Siete años tardó la Justicia en llamar a indagatoria a los imputados en la causa contra el ex agente de la SIDE, denunciado por su propia hija por manejar una red de prostíbulos en Buenos Aires y en México. Recién la semana pasada tuvo lugar el primer interrogatorio en la Argentina. Fue a Estela Noemí Percival, quien dice ser la ex esposa de Martins. Sin embargo, acusada de lavado de dinero y de gerenciar junto a él la red de prostitución, fue asistida por el mismo abogado que representa a Martins, por lo que se sospecha que siguen siendo pareja y socios. Martins, tras varios intentos fallidos finalmente fue indagado este año en Cancún, a donde permanece prófugo. En esa oportunidad no respondió preguntas y negó todos los cargos. Hace un mes que pesa sobre él un pedido de captura internacional, pero aún es buscado por Interpol. Además, la jueza María Servini de Cubría emitió en diciembre pasado una orden de detención a pedido de los fiscales, que sería efectiva sólo si alguna vez Martins pisa suelo argentino.

En el acta de imputación que la jueza le leyó a Estela Noemí Percival queda claro y con lujo de detalles cómo opera la organización criminal y el funcionamiento cotidiano de los prostíbulos. Tareas de inteligencia, allanamientos y diversos operativos lograron determinar la mecánica y los responsables de los locales clandestinos. Nombres y apellidos. Horarios; ingresos; direcciones; tarifas. Puertas secretas con “pases” de los boliches a las habitaciones; mujeres rescatadas que dieron su testimonio y señalaron a varios de los imputados en la causa; menores de edad explotadas y “pasadas de droga”. Recaudación mensual de cada prostíbulo; nacionalidad de las víctimas; shows ofrecidos a los prostituyentes, y cierres y reaperturas antes o después de alguna inspección. Además de los roles de cada imputado dentro de la organización. Todo pormenorizado por la Justicia, en un expediente que comenzó en 2012 y aún no llevó a cabo ni una sola detención.

“Se empieza a demostrar que todo lo que dije es cierto. Porque la jueza le imputa a Percival exactamente las mismas cosas que yo denuncié. Lástima que hayan tenido que pasar siete años para que empiecen a indagar a los responsables”, señaló a PáginaI12 Lorena Martins, hija del ex agente de la ex SIDE acusado, a quien denunció en diciembre de 2011 ante el Ministerio de Seguridad, ya que la ley argentina impide a hijos/as querellar a sus propios padres. En esta causa, la querella está a cargo de la organización civil La Alameda. Las pruebas, de todas formas, fueron aportadas también por Lorena Martins y por los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría para el combate de la Trata y la Explotación de Personas (Protex).

Las contundentes 85 páginas de la acusación detallan que a Percival se le imputa “haber formado parte de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, mediante la implementación de locales comerciales catalogados como Bar/Café/Whiskería desde el día 10 de noviembre de 2010 hasta el día de la fecha, ello al menos en los locales de la Av. Juan B. Justo 5302, Vicente López 2257 y en Tomás de Anchorena 1119/21/23, de esta ciudad, los que pese a denominarse de distintas maneras y tener diversos 'gerenciadores' a los largo de los años, no han cambiado nunca su 'objeto comercial' ni grupo explotador final”.

Según un cálculo estimativo que hizo el juzgado, para el año 2006, entre los locales de Argentina y de México, las ganancias totales de la organización delictiva alcanzaban al año un total de 1,8 millón de dólares.

En el expediente están imputados, además de Martins -quien sería el líder de la organización - y su pareja, Estela Percival, Leandro Daniel Taboada, Mario Oscar Ozán, Cledi Presilla Coggiola y Guillermo Martín Soto. Todos fueron señalados en su momento por Lorena Martins. La mujer, además, siempre denunció que su padre puso una pata en la política, al financiar la campaña de Mauricio Macri en su carrera para jefe del gobierno porteño.

En su defensa, Percival presentó un escrito y se negó a responder preguntas. Según declaró gana 270 mil pesos por mes, sólo gracias a su puesto como encargada de un negocio de ropa y un restaurante. Según dijo, paga 40 mil pesos de alquiler. La mujer vive en un departamento de un condominio de lujo en Cancún, muy cerca de uno de los domicilios fijados por Martins. Sin embargo, las pruebas en su contra son contundentes. Empezando por la titularidad de las marcas de dos de los prostíbulos, que están a su nombre. Se trata “Anchorena SW” y “Anchorena Appart Hotel”. También figura como presidenta de una de las sociedades que explotaban algunos de los locales mencionados, bajo la pantalla de los rubros “restaurante, cantina y appart hotel” y “natatorio”. Además, constan en el expediente sospechosas donaciones millonarias y un contrato en el que Percival cobró importantes sumas en dólares, por parte de dos apoderados que hoy están procesados por el delito de lavado de dinero. Según la investigación, está acreditada “la realización de maniobras de esta índole (lavado de activos) en la medida que pudo corroborarse la creación de sociedades comerciales que servirían de vehículos para canalizar fondos de origen ilícito y que a su vez permitirían confundir el dinero lícito con el ilícito, situación que da pie al desarrollo de nuevas operaciones de apariencia legal”.

La semana que viene se cumplen los diez días hábiles tras la indagatoria a Percival, por lo que Servini de Cubría deberá definir su situación procesal. Seguramente, deberá tener en cuenta que en un principio se mantuvo prófuga, hasta que se presentó voluntariamente junto a su abogado en Comodoro Py.

Además de la explotación sexual de mujeres, el lavado de activos es otro de los delitos por los que están muy complicados Martins y los integrantes de su banda. La organización La Alameda le acercó al juzgado en los últimos días material propio de investigación en el que se detalla la ingeniería y el reacomodamiento financiero de Martins, sobre todo después de la muerte de su madre, quien -aseguran- era su testaferra. Según lo aportado por la Alameda hay numerosos indicios de la mecánica establecida para encubrir y blanquear sumas millonarias de dinero, cuyo origen debe buscarse en la recaudación de los prostíbulos de México y Argentina, algunos de ellos aún abiertos y en pleno funcionamiento.