismo día de los atentados en Estados Unidos un dictamen en el que le sugiere a la Corte Suprema que admita el reclamo del ex gobernador de facto de Tucumán con miras a revisar la decisión legislativa que le impidió ocupar una banca. Todo parece indicar que en el alto tribunal Bussi ya tiene también algunos apoyos asegurados.
Becerra parece jugar a dos puntas. Recientemente se pronunció contra la declaración de “cosa juzgada” del delito de apropiación de menores del que está acusado el dictador Jorge Rafael Videla y también sostuvo que debe ser considerado como delito “imprescriptible”. “El caso de Bussi es un tema estrictamente jurídico”, se defiende el Procurador.
“Asesino”, se escuchó el grito en cada sesión, entre 1999 y 2000, en que la Cámara de Diputados se disponía a analizar el pliego de Bussi. “Su participación activa en crímenes de les humanidad” fue lo que impulsó una mayoría de legisladores a trabar con su voto, el 1 de diciembre de 1999, la asunción del dictador tucumano.
Bussi apostó, en aquel entonces, a conseguir fueros parlamentarios hasta el 2003 para poder eludir posibles requerimientos de la Justicia, en las causas en su contra por enriquecimiento ilícita y las vinculadas a su actuación durante la dictadura. No lo logró. Pero insistió por la vía judicial. La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría rechazó su reclamo en primera instancia argumentando que los actos legislativos son institucionales y no pueden ser revisados por la Justicia y, después, la Cámara Electoral reconfirmó esa postura. Los actos “institucionales”, explicaron esos tribunales, ejecutan directamente una norma constitucional y ocurren en el ejercicio de una actividad de los órganos estatales que escapa al control del Poder Judicial, y cuya intervención podría considerarse violatoria de la independencia del Poder Legislativo.
Finalmente la demanda del genocida, actualmente dedicado a cortejar a su hijo Ricardo en su campaña política, llegó a la Corte Suprema, que le pidió a Becerra –quien responde al menemista Eduardo Bauzá– que hiciera un dictamen con su opinión. Ante el máximo tribunal Bussi alegó que su reclamo era “susceptible de control judicial” porque se violaron, dijo, sus derechos constitucionales. Planteó que ni su candidatura ni su elección habían sido impugnadas y que la “ausencia de idoneidad ética y la comisión de hechos delictivos” en que se basó Diputados no son requisitos contemplados por la Constitución.
Los jueces, sostuvo Bussi, deben velar por la supremacía de la Carta Magna en casos concretos como el suyo y si es necesario cuestionar la decisión de otro poder. Sobre ese punto es que, en principio, Becerra le dio la razón citando doctrina que mostraría una expansión del “control judicial” de la actividad de los poderes del Estado. “Ello no significa -justifica el Procurador– sustituir el criterio de los otros poderes del Estado por el de los Jueces sino simplemente permitir, al afectado, acudir a la Justicia en defensa de sus derechos, y a los magistrados judiciales, ejercer la facultad de revisar los actos de los otros poderes”.
En la Corte, por lo menos los jueces de la vieja mayoría menemista estarían dispuestos a fallar a favor del dictador Bussi: le concederían el recurso planteado y, luego, apoyarían que la teoría de que la resolución de la Cámara de Diputados es inconstitucional. Los más extremistas juegan con un criterio provocador: “esta doctrina se aplicaría a otros diputados y hay que reconocer que con Bussi usaron una causal que sólo está prevista para expulsar diputados no para cuestionar su ingreso al cuerpo”, defienden. “¿Qué pasaría si objetaran el diploma de diputado de alguien de Izquierda Unida?”, señaló a este diario, en tono de burla, un altofuncionario del máximo tribunal, un argumento que poco tiene que ver con el razonamiento meramente “jurídico” en que se escuda Becerra.

 

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