Una trabajadora del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) fue despedida el mismo día en que debía reincorporarse a su puesto laboral tras una licencia por violencia de género.

Luego de varias amenazas de sus superiores, la decisión de los funcionarios dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social fue justificada por "faltas abundantes y menor productividad", desconociendo la situación de vulneración de la mujer, madre de dos hijos, la legislación laboral vigente y los convenios internacional de trabajo.  

"El agravante es que el Estado la despide, cuando está obligado a garantizar un ambiente laboral sano y libre de violencia", advirtió Ernesto Zas, abogado de Paula Ferioli. "Exigimos la reincorporación de Paula para revertir esta medida ilegal y discriminatoria que priva de su fuente laboral a una madre soltera", insistió el letrado, poco después después de que los compañeros de Ferioli se manifestaran en las puertas del organismo. 

Paula, de 35 años, es abogada y madre de dos niños. Llevaba seis años trabajando en el INAES de manera precarizada, con contratos anuales, cuando en 2017 comenzó a sufrir violencia física y psicológica de parte de su pareja, de quien logró separarse, y a quien la Justicia le impuso una medida perimetral. 

"A partir de las consecuencias psicofísicas que sufrieron tanto ella como sus hijos, se vio obligada a pedir licencias médicas", explicó Zas, quien agregó que a partir de ese momento los funcionarios del INAES comenzaron a amenazar a Paula con la posibilidad de un despido. 

Discriminación y revictimización 

"Como primera medida de persecución, a diferencia de sus compañeros, no le renovaron su contrato anual y lo hicieron solo por tres meses", detalló el abogado de Ferioli. El primer contrato de tres meses se cumplió en marzo y fue renovado hasta junio pasado. En mayo, Paula presentó la denuncia hecha por violencia de género ante la Oficina de Violencia Doméstica y solicitó la licencia especial para ese tipo de situaciones. 

La licencia fue incorporada al convenio de trabajo en 2018 con los avales del ex Ministerio de Trabajo y los sindicatos UPCN y ATE. El derecho incorporado en el artículo 147 bis del convenio de los trabajadores estatales permite tomar una licencia de 15 días, prorrogable por otros 15.  Además, la Secretaría de Trabajo adhirió hace un mes al Convenio 190 de la OIT sobre acoso y discriminación en ámbitos laborales. 

Sin embargo, el 1 de julio, Paula no pudo recuperar su puesto de trabajo, su huella dactilar había sido eliminada del registro de admisión. Según denunció ATE,  Ferioli acudió ante el delegado de UPCN y al director nacional de Desarrollo y Promoción del organismo, Mario Uribe, quien le respondió, a los gritos, que no tenía constancia de la licencia por violencia de género y que "el despido lo decidieron otros". 

ATE también denunció que la funcionaria a cargo de Paula, Mirta López, les informó a sus compañeros de trabajo que el despido estaba justificado por "faltas abundantes y menor productividad" y les advirtió que "a todos se les termina el contrato en diciembre".

Ferioli tampoco obtuvo respuestas por parte del titular del INAES, Marcelo Collomb, que responde ante la ministra Carolina Stanley, a quien le solicitó una audiencia para discutir su situación pero no fue atendida. 

"Fue despedida sin explicaciones por los funcionarios del macrismo, que un mes antes suscribieron un convenio con la OIT contra el acoso y la discriminación en el ámbito de trabajo", advirtió el abogado.