El presidente de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), Miguel Discepolo, anticipó que desde este lunes 5 de agosto, todos los centros privados de diálisis del país se verán imposibilitados de recibir nuevos pacientes derivados por el PAMI. La medida surge ante la falta de respuestas positivas de las autoridades de la obra social de los jubilados, a los recurrentes pedidos de los nefrólogos con respecto a la actualización del arancel de los servicios, prácticamente sin aumentos significativos desde hace bastante tiempo.

Según le explicó Discepolo a Página/12, "este conflicto empezó en junio del 2017, porque cuando asumieron estas autoridades empezaron a manejar el Pami con una planilla de Excel. En este momento es tan grande el desfase entre lo que marca el arancel por cada prestación y el mínimo imprescindible que necesitamos sólo para asegurar la supervivencia de los centros que hay que aumentar un 50 % el valor. Parece una enormidad, pero algunas provincias lo están pagando, no desde el Pami, a nivel nacional, sino con financiamiento provincial".

 Ya en octubre del 2018, Página/12 daba cuenta de este problema

Discepolo informó que CADRA envió una carta documento a las autoridades del PAMI, expresándoles la gravedad de la crisis que afecta a los centros de diálisis del país, advirtiendo, además, que si no se actualizaba el valor del arancel, en agosto no estarían en condiciones de recibir nuevos pacientes del organismo. Y que en caso de persistir el conflicto, desde el 5 de septiembre próximo, se suspendería la atención de los pacientes en tratamiento, quienes seguirán recibiendo el servicio hasta que el PAMI indique la derivación.

"El martes 30 fuimos con otras cámaras prestadoras al Pami. Nos recibió Víctor López Monti, que nos dijo que no tenían ninguna novedad para nuestro sector y nos propuso constituir una mesa de diálogo para que, en un plazo de 60 días, se conforme un análisis de costos para determinar el valor de la prestación. Lo rechazamos de plano, porque ya no es el momento de sentarse para empezar a pensar. Este es un conflicto que lleva más de 700 días", contó Discepolo.

Ante este escenario, peligra la continuidad laboral de muchos centros de diálisis de todo el país, en donde se atienden más de 30 mil pacientes. "La diálisis es irreemplazable como práctica médica, porque incluso los pacientes que serán trasplantados necesitan dializarse hasta que los operan. Y si no hacen la diálisis, no es que corren riesgo, se mueren. Y ocupa mucha mano de obra especializada (un centro que atiende 100 pacientes tiene un mínimo de 40 empleados)", detalló Discepolo. 

Y concluyó: "Muchos centros de pueblos pequeños del interior cerraron, y sus pacientes fueron reabsorbidos por otros centros. Nos tenemos que hacer cargo de los traslados de los pacientes, nuestros insumos están en dólares, tenemos consumo intensivo de electricidad y agua en cada prestación... Sin reajustar razonablemente el valor de los módulos no podemos seguir. Y si el Pami no sostiene los tratamientos de diálisis, los centros se caen, porque de los 30 mil pacientes que tenemos en la actualidad, más de 11 mil son del Pami".