Juicio a la pata civil de la dictadura 
La familia de Ragone pidió perpetua para Lona
La querella de la familia Ragone calificó de partícipe primario al ex juez Ricardo Lona y solicitó la pena de prisión perpetua. Por su parte, la Fiscalía lo consideró partícipe secundario y pidió 15 años. 
Gastón Casabella y Dolores ParraGastón Casabella y Dolores ParraGastón Casabella y Dolores ParraGastón Casabella y Dolores ParraGastón Casabella y Dolores Parra
Gastón Casabella y Dolores Parra 
Imagen: Flor Bustamante Arias

En una extensa jornada se dieron los alegatos de las querellas y la Fiscalía en el juicio al ex juez federal de Salta, Ricardo Lona, acusado por su accionar en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Las querellas coincidieron en pedir prisión perpetua, por considerar que tuvo una participación decisiva para la concreción de este delito; en cambio, la Fiscalía mantuvo la acusación por encubrimiento y prevaricato y pidió una pena de 15 de prisión. La sentencia se conocerá el 24 de septiembre.

“Se encuentran plenamente confirmados los hechos (…) y por ende la responsabilidad de Ricardo Lona se encuentra acreditada”, aseguró el abogado Matías Duarte, representante de la querella de la familia Ragone. Recordó que la Justicia Federal salteña, en fallos anteriores, ya ha dicho que el sumario policial por el secuestro estuvo dirigido a ocultar en lugar de aportar datos para dar con los responsables de este hecho.

El abogado recordó que “en ninguno de los casos en que intervino Lona logró identificarse a los responsables de los crímenes de lesa humanidad”. Aseguró que Lona “es responsable como partícipe primario”, y cometió los delitos de homicidio doblemente agravado en perjuicio de Ragone y de Santiago Arredes, un comerciante que intentó ayudar al ex gobernador cuando era secuestrado, y tuvo también responsabilidad necesaria en la tentativa de asesinato de Margarita Martínez de Leal, que vio el secuestro y fue baleada. Duarte añadió que, en caso de que el Tribunal considere al ex juez como partícipe secundario, debe recibir el máximo de la pena prevista, 20 años de prisión.

También enfatizó que la prueba demuestra que el ex juez garantizó la impunidad de los responsables directos del secuestro, desaparición y muerte de Ragone, el 11 de marzo de 1976. “Ellos cometieron el hecho porque sabían que Ricardo Lona les garantizaba la impunidad”, expresó.

Las otras querellas mantuvieron un criterio similar. Los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Dolores Parra y Gastón Casabella, solicitaron que se cambie la calificación de la acusación. En el inicio del juicio, Lona estuvo acusado de encubrimiento y prevaricato, sin embargo, las querellas consideran que tuvo responsabilidad directa en el homicidio de Ragone y Arredes y la tentativa de homicidio a Martínez de Leal. E insistieron en que con esta acusación no se viola el derecho de defensa, porque el hecho es el mismo, solo que se lo califica de otra forma.

Parra destacó el “rechazo sistemático de los hábeas corpus que se presentaban por parte de Lona” y le reprochó que no hubiera renunciado a su cargo cuando se cometió el golpe, como hicieron otros magistrados. Por el contrario, dijo, el ex juez fue parte del aparto represivo: “Ofrecía un manto de cobertura e impunidad”.

Y calificó como “una burla para la sociedad” que ahora Lona diga que cumplió un rol preponderante en la investigación (del secuestro de Ragone) "que él mismo hiciera fracasar”.

Casabella agregó que Lona realizó “aportes indispensables” para concretar este hecho y lograr la impunidad, por lo que “debe responder en carácter de partícipe necesario”.

La abogada María José Castillo, de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, sostuvo que Lona tuvo una “participación esencial” para la concreción de estos delitos. Para graficar la adhesión del ex juez a la dictadura recordó que fue “el único civil que participa de la asunción de Carlos Alberto Mulhall” (fallecido), que como jefe de la Guarnición Ejército Salta tuvo la suma del poder público en la provincia tras el golpe del 24 de marzo de 1976.

Estas autoridades militares, dijo Castillo, “venían a convalidar las atrocidades que ya se estaban llevando adelante” y Lona “está ahí en esa función”. “No hay ni una sola actuación de Lona que permita decir que él no era adepto al régimen”, enfatizó. Afirmó que en este caso surge “palmario” que el juez era el garante de la impunidad. “El accionar de Lona fue sistemático y continuo”, como se desprende de los testimonios aportados en este debate, aseguró.

Desde la Fiscalía, Carlos Amad, cuestionó la morosidad de este proceso y dijo que esta causa debió ser parte del juicio conocido como Ragone I. Al referirse a Lona, aseveró que formó parte del plan sistemático de la última dictadura cívico militar, porque “era necesario para que la dictadura logre su cometido”.

“Se ha probado la participación de Lona en todo lo investigado, y en lo que él debió investigar”, enfatizó Amad. El fiscal pidió que se lo condene a 15 años de prisión por ser partícipe secundario de dos hechos de homicidios y una tentativa de asesinato. 

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