El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref), la Red de Migrantes y Refugiadxs y otras doce organizaciones e instituciones presentaron ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) un informe sobre la situación de las personas migrantes en Argentina y denunciaron el retroceso del Estado en materia de políticas migratorias.
Desde el 2 hasta el 11 de septiembre, Argentina será evaluada por el Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU en Ginebra. En este espacio, Horacio García, director de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), anunció que decidió levantar la prohibición de regreso al país de Vanessa Gómez Cueva, una mujer peruana con más de 15 años de residencia que vivía con sus tres hijos y que fue expulsada de Argentina en febrero con el menor de sus hijos.
Raísa Ortiz Cetra, integrante del equipo de trabajo internacional del CELS, expuso ante el Comité y celebró la decisión de la DNM. Sin embargo, criticó que “el Estado no pudo reconocer que hay muchas otras Vanessas y que hay que poner en práctica un mecanismo permanente de evaluación y revisión de las expulsiones que ya se efectivizaron y de las que están por ejecutarse”.
Según el informe presentado ante el Comité, los cambios normativos que habilitó el decreto N°70/17 que modifica la Ley de Migraciones generan la “criminalización de personas migrantes” y “están resultando en la separación de familias”. “El Estado tampoco pudo reconocer que el DNU es inconstitucional, tal como lo declaró la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal”, precisó Ortiz Cetra.
La integrante del Cels señaló que el decreto “viola el debido proceso y el derecho a la defensa” y limita “el derecho a la unidad familiar”, como sucedió en el caso de Gómez Cueva. “A la vez, el Estado argentino tampoco pudo reconocer que hay una situación de persecución policial y de violencia institucional diaria en contra de personas migrantes de origen afro”, agregó.
