La Defensoría del Pueblo bonaerense respaldó la propuesta de la Pastoral Social y se sumó, al igual que los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, al pedido para que el gobierno declare la emergencia alimentaria y nutricional, en este caso en todo el país.
“En el Gran Buenos Aires llegamos a una situación límite y angustiante donde el 17,7 por ciento de los niños y niñas bonaerenses sufre inseguridad alimentaria”, advirtió Guido Lorenzino Matta, defensor del Pueblo bonaerense. “Se necesita un programa de corto y largo plazo para contener esta situación”, alertó. El ombudsman coincidió con el documento de la Pastoral Social que advierte que “es urgente implementar una canasta básica de primera infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente”.
