Las desigualdades basadas en el género y las políticas para revertirlas hoy están en el centro del debate político, tanto en Argentina como en América Latina. La regulación de las relaciones de género en un sentido de igualdad o, por el contrario, de jerarquización, es un nodo central de disputa política y esto es una novedad. En la actualidad estamos observando el avance simultáneo de dos proyectos sociopolíticos antagónicos. Por un lado, observamos la movilización de movimientos feministas y de colectivos que abogan por derechos de las mujeres y las sexualidades diversas, cuestionando profundamente los pilares del orden hetero-normativo y patriarcal. Por otro lado, se observa el avance y fortalecimiento de contra-movimientos que ponen en cuestión estos mismos derechos.

De esta manera, cuando los feminismos y sus aliados abogan por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, y los contra-movimientos se movilizan contra la ESI o “el derecho a la vida desde la concepción”, no se trata simplemente de una disputa entre “agendas de política pública” sino entre visiones el mundo que tienen consecuencias profundas para la democracia, porque afectan el contenido y la extensión de los derechos.

En este escenario, en Argentina llegamos a las elecciones de 2019 con dos novedades importantes. Primero, esta será la primera elección donde se ponga en juego la nueva ley de paridad de género. Si bien ya no hay espacio para incumplimientos sustantivos (como ocurrió en los primeros años de implementación del cupo femenino en la década de 1990), el escenario de las PASO evidencia la vigencia de lo que podemos llamar prácticas de “minimización” de los partidos: por ejemplo, las mujeres son una minoría en las primeras posiciones de las listas. Como lo revelan datos difundidos por el Colectivo Ojo Paritario, con la excepción de Tierra del Fuego, la mayoría de las listas de precandidaturas a la Cámara de Diputados son encabezadas por varones en casi todas las provincias del país. Incluso, en Formosa, Tucumán y Neuquén, ninguna lista es encabezada por una mujer. Otro dato elocuente: de acuerdo con un relevamiento reciente de la Red de Parlamentarias Mentoras, en la Provincia de Buenos Aires sólo una de cada cinco precandidatos a intendente es mujer.

La segunda novedad tiene que ver con el impacto de las movilizaciones de los movimientos de mujeres. El tratamiento y votación del proyecto de legalización del aborto formó un nuevo clivaje político, diferenciando a la ciudadanía y a los/las legisladores/as en dos grupos, a favor y en contra. Esto ha tenido consecuencias en la arena electoral y plantea un escenario novedoso para la representación sustantiva de las mujeres desde una agenda feminista. Quiero resaltar tres puntos:

1) Posicionamiento político de la agenda feminista. Hoy hay un electorado posicionado o atento al tema del aborto, que ya no puede ser obviado en la campaña. Creo que esta es una diferencia sustantiva con las elecciones pasadas.

2) Creación de candidaturas y partidos “celestes” que han logrado representación en provincias como Santa Fe. Más allá de su carácter todavía minoritario en términos numéricos, estos actores expresan a grupos religiosos y laicos que trabajan en distintas escalas, con fuerte presencia en algunos territorios golpeados por la marginación y la pobreza. Las formas y sentidos que cobra hoy este activismo, sus coaliciones políticas y sus vinculaciones transnacionales son un tema de investigación para profundizar.

3) El vínculo entre posiciones feministas e ideología partidaria no es lineal, sino que está mediado por procesos de politización de demandas, de agregación de intereses y de presión de actores y movimientos sociales, como lo demostró el debate sobre la legalización del aborto.

Este escenario plantea oportunidades para la praxis feminista, pero también grandes desafíos que todavía tienen un final abierto. Los avances generan reacciones, y hoy atravesamos un momento donde la disputa por el contenido y el alcance de los derechos afectarán los contornos de la ciudadanía, el papel del Estado democrático y la autoridad de la religión. En buena medida, el contenido de nuestra democracia se va a ver afectado por la manera en que los actores políticos (y en particular, aquellos del arco progresista) se posicionen ante esta disputa, donde están en juego nociones de ciudadanía, convivencia democrática y modelos de sociedad.

 

* Investigadora del Conicet y profesora en la Escuela de Política y Gobierno (UNSAM).