La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA) es una institución creada por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y sobreviviente del desguace que, mediante decreto y apenas asumido el cargo, Mauricio Macri le produjo a esa norma. El organismo fue intervenido el 28 de setiembre del 2018, y desde entonces se siguen produciendo irregularidades, se desconoce la labor realizada históricamente por la entidad, se atropella a los profesionales y se desplaza personal altamente calificado. El 30 de junio se provocó la salida de Santiago Marino quien dejó de ser Director de Análisis, Investigación y Monitoreo, después que se le recortaran funciones y se le prohibiera hablar en público sobre la tarea que venía realizando. Antes habían sido desafectados sin motivos fundados otros directores de larga trayectoria en la DPSCA.
Como sucede en otros órdenes de la vida económica, política y social, en materia de comunicación el gobierno encabezado por Macri mantuvo inalterable la lógica del doble discurso: se afirma que Argentina es un país donde existe plena libertad de expresión, desconociendo que se ha reducido considerablemente la pluralidad de voces y el acceso a la información diversa. Ello porque el gobierno impulsó medidas destinadas a desactivar los mecanismos legales e institucionales antes construidos para proteger el derecho a la comunicación de la ciudadanía. En contraposición se estimuló por todos las vías la concentración mediática privada, la desaparición de los medios opositores y el desfinanciamiento de los medios públicos, la censura de sus periodistas y la persecución de las trabajadoras y los trabajadores.
Pocos días después de hacerse cargo de la presidencia, Macri desguazó por decreto la ley de 26.522 y modificó la ley de Argentina Digital (27.078) para crear, mediante decreto 265/2015 el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Nunca se avanzó en la prometida ley de "convergencia digital", mientras se destruyó el sistema federal de medios públicos, se despidió masivamente a los trabajadores de la agencia estatal de noticias Telam y se generaron condiciones para la hiper concentración de la propiedad privada de los medios de comunicación bajo el argumento de la libertad de empresa. Simultáneamente el Estado, a pesar de estar obligado por ley, desfinanció a los medios opositores (los privó de publicidad oficial) y a los medios comunitarios les restó o directamente les quitó fondos que les corresponden legalmente.
La DPSCA, organismo dependiente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, siguió actuando de manera normal mientras estuvo vigente el mandato de la defensora Cynthia Ottaviano, hasta el 14 de noviembre de 2016. El día 29 de ese mismo mes, y ante la acefalia creada, la Bicameral encargó a la entonces Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, María José Guembe, para coordinar las actividades de la Defensoría y seguir adelante con los planes aprobados.
Sin embargo, y a pesar de que el equipo de la Defensoría mantuvo las actividades del organismo, el 26 de setiembre de 2018 la Comisión Bicameral decidió nombrar al abogado Emilio Alonso, persona sin antecedentes en materia de comunicación, vinculado al radicalismo y ex funcionario de la Presidencia, para hacerse cargo de las funciones "conservatorias y administrativas" por sesenta días. Ese mandato fue prorrogado luego hasta el 15 de marzo de 2019 y continúa hasta el momento mientras se sigue dilatando el nombramiento de quien debe ocupar por designación legislativa el cargo de Defensor o Defensora del Público.
Desde la asunción de Alonso se vienen constatando anomalías en la gestión de la Defensoría mientras se acumulan las denuncias por las irregularidades que incluyen la designación de una planta de funcionarios políticos al margen de las normas establecidas para hacerlo. El curriculum del propio Alonso nunca fue dado a publicidad, cuando con anterioridad los antecedentes de los responsables del organismo figuraban en la web de la Defensoría.
Una de las actividades centrales de la Defensoría desde su existencia han sido las capacitaciones. Desde setiembre de 2018 se incrementó paulatinamente el número de cancelaciones de capacitaciones programadas, siempre sin previo aviso pertinente a las contrapartes. En las que se realizan los profesionales a cargo están supervisados por funcionarios políticos puestos por la intervención. El Registro de Buenas Prácticas no se actualiza desde que fue intervenido el organismo a pesar de estar producidos los videos que dan cuenta de esas prácticas y pese al reclamo de los medios comunitarios ante las autoridades.
Otra acción que ha sido central para la Defensoría es la realización de Audiencias Públicas en todo el país, respondiendo a un mandato surgido de la ley. Desde que se inició la intervención no se realizó ninguna audiencia mientras que en los seis años precedentes se concretaron 24 en total. La intervención anunció que habrá una audiencia pública en agosto en Comodoro Rivadavia, pero aún no se inició el proceso de preparación que demanda por lo menos tres meses para garantizar participación ciudadana y ya se conoce que, de concretarse, no habrá transmisión vía streaming como se hacía habitualmente.
A lo anterior se suman otras irregularidades, incluyendo la incorporación al organismo de personas designadas en las categorías superiores y con altos salarios, mientras se argumentan graves problemas presupuestarios para continuar con las funciones y tareas asignadas.
