Denuncia de organismos de derechos humanos en Mar del Plata
Un premio para militares que ocuparon parte de un sitio de la memoria
El intendente Arroyo le cedió un predio lindero al Faro de la Memoria a una asociación civil liderada por un militar que actuó durante la dictadura. La Asociación Piedrabuena ya venía explotando comercialmente el lugar en forma irregular.
El predio en cuestión tiene 17 mil metros cuadrados y el municipio cobra un canon irrisorio de 6 mil pesos.El predio en cuestión tiene 17 mil metros cuadrados y el municipio cobra un canon irrisorio de 6 mil pesos.El predio en cuestión tiene 17 mil metros cuadrados y el municipio cobra un canon irrisorio de 6 mil pesos.El predio en cuestión tiene 17 mil metros cuadrados y el municipio cobra un canon irrisorio de 6 mil pesos.El predio en cuestión tiene 17 mil metros cuadrados y el municipio cobra un canon irrisorio de 6 mil pesos.
El predio en cuestión tiene 17 mil metros cuadrados y el municipio cobra un canon irrisorio de 6 mil pesos. 

Organismos de derechos humanos y asociaciones civiles de Mar del Plata le exigieron al Concejo Deliberante del municipio costero que rechace un acuerdo que el intendente Carlos Arroyo firmó con la Asociación Civil Centro Recreativo Comandante Luis Piedrabuena --que preside Augusto Menecier, suboficial de Inteligencia Naval durante la dictadura-- para otorgarle un permiso de uso y explotación de un predio lindero al Faro de la Memoria "que establece condiciones escandalosas". Se trata de casi 17 mil metros cuadrados con vista al mar que son patrimonio del Estado municipal y que la Asociación Piedrabuena explota comercialmente hace cinco temporadas turísticas sin pagar impuestos y a cambio de un canon irrisorio de 6600 pesos mensuales, menos de lo que vale alquilar un monoambiente en esa ciudad.

"Con este acuerdo, la intendencia está premiando a una asociación de ex suboficiales que está cometiendo hace años el delito de ocupar y explotar ilegalmente un espacio que tiene un valor cultural y ambiental muy importante y que, además, forma parte de un Sitio de Memoria", resumió Karina Huarte, referente del Colectivo Faro de la Memoria. En diálogo con PáginaI12, Huarte explicó que el convenio firmado por Arroyo con la Asociación Piedrabuena "sólo se explica por la relación de amistad entre el intendente con estos sectores" y "legitima 30 años de ocupación ilegal y garantiza que esa situación continúe, por lo menos, por cinco años más". "Es muy fuerte para nosotros que esta gente ocupe este predio, cuando fueron parte de una dictadura que, a unos pocos metros, torturó y desapareció a tantos compañeros. No podemos creer que se siga avalando a estos sectores y entregándoles bienes de dominio público", aseveró.

El llamado Acuerdo Piedrabuena se firmó en marzo de este año y puso en suspenso el juicio de desalojo que la gestión del ex intendente de General Pueyrredón Gustavo Pulti había iniciado en 2014 contra la organización encabezada por Menecier. El desalojo había sido impulsado tras verificar que la Asociación Piedrabuena explotaba el camping "La Cabaña" (con una capacidad para 400 personas) en el predio municipal, sin pagar un canon al Estado ni contar con una habilitación para la actividad. Además, hasta la fecha, la Asociación Piedrabuena alquila el predio para la instalación de cartelería publicitaria. "El convenio es a todas luces antijurídico", aseveró Soledad Arenaza, coordinadora de MAR, una de las organizaciones que vienen impulsando el reclamo por la recuperación del predio y que elaboró el informe con los detalles del acuerdo que fue presentado al Concejo Deliberante.

El escrito de MAR explica que el terreno en cuestión está valuado en más de 11 millones de pesos y que el canon mensual que estableció el municipio es de 6666 pesos, ajustado a la inflación anual. "Según lo establecido por ley, el canon mensual debería ser de 98.358 pesos", señala la organización, en referencia al decreto 9533 que establece que el canon abonado por la explotación de un bien de dominio del Estado no puede ser inferior al 10 por ciento de la valuación fiscal vigente en cada uno de los años de concesión. En paralelo, el informe agrega que el acuerdo firmado "nada dice respecto de la responsabilidad por el pago de los impuestos y tasas que pudieran encontrarse adeudados desde el año 2014 a la fecha, omisión que podría interpretarse como una condonación impositiva".

"La concesión del municipio es suspender el pedido de desalojo y la concesión de la asociación es reconocer que el predio es propiedad del Estado municipal, cuando no había dudas al respecto", apuntó Arenaza a este diario, para dar cuenta de la asimetría del trato. "En términos argumentales, no tiene mucho sentido esa negociación, porque no están entregando cosas iguales", dijo, al tiempo que se quejó de que "hace cinco años se discute si el inmueble es o no es del Estado, cuando están todas las documentaciones presentadas en el expediente".

En la víspera de un cambio de gestión municipal -que, tras las elecciones primarias, se disputará entre el candidato de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, y la referente del Frente de Todos, Fernanda Raverta- el futuro del predio permanece en suspenso, a la espera de ser tratado por el Concejo Deliberante. "La idea es que esto implique también un sacudón y que el Concejo Deliberante pueda promover un debate, rechazar esto, pero también instalar en la sociedad el reclamo para que se restituya este inmueble", consignó Arenaza.

"Nuestro objetivo siempre fue recuperarlo, abrirlo y devolverlo a la comunidad", respondió Huarte ante la consulta sobre el destino del espacio tras la eventual restitución por parte del Estado municipal. "Mientras tanto, seguimos tratando de desentramar esa lógica de la dictadura, que fue la de ocupar espacios públicos y privados y manejarlos a su antojo."

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