Temas de debate: Cómo negociar con el organismo para despejar el horizonte
¿Qué hacer con el Fondo?
Los vencimientos con el FMI son de apenas 2000 millones de dólares en 2020. Sin embargo, en 2022 y 2023 se concentran pagos por 45.600 millones. La clave pasa por extender los plazos.

Producción: Javier Lewkowicz


El FMI tiene la llave

Por Nicolás Segal *

Luego de las elecciones primarias, la economía argentina ingresó a una coyuntura de inestabilidad. La suba del dólar en un 25 por ciento aceleró la inflación, que se encamina a un 55 por ciento promedio para 2019 si no hay nuevas disrupciones cambiarias. Pero ese escenario no está garantizado. Aunque la restricción de importaciones corrija la cuenta corriente, la espiralización puede fomentar una dolarización que comprometa las reservas del BCRA más allá de su poder de respuesta.

La situación expone la debilidad de la política macroeconómica implementada por Cambiemos. En su fase de auge, los dos pilares del modelo macro fueron la completa desregulación del sector externo y el endeudamiento en moneda extranjera, destinado a financiar un déficit al que se le imprimió una orientación social regresiva. Ante la primera salida masiva de capitales que ese esquema enfrentó, entre abril y septiembre de 2018, el gobierno sólo pudo alcanzar una estabilidad precaria con el auxilio del FMI.

Sin que las debilidades estructurales de la economía estuvieran resueltas y con un nivel de tipo de cambio real que no detenía la fuga de divisas, la campaña electoral del oficialismo en estas elecciones primarias agregó un factor de incertidumbre. Se construyó una imagen distorsionada de los planes de la oposición y de su postura respecto a la deuda contraída por la actual administración. Eso alineó incentivos en favor de una devaluación abrupta, luego del contundente resultado en favor del Frente de Todos.

Mientras que al gobierno en retirada no le queda otra tarea que contener la carrera de postas entre precios y tipo de cambio, puede advertirse que el FMI será el factor decisivo para la trayectoria de la economía argentina. Su posición sobre los términos del acuerdo abre senderos que conducen a diferentes equilibrios.

El horizonte más perjudicial es el que actualmente descuentan los mercados financieros: los bonos soberanos tienen una curva de rendimientos invertida y muy pronunciada, bajo la presunción de que el Estado enfrentará problemas para pagar los vencimientos de su deuda en el corto plazo.

Sin embargo, las expectativas negativas de los acreedores privados para los próximos dos años tienen un importante componente de autovalidación. Los vencimientos con el Fondo son de apenas 2000 millones de dólares en 2020 y 6000 millones en 2021. La mayor parte (45.600 millones) se concentran en 2022 y 2023. A su vez, el tipo de cambio real se encuentra en el nivel histórico previo a la crisis de 2008, compatible con el superávit del sector externo. Si la Argentina tiene que pagar un excesivo costo por refinanciar su deuda privada, la percepción del riesgo puede acelerar episodios de stress financiero. Por el contrario, si el costo de refinanciación baja, no hay otros factores estructurales de gravedad que condicionen los primeros dos años de mandato del próximo gobierno.

La llave para transitar el sendero hacia un equilibrio virtuoso está en manos del FMI. Una renegociación de los abultados vencimientos de 2022 y 2023 despejaría la incertidumbre financiera inmediata, habilitando la refinanciación con acreedores privados. Una regulación razonable del sector externo, que reduzca la volatilidad cambiaria, junto con algo de espacio fiscal para una combinación más progresiva de gastos y recursos, permitirían que la Argentina vuelva a crecer y a generar empleo.

El Fondo hizo una fuerte apuesta por el oficialismo al conceder el préstamo más grande de la historia del organismo, con un 90 por ciento de desembolsos durante el mandato de Macri y casi la totalidad de los pagos después de 2019. La apuesta se redobló con la ampliación del préstamo, la flexibilización al uso de reservas, la discrecionalidad cambiaria y la ampliación del gasto. Finalmente esa apuesta fracasó tanto en sus objetivos económicos como en sus resultados políticos. Las condiciones para el crecimiento de un nuevo modelo económico, cuya virtud ya ha sido probada en la historia argentina, exigen del FMI mucho menos que las holgadas concesiones que el organismo otorgó al modelo de Cambiemos.

* Economista ITE – Fundación Germán Abdala.


Renegociar el acuerdo

Por José Fernández Alonso **

A semejanza de lo ocurrido con la mayor parte de los presidentes que asumieron desde la vuelta democrática en 1983, el mandatario que inicie su gestión en diciembre próximo deberá afrontar un escenario condicionado por la problemática de la deuda soberana. Una vez más, y cual manifestación de la noción borgiana de la circularidad del tiempo (y de las ruinas), ciernen incertidumbres sobre las capacidades del país para honrar sus compromisos financieros externos. No obstante, esta idea sobre la encerrona inquebrantable que impuso -e impone- la cuestión de la deuda sobre las administraciones nacionales al momento inicial, no implica de modo alguno desconocer la particularidad del complejo de desafíos que cernirá sobre la futura gestión.

Al respecto, conviene advertir que a diferencia de lo experimentado por Mauricio Macri al inaugurar su período presidencial en diciembre de 2015, la “espada de Damocles” que supone la deuda soberana sobre la democracia argentina resulta agravada no sólo por la dimensión tanto en términos absolutos como relativos que la misma cobró durante los últimos años, sino también por el reposicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) como principal acreedor del país. Lejos de tributar a procesos históricos cuyos orígenes se pierden en tiempos remotos, ambos condicionantes, intrínsecamente conectados entre sí, son resultantes de la estrategia de inserción financiera internacional de la administración Macri basada en la búsqueda de reputación promercado. Fue precisamente la implementación de tal estrategia en los días iniciales de la gestión la que urgió el arreglo con los holdouts y el regreso de las misiones del organismo con el propósito de supervisar las cuentas nacionales del país en correspondencia del afamado artículo IV del Convenio constitutivo del organismo. Lo propio puede decirse respecto a la propia decisión de solicitar el stand-by en plena crisis financiera de abril/mayo de 2018. Altamente costosa en términos simbólicos para buena parte de la sociedad argentina, la apuesta por recurrir nuevamente al Fondo suponía una ratificación de la voluntad del gobierno en ganar/recuperar reputación ante los mercados.

A casi año y medio de aprobación del crédito de 50.000 millones de dólares -ampliado meses más tarde a 57.100 millones-, todos los incentivos que lo habían habilitado se han desvanecido. Por una parte, los resultados electorales de las PASO han revelado el menguado apoyo electoral a la continuidad de la administración Macri. Por el otro, la salida de Christine Legarde del Fondo para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) y la incertidumbre respecto a la persona que la sucedará deja al organismo en una suerte de deriva institucional. En efecto, no existe de momento la urgencia de sostener a un gobierno promercado que no consiguió el respaldo electoral, ni tampoco de evidenciar un organismo diferente, más atento a las demandas y particularidades de cada Estado miembro.

En este contexto de incertidumbre, se impone pensar sobre los cursos de acción alternativos respecto a la inserción financiera internacional del país, y de la relación con el FMI, en especial.

De modo general, deviene imperioso desarticular la estrategia de inserción financiera por reputación de la administración, la cual ha conducido a un nuevo ciclo de endeudamiento nacional y a un entrampamiento de demandas incrementales por parte de “los mercados” y del Fondo, en especial, en tanto garante de los capitales transnacionales. Por otra parte, resultaría necesario encarar una renegociación del acuerdo con el organismo desde una posición de defensa de las demandas de la sociedad, sobre todo de los sectores populares. Tal postura de negociación de ningún modo debe ser interpretada o asimilada como de intransigencia u obstinación, sino -simplemente- como una defensa de las necesidades del país y de la gobernabilidad de la gestión venidera, al considerar que casi el 80% del crédito ya fue desembolsado y las obligaciones de devolución se acumulan dramáticamente a partir del año próximo. Tal negociación bien podría concluir en la reconfiguración del acuerdo stand by en un servicio ampliado, con plazo de devolución más extendidos en el tiempo y con metas que concilien capacidad de pago con crecimiento.

** Investigador Asistente CONICET - docente Universidad Nacional de Rosario (UNR)

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