Comienza un juicio por delitos de lesa humanidad
Torturas y abusos en el Chaco
Un ex fiscal y un ex penitenciario serán juzgados desde este jueves por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Los acusados son el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex agente penitenciario Pablo Casco.Los acusados son el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex agente penitenciario Pablo Casco.Los acusados son el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex agente penitenciario Pablo Casco.Los acusados son el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex agente penitenciario Pablo Casco.Los acusados son el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex agente penitenciario Pablo Casco.
Los acusados son el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex agente penitenciario Pablo Casco. 

En el Chaco comienza hoy el juicio al ex fiscal Domingo Mazzoni y al ex penitenciario de la cárcel U7 de Resistencia Pablo Casco por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en esa provincia. Se trata del sexto proceso oral y público de ese tipo que se llevará a cabo en el Chaco y por lo menos en su primer tramo compartirá desarrollo con la causa Ligas Agrarias, en la que hubo cuatro condenas y una absolución la semana pasada.

A Mazzoni se le imputan cinco casos de tormentos, abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público y de la obligación de promover la persecución penal. Por su parte, Casco está acusado de torturas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas en la Unidad Penitenciaria 7 durante la última dictadura. En la causa también figuraba imputado el ex juez federal Luis Angel Córdoba, pero falleció antes de la etapa oral del proceso, al igual que el ex secretario Flores Leyes. Ambos aparecen señalados –junto con Mazzoni– como el “sostén judicial” del dispositivo de terrorismo estatal que completaron los agentes policiales y militares en la región y que tuvo su epicentro en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco, hoy Casa por la Memoria.

Mazzoni y Casco habrían ofrecido “el aporte necesario para que el personal policial y/o militar pueda llevar adelante la ejecución de los delitos de tormento agravados, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, violaciones, sustracción de menores, violación de domicilio, que se demostró en la inacción de la Justicia Federal del Chaco, para llevar adelante una investigación en las distintas denuncias que llegaban a conocimiento de ambos, por parte de víctimas y de sus familiares, dando así un marco de impunidad”.

El 21 de mayo de 1974 Mazzoni fue designado secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia y tres días después prestó juramento para hacerse cargo de sus funciones. Después del golpe, el 28 de junio de 1976, fue nombrado –por decreto de la dictadura– fiscal federal ante el Juzgado Federal de primera instancia de Resistencia. Según desarrolló la acusación, Mazzoni y Córdoba “no llevaron a cabo de modo activo los tormentos ni las privaciones ilegítimas de libertad, sino que por sus cargos de fiscal y juez federal al momento de los hechos, revestían especiales deberes de protección frente a la libertad e integridad física de los detenidos al tomar conocimiento de los hechos denunciados y esta omisión debe serles imputada como si la hubiesen llevado de modo activo”. Los funcionarios judiciales llevaron adelante “múltiples omisiones de los deberes de promover persecución de los responsables de los delitos de lesa humanidad”.

En cuanto a Casco, los sobrevivientes lo conocen por haber sido uno de los jefes de guardia más violentos y duros. En junio de 1977, durante la guardia de Casco, una de las víctimas “recibió una sanción de treinta días que la cumplió en un pabellón de castigo, allí lo tenían desnudo, lo obligaban a bañarse con agua helada dos veces por día, dándole  una ración mínima de comida”.

Luego de la presentación que hará hoy el Ministerio Público Fiscal, la causa pasará a cuarto intermedio hasta agosto. Una vez terminada la feria judicial se retomarán las audiencias con los testigos: se estima serán entre diez y veinte. El tribunal quedó conformado por los magistrados Juan Manuel Iglesias, Selva Angélica Spessot, de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, y Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa. Juan Manuel Costilla ejercerá la defensa oficial de Mazzoni y Olga Mongeló hará la propio con César Casco. Los fiscales Federico Carniel, Horacio Rodríguez y Diego Vigay llevarán adelante la acusación del Ministerio Público. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco será representada por Duilio Ramírez, Paulo Pereyra y Silvina Canteros.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ