En un nuevo capítulo respecto al pedido de desalojo del tambo La Resistencia (foto), luego que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declarara "inadmisible" el recurso interpuesto por el tambero para evitarlo, desde Ciudad Futura realizaron ayer una serie de presentaciones para que el poder judicial provincial se atenga al cumplimiento de la ley y ordene la suspensión definitiva del desalojo.

"En una inexplicable resolución la Corte Suprema de la provincia se desdice sin explicaciones de lo que la misma Corte había fallado hace 3 años, activando nuevamente un conflicto que podía encaminarse hacia una solución de fondo y ahora vuelve a foja cero", plantearon.

"Nos dedicaremos de ahora en adelante y con todas nuestras fuerzas, a que el caso del tambo sirva para hacer operativa esta ley en todo el territorio nacional. Y si hay que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se llegará", adelantaron.

A través de un comunicado de prensa, desde Ciudad Futura señalaron que "las leyes con las que se dictaron las primeras sentencias cambiaron y ahora protegen más aún a procesos como los del tambo. Y son esos derechos los que hoy están siendo vulnerados por el Poder Judicial", en alusión a tres leyes vigentes: La ley provincial 13.334, que protege al pequeño productor rural e impide su desalojo, la ley nacional 27.118, que defiende a la agricultura familiar de los despojos y, la recientemente sancionada ley de barrios populares, que no sólo frena por 4 años los desalojos de los inmuebles que forman parte del registro confeccionado por esa misma ley, sino que declara a esos lotes de interés social sujeto a expropiación.

"Tanto los lotes del tambo, como los de todas las familias de Nuevo Alberdi están incluidos en el registro que contiene la ley que se aprobó por unanimidad el Congreso de la Nación. Esta ley nacional que peleamos largamente los movimientos populares en Argentina no sólo protege del desalojo sino que además le da nuevos derechos a los poseedores, reconociéndoles su permanencia en un lugar y formalizándolos a través de un registro oficial (el RENABAP)", recuerda el texto.