La propuesta, que se terminó de elaborar tras una reunión entre el gobernador salteño e integrantes de la Corte de Justicia de la provincia, fue ingresada hoy al Senado para su tratamiento.

Según informó el gobierno provincial, el proyecto prevé que los juicios por jurados populares se aplicarán solo en el ámbito de la justicia penal, en casos específicos de homicidio agravado y abuso sexual seguido de muerte, delitos establecidos en los artículos 80 y 124 del Código Penal.

La función de los jurados populares es decidir en un juicio penal si una persona acusada por un fiscal de la comisión de un delito es o no culpable. La iniciativa establece que el jurado se compondrá de 12 ciudadanos titulares y sus suplentes, los cuales surgirán de una nómina anual.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, contó a Salta 12 que el Gobierno está “trabajando con la Corte en base a un proyecto que iniciaron los miembros de este tribunal. Varios de los jueces de Corte viajaron a Mendoza a ver cómo funciona”, relató.

El documento “toma en cuenta diversas fuentes del derecho argentino, considerando las posibilidades y realidades actuales de la provincia”, anunció el gobierno en un parte de prensa.

El juicio por jurados, previsto en la Constitución Nacional, se aplica en Mendoza, Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Córdoba. El antecedente más reciente es el de Mendoza, provincia que visitaron el presidente de la Corte salteña, Guillermo Catalano, y el juez Pablo López Viñals. Los funcionarios fueron invitados a presenciar audiencias de un juicio para analizar la experiencia.

“Estamos interesados en la implementación del nuevo sistema y en todas las aristas del tema. Ahora funciona en Córdoba y también en Buenos Aires pero el más moderno para la provincia de Salta es el de Mendoza ", dijo Catalano.

Desde la Asociación de Pensamiento Penal en Salta, el abogado José Lazarte, dijo a Salta 12 que los jurados populares deberían aplicarse no solo en la justicia penal sino también en otros casos que atañen a lo civil, o que involucran delitos ambientales.

Lazarte sostuvo que Pensamiento Penal ve como positiva la decisión “dada la crisis que tiene desde hace tiempo el Poder Judicial”. Consideró que los cuestionamientos a la justicia penal suscitaron la reestructuración del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) incidieron también para que se presentara esta iniciativa: “Entiendo que viene por ahí también la propuesta del gobernador para impulsar el juicio por jurados. Que empecemos por los jurados ciudadanos es una forma de que empecemos a involucrarnos en la justicia misma”, sostuvo.

El gobierno expuso que “evalúa desde hace varios años la introducción del sistema de jurados populares en el ámbito de la justicia penal”.

En 2018, la secretaria de Justicia de la provincia, Carina Iradi, había dicho que la implementación de este sistema, pese al interés, se demoraba por razones presupuestarias debido a la coyuntura económica de los últimos años.