Le faltan cuatro meses como ministro de Seguridad de la provincia, por
eso es difícil pensar que Maximiliano Pullaro cambie la manera de
conducir la estratégica cartera a su cargo. Como lo hizo desde un
principio, eligió esta semana salir para adelante cuando no tuvo
demasiadas respuestas al ser consultado por la marcha de las
investigaciones destinadas a dar con los responsables de la bala
perdida que terminó en la cabeza de Benjamín Biñale, el pibe de 8 años
que milagrosamente se recupera en el hospital Vilela y que fue herido
en la canchita de Pablo VI cuando se disponía a ingresar al partido.
Como en otras oportunidades, Pullaro culpó a los jueces a los que
además, amenazó con "vigilar" desde su banca de diputado provincial
que ocupará desde el próximo 10 de diciembre. En esta ocasión, desde
el Colegio de Magistrados prefirieron ni contestarle, pero sí los
magistrados rumian su bronca off de record con los periodistas que los
llaman para buscar la réplica. "No tiene sentido alimentar un debate
que no conduce a nada y que es lanzado por el ministro con la
intención de no hacerse cargo de las graves cuestiones que suceden en
su ámbito", bramaron.
La tentación del argumento de la demagogia punitiva creció con el
gobierno de Cambiemos y su ministra Patricia Bullrich que va de
defender a policías que matan sin sentido y fuera de la ley (el caso
Chocobar y el más reciente que le quitó la vida de una patada en el
pecho a un ebrio en plena vía pública); a insultar a quienes le
recriminaron en Uruguay por el caso Maldonado. Imagínense lo que
hubiera pasado en la prensa si se hubiera tratado de la reacción de un
ministro kirchnerista.
Pullaro se entendió rápido con este lenguaje y decidió hacer oídos
sordos a las críticas y recurrir a argumentos que ya suenan gastados.
Si se lo interroga por la corrupción policial responde: "Acá no se
cubre a nadie, el que las hace las paga". Si le preguntan por alguna
estadística -como sucedió a partir del caso de Benjamín que se supo que
son 16 los niños baleados en Rosario desde que comenzó el año- no duda
y dispara: "No escondemos los números, aunque nos perjudiquen". Y
cuando se ve un poco más complicado se descarga contra la Justicia, a
la que tilda de blanda con los delincuentes. Por lo menos evita
decirles "garantistas", hasta ahora por lo menos.
La pregunta es si ese puede ser el tono de la política pública de
seguridad de un gobierno socialista que, además, perdió las elecciones
por ese tema clave mal abordado y con resultados espantosos para la
sociedad de esta provincia. Pullaro habla como un campeón, pero la
verdad marca que no ganó nada por más que haya tenido todos estos años
un presupuesto como nunca tuvo Santa Fe para atacar este flagelo.
Pero se entiende por qué lo eligió el gobernador Miguel Lifschitz y
por qué ahora lo premió poniéndolo en un lugar expectante en la lista
de diputados provinciales que resultó la más votada en los últimos
comicios provinciales. Pullaro tuvo la audacia de postularse para un
cargo en el que es imposible salir bien parado, y eso se lo valoró
Lifschitz a la hora de designarlo. Luego levantó tanto su perfil que
permitió que el gobernador ni siquiera tenga que hablar de temas tan
desagradables como asesinatos, narcotráfico y delitos corrientes. A
tal punto que en las decenas de focus group que hizo el socialismo
para estas elecciones, Lifschitz no aparecía ni tangencialmente
vinculado al grave problema del crimen organizado en Rosario y la
provincia. Sí resultaba mencionado el candidato a gobernador Antonio
Bonfatti, que atravesó la peor de las tormentas en ese sentido durante
su gestión.
La relación con el gobierno nacional también influyó en el perfil del
ministerio. Las cosas no habían empezado bien con la triple fuga de
los hermanos Lanatta que tuvo en vilo al país durante 72 horas
corriendo por los campos santafesinos como si se tratara de una de
esas historias del crimen de los Estados Unidos. Ahí comenzaron las
sospechas que fueron rápidamente superadas cuando el ministerio
santafesino se subordinó totalmente a los dictados de Bullrich, que en
estos años no se privó de venir a Rosario y a la provincia a hacer
anuncios rimbombantes sobre detenciones que, a las pocas horas, tenían
que ser revistas por los jueces y fiscales por la debilidad de las
pruebas.
Ahí es donde se puede ver el oportunismo de Pullaro de culpar a una
Justicia que demostró ser eficaz en el armado de casos muy importantes
-por ejemplo el de las balaceras que la tuvo como víctima de los
ataques- y que dio con pistas que sí pudieron llegar a buen término,
como fue la detención de Esteban Alvarado, un verdadero peso pesado
que estaba fuera del radar de la policía y oculto tras los laureles de
Los Monos a los que resultó muy fácil atribuirle todo lo que pasaba.
Para ese caso los fiscales trabajaron aislando a policías infiltrados
dentro del propio Ministerio de la Acusación y se llegó al arresto del
capo narco sin avisar a los jefes policiales por temor a las
filtraciones. Por eso fue la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) la
que intervino. Y se sabe lo que se sabe de este caso porque uno de los
agentes no dudó en tirarse al río para rescatar el telefóno celular
que Alvarado había arrojado al agua.
Los fiscales en Santa Fe trabajan bajo presión no sólo por los casos
en los que intervienen -basta recordar qué fue del destino de los
fiscales que en su momento investigaron al propio Pullaro o los que se
metieron con quienes estafaban gente a través de campos y propiedades
en distintos lugares de la provincia-; sino que además raramente son
defendidos por sus jefes. Ese es otro tema interesante, porque el
fiscal general Jorge Baclini tiene mandato hasta el 2021, pero ha
actuado tan cerca de los designios del Poder Ejecutivo actual que ya
en el entorno de Omar Perotti no tienen confianza en el funcionario
para el futuro.
Con todo, Pullaro le repite a quien quiera oír que deja al próximo
gobierno "una policía mejor". Aunque ya nadie recuerde el nombre de
los jefes ni sepa a ciencia cierta qué porción de la fuerza está de un
lado y otro del delito.
