Durante la presentación en San Miguel del Monte de un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre el accionar violento de la policía local, desde antes de la masacre del 20 de mayo pasado, se detectó la presencia de dos presuntos policías de civil que habrían estado realizando una tarea de inteligencia. Ante la situación, la CPM tomó fotografías de esas dos personas y solicitó a las autoridades del gobierno bonaerense y de Asuntos Internos de la Policía que determine su identidad. En el informe se señaló que meses antes de la masacre, la intendenta Sandra Mayol había elogiado en forma pública un acuerdo con el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, para la realización en Monte de “operativos de saturación” con la participación de “grupos especiales” de la Policía Bonaerense, como el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la recién creada Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).
En el informe se resaltó, como datos negativos, “la exacerbación de la saturación policial” en localidades tranquilas y de pocos habitantes, como Monte, y la designación en puestos claves de “ex miembros de la fuerza policial entre los funcionarios encargados de la seguridad pública”. Tal el caso del expolicía y exsecretario de Seguridad de Monte Claudio Martínez, uno de los 11 detenidos por su responsabilidad en el encubrimiento del hecho en el que murieron Camila, Danilo, Gonzalo y Aníbal, y en el que resultó herida de gravedad Rocío. La CPM señaló que la designación de expolicías es “un claro indicio de la elección por un esquema que se asienta sobre las prácticas policiales violentas como modo de gestionar el delito y ejercer control sobre la población”.
En su discurso público, la intendenta Mayol se jactaba de la presencia del GAD, en Monte, “dos o tres veces por semana para hacer los llamados operativos de saturación”.
La CPM, luego de la masacre, realizó un muestreo mediante entrevistas a adultos y jóvenes de la ciudad. Los mayores señalaron que el accionar violento de la policía local estaba instalado desde antes del 20 de mayo. Los testimonios de los jóvenes son contundentes: “Siempre que los pibes andamos (por la calle) nos paran y alguno liga”; “Me agarran, me esposan y me llevan a la comisaría” por un supuesto robo que no había ocurrido; “Ahí Ferranti (un policía), me agarró del cuello, me apretó y me tiró al piso” y lo amenazó por pertenecer a una determinada familia.
La CPM concluyó en su informe que “una de las prácticas que se repite en varias de las entrevistas realizadas es la requisa ilegal de pertenencias”. En un pueblo tranquilo, sin altos índices de robos y violencia, durante 2018 fueron detenidos y llevados a la comisaría, sin motivo, 271 jóvenes, 42 de ellos menores de 18 años. De ese total, había 693 varones y 28 mujeres. Las detenciones incluyeron a 42 niños de entre 10 y 17 años.
El informe fue presentado en Monte, en la sede del Centro Tradicionalista Martín Fierro, con la presencia de familiares y amigos de las víctimas Los presentadores fueron Roberto Cipriano, de la CPM, y el sacerdote José “Pepe” Di Paola. En diálogo con Página/12, Cipriano dijo que en el acto ocurrió “un hecho gravísimo” porque entraron “dos personas con pinta de ser policías, obviamente de civil, que antes de empezar estaban parados en la esquina”. Algunos de los asistentes “los reconocieron como policías porque los habían visto en la comisaría”. Los dos entraron y se sentaron a escuchar lo que se decía durante la presentación. Se fueron cuando promediaba la conferencia de prensa y se subieron a un auto sin patente que los esperaba en las inmediaciones.
“Lo que nosotros pensamos que es un acto de amedrantamiento y hasta de espionaje ilegal en un acto chico, en el que había unas 80 personas”. La conclusión de que son policías surge también de la presencia en el centro de Monte de un auto sin patente, a las 12 del mediodía “con toda la policía que hay” en el pueblo. Cipriano recordó que el lunes pasado, a la noche, en la fallida interpelación a la intendenta Mayol, en el Concejo Deliberante “los familiares vieron a otros dos hombres en la misma actitud sospechosa”. Los familiares les tomaron una foto y “al otro día estaban en San Vicente, donde nosotros fuimos también en una marcha que se hizo por un pibe que apareció ahorcado hace un mes en una comisaría”. Ante esta situación le pidieron al procurador general de la provincia Julio Conte Grand y al titular de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra, “para que investiguen estos hechos y a las dos personas” que fueron fotografiadas.
