Cuatro concejales del radicalismo de Tucumán presentaron una denuncia contra el empresario agropecuario y ex candidato de Cambiemos que, al igual que otros productores oficialistas, les ofreció a sus empleados un bono de 5 mil pesos en caso de que el presidente Mauricio Macri llegue a una eventual segunda vuelta electoral. El denunciado es Gonzalo Blasco y se lo acusa de violar el artículo 139 del Código Electoral. También se presentó un pedido de juicio político a un legislador del PRO que, en la misma línea, prometió dinero a cambio de votos para Macri.

"No se trata solo de la conducta delictual del denunciado Blasco, sino que hay una organización mafiosa de empresarios agropecuarios dispuestos a esta práctica antidemocrática al amparo de funcionarios nacionales", señalan en la presentación Benjamín Zelaya, Francisco Maximiliano García, Lucas Avila Cerusico y Pedro Rafael Albornoz Piossek, concejales de Yerba Buena.

El empresario Gonzalo Blasco.

El artículo 139 del Código Electoral prevé una pena de prisión de uno a tres años a quien "compeliere a un elector a votar de manera determinada".

"Aunque se trata de actos presuntamente cometidos en el ámbito privado y reconocidos expresamente en distintos medios periodísticos por el propio denunciado, no es menos cierto que los hechos denunciados tienen una entidad propia, cuyos efectos alteran la libre voluntad de los electores", detallan los concejales radicales. "Las irregularidades denunciadas tienen una gravedad tal que ameritan que se investigue la posible comisión de delitos electorales de acción pública", advierten.

Además, enfatizan en que "no se requiere la participación directa del candidato, sino que también se configuraba el ilícito cuando intermediaban otros agentes, como encargados de la campaña. El objetivo de las normas electorales es preservar la voluntad de los votantes, concretar la soberanía popular mediante sufragio secreto sin interferencias".

El empresario Blasco contó, primero en un audio de WhatsApp en el que invitaba a imitarlo, y luego en diálogo con este diario , que se juntaron "unos cuantos productores" y acordaron "pagar un bono de 5 mil pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta”.

Ante el escándalo que despertó la oferta de dinero por votos, el ruralista no hizo más que defender su decisión en público. "Nosotros en el interior de Tucumán convivimos tanto con los vecinos, como con empleados que son amigos y muchas veces vienen y nos manifiestan que el peronismo provincial o incluso el nacional les oferta contratos, les dan bolsones, les dan distintas cosas para comprarle el voto a la gente que vive tanto en la capital como en el interior de la provincia", se justificó Blasco.

En la denuncia, los radicales hacen hincapié en que "el elector tiene derecho a guardar el secreto del voto, constituyendo uno de los mecanismos más eficaces para tutelar la libertad del elector, y consecuentemente, en orden a garantizar la sinceridad de su acto". La Jusiticia Electoral tucumana deberá resolver qué responsabilidad le cabe al productor macrista.

Además de haber sumado a otros empresarios agropecuarios, Blasco consiguió el apoyo de otras figuras del oficialismo. El empresario y legislador del PRO Luis Brodersen confirmó que también les dará un bono de 5 mil pesos a sus empleados de Tarjeta Premier, siempre y cuando Macri acceda al ballottage.

El legislador Ariel García presentó una cuestión de privilegio en la Legislatura de Tucumán para iniciarle un juicio político y sacarle los fueros a Brodersen. "Claramente el legislador Brodersen utiliza el ardid, engaño, astucia, para inducir a sus empleados a votar al candidato Macri en las próximas elecciones", destaca el escrito al que también accedió PáginaI12 y remata: "De esta manera, se encontraría violando una norma tipificada en nuestro Código Nacional Electoral. Hace apología del delito al incitar a otros a imitar su actuar delictivo".

En diálogo con este diario, García dijo que esta práctica “es la prueba del asco que le produce al macrismo que la gente no los vote. No se hacen cargo de sus errores y culpan a los argentinos, en este caso a los tucumanos, por no haberlos elegido”. Consideró que “es una vergüenza para el Poder Legislativo que un parlamentario haga apología del delito y viole las normas que garantizan la libertad de elección del pueblo”.

"Este legislador durante toda su gestión no hizo más que vapulear la honorabilidad de esta Cámara, y de sus integrantes. Ahora viene a decorar su actuar con la comisión de delitos para terminar de demostrarnos que su forma de hacer política es jugar con las necesidades de un pueblo que busca desesperadamente salir de esta crisis en la que se encuentra sumido", cierra el escrito del legislador.

Informe: Antonio Riccobene.