La intendenta Mónica Fein decidió ayer un paquete de medidas destinadas a reducir gastos en distintos rubros del ámbito municipal. Las medidas se tomaron para dar respuesta a la fuerte devaluación de la moneda local que se dio esta semana, el escenario de volatilidad de la economía nacional y la caída sostenida de la recaudación.
La poda de gastos se da en el marco de la política que lleva adelante el municipio para lograr un equilibrio de las cuentas. No obstante, ante la coyuntura actual y el proceso de transición que se viene llevando adelante, Fein consideró "imprescindible" establecer medidas complementarias de racionalización administrativa que permitan priorizar la asignación de recursos destinados al gasto social -asistencia alimentaria-, salud y a los servicios públicos indispensables.
"No existe margen para solicitar ningún esfuerzo extra de los contribuyentes, por lo que hay que revisar la política de erogaciones".
"En un contexto extremadamente delicado, en el que no existe margen para solicitar ningún tipo de esfuerzo extra de los contribuyentes, es necesario revisar la política de erogaciones establecida por el municipio hacia los últimos meses del presente año", se explicó desde la Municipalidad, y se añadió: "Entendemos que la adopción de medidas correctivas oportunas permitirá la concreción de los objetivos establecidos con anterioridad y el cumplimiento de los compromisos asumidos".
Las medidas puesta en marcha por el municipio son las siguientes:
- Se suspenderán todas las licitaciones de obra pública que no hayan comenzado a la fecha
- Se reducirán las contrataciones de vehículos, servicios y horas adicionales no aplicadas a tareas imprescindibles.
- Se someterán a análisis los mecanismos de ajuste automático de los contratos de servicio y obras públicas.
- Se suspende todo nuevo contrato y compra de bienes de capital.
- Se dispone el congelamiento de los salarios de todo el gabinete y personal político.
- Se sostendrán los programas de fomento al consumo como Precios Justos.
- Se creará una comisión para el seguimiento de variables financieras, económicas y sociales, integrado por las áreas municipales que mayor impacto presupuestario evidencian.
Dichas medidas permanecerán vigentes desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial hasta el final del mandato, el próximo 10 de diciembre.
A diferencia de otros municipios y comunas, Rosario y la ciudad de Santa Fe, no reciben el Fondo de Obras Menores. Esos municipios están reclamando a la provincia que les permita utilizar la totalidad de esos recursos -específicamente afectados a obras públicas- para poder afrontar el pago de salarios. Además han tramitado adelantos de coparticipación sobre los que aún no hay respuestas.
Ayer, el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione calculó en más de 2.700 millones de pesos el costo fiscal para Santa Fe de las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri y reiteró que le están reclamando a la nación 5.800 millones producto de la compensación por el déficit de la Caja de Jubilaciones.
