Revés para el Gobierno
Fallo contra Argentina por la expropiación de YPF
La administración macrista le había pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que evaluara si el juicio sobre el caso de la petrolera debía realizarse en ese país o en Argentina. El tribunal rechazó la solicitud, lo cual devuelve la causa a la Corte del Distrito Sur de Manhattan.
Imagen: Pati-Jorh

La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un pedido elevado por el gobierno argentino para que evalúe si un juicio contra YPF debía realizarse en ese país. El rechazo del máximo tribunal estadounidense al cuestionamiento sobre la jurisdicción devuelve la disputa a la Corte del Distrito Sur de Manhattan. La demanda es impulsada por un fondo buitre británico de segunda generación que reclama por la expropiación de la mayoría accionaria de la petrolera en 2012. Los litigantes reclaman más de 1000 millones de dólares aunque fuentes del mercado estiman que un fallo adverso puede hasta triplicar ese monto. A pesar del revés judicial, los funcionarios consultados aseguran que existen instancias legales antes de una sentencia.

“El rechazo del pedido de revisión implica que ahora se inicia el juicio. La definición de la Corte Suprema de Estados Unidos solo determina la jurisdicción, o sea define que la disputa puede ser juzgada en los tribunales neoyorquinos y no acá como debería suceder”, indicó una fuente oficial. La causa avanzará así en el mismo tribunal donde se desarrolló la disputa con los fondos buitre. A cargo de la disputa está la magistrada Loretta Preska que se hizo cargo del tribunal a fines de diciembre de 2017, tras la muerte del juez Thomas Griesa.

La demanda contra la petrolera y el país por la expropiación de la mayoría accionaria de YPF está impulsada por la firma de abogados británica Burford Capital. A diferencia de los fondos buitre, los ingleses no presentaron bonos en default emitidos por la petrolera para abrir el reclamo. Burford Capital se hizo con los derechos para litigar que originalmente tenía el Grupo Eskenazi, accionista de la petrolera al momento de la expropiación. Los buitres de Burford no demandan en primera persona sino que lo hacen a través de dos firmas españolas que comenzaron a controlar después de su quiebra: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. La familia Eskenazi había utilizado esas empresas para administrar hasta un 25 por ciento de YPF. Los abogados británicos aparecieron durante el procedimiento de liquidación de las compañías en los juzgados españoles con el único fin de apropiarse de las firmas para litigar en las cortes norteamericanas. Así, cuando remató la quiebra, el síndico español cedió a los británicos el derecho de hacerle juicio al Estado argentino e YPF.

“La Corte Suprema de Estados Unidos ha declinado escuchar la apelación de Argentina e YPF en el caso Petersen, con el resultado de que los tribunales norteamericanos más bajos tienen definitivamente jurisdicción para tomar decisiones. El caso ahora regresará a la corte para comenzar los procedimientos preliminares”, indicó Burford a través de un comunicado donde destaca que “esto constituye una cadena ininterrumpida de victorias en las cortes”. A pesar del entusiasmo que despertó la decisión en el mercado, donde se observó un alza en la cotización de las acciones de la compañía, los británicos se atajan al señalar que “esta decisión está referida puramente a una cuestión jurisdiccional preliminar y no permite anticipar ningún resultado en el litigio”. La empresa aprovechó el impulso para vender el 10 por ciento de sus derechos en la causa a 11 fondos por un total de 100 millones de dólares. De esa forma, Burford solo mantiene el 61,25 por ciento de los derechos del juicio a los que se debe sumar la causa paralela denominada Eton Park. Al comercializar partes de las ganancias potenciales del juicio ya suman 40 los “inversores” que participan del reclamo. Así, sin siquiera obtener resultados legales definitivos la empresa logró ganancias significativas: compró la demanda por 15 millones en 2015 y ya logró vender partes por 235 millones de dólares. 

El experto en finanzas Sebastián Maril indicó que una estrategia judicial posible para contener los avances en la justicia estadounidense sería que Argentina e YPF soliciten a la jueza Preska la suspensión del caso hasta que el Tribunal Supremo de España difunda su decisión en una causa paralela a la que tramita en su juzgado. Otra alternativa, indica Maril, es comenzar un proceso de solicitud de información conocido como “discovery” que insumiría hasta 9 meses de presentaciones cruzadas. 

La demanda contra Argentina e YPF no es el primer intento de Burford Capital para cuestionar en los tribunales la recuperación de un activo del Estado nacional. Tras la estatización de Aerolíneas Argentinas, los abogados carroñeros británicos fueron los encargados de financiar la demanda iniciada por Marsans ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. Cuando el conglomerado español de turismo y líneas aéreas quebró, Burford se hizo con los derechos de la causa y financió al estudio King & Spalding para mantener el reclamo en el Ciadi. En mayo pasado, el dúo de buitres obtuvo un fallo favorable que ratificó la condena a la Argentina por la expropiación de la línea de bandera en 2008 que la obliga a pagar 320,7 millones de dólares a los vaciadores de Marsans.

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