La presión de las empresas de colectivos del Area Metropolitana que anunciaron el cese de operaciones en horario nocturno surtió efecto. El Gobierno se sentó a negociar con las firmas y el servicio quedó asegurado en el corto plazo. “El servicio de transporte público funcionará normalmente tras una reunión mantenida en el Ministerio de Transporte entre funcionarios nacionales, provinciales y de la Ciudad junto con las cámaras del transporte urbano del sector del Area Metropolitana”, anunció el Gobierno. "Va a seguir habiendo el mismo servicio que había", reafirmó José Troilo, titular de la Asociación Civil del Transporte Automotor (ACTA) a la salida del encuentro que se dio este viernes.

Fueron horas de mucha tensión por un anuncio explosivo de parte de las empresas de colectivos. “Ante el grave deterioro de la situación económica que enfrentan las empresas de transporte público de pasajeros por automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires, las entidades empresarias del sector han decidido en forma conjunta iniciar un proceso de racionalización de servicios, consistente en reducir y cancelar algunas prestaciones para atender adecuadamente los servicios en los horarios de mayor necesidad", había declarado Troilo durante el jueves. La medida consistía en el corte del servicio de 22 a 5 hs. Afectaría a las líneas colectivos 45, 154, 53, 4, 70, 123, 46, 179, 86, 193, 97, 49, 33, 181, 96, 185, 180 y 88.

De inmediato, llovieron críticas de todos los ángulos. “La medida es ilegal, porque esto es un servicio público y en el caso de hacerse habría sanciones importantes", advirtió el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. También el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, criticó que “ellos manifiestan que la situación económica se les complicó porque no les han entregado los subsidios y nos les llega la plata a las arcas”. En tanto, 21 entidades de consumidores y usuarios difundieron un comunicado en el que repudian “la actitud extorsiva de un núcleo empresarial que afecta los derechos de los usuarios y amenaza la paz social que el conjunto de los argentinos estamos resguardando, pese a la difícil situación económica que atraviesa gran parte de la ciudadanía”.

La pelea de las empresas de colectivos con el Gobierno radica en que hay una suba de costos que no fue contemplada por los subsidios públicos ni por la tarifa del servicio en el AMBA, con lo cual las compañías redujeron su margen de rentabilidad. Si bien los combustibles no tuvieron subas a partir del congelamiento que dictó el Gobierno y que le valió un fuerte conflicto con petroleras y con las provincias, las empresas de colectivos se quejan de suba del costo salarial, insumos, seguros y reparaciones, entre otros componentes del costo.

Según informó la cartera de Transporte, “se actualizan los costos del sistema: se está analizando adelantar la actualización del costo de los insumos y se resolvió reconocer la suba del costo de los seguros. Vamos a seguir trabajando en otras medidas para aliviar la situación del sector”, prometió la subsecretaria de Gestión de Transporte, Manuela López Menéndez.

Más allá de la presión de la ACTA, hay un fuerte nivel de tensión en todo el país entre las empresas de transporte público de colectivos y los gobiernos municipales, provinciales y el nacional. En los últimos meses se registraron paros totales en el transporte de colectivos en las provincias de Córdoba, Tucumán y Jujuy por pago atrasado de salarios.

En el presupuesto 2019 se asignaron al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte un total de 24 mil millones de pesos, lo cual representa una disminución del 49 por ciento en la comparación anual. Esa merma se explica en primer lugar por la transferencia de la carga de los subsidios a las arcas provinciales. El mencionado Fondo Fiduciario quedó destinado a compensar a las empresas que hacen trayectos interjurisdiccionales. Según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), “en los primeros siete meses del año se observó una caída de 11.663 millones de pesos (-42 por ciento) en materia de subsidios al transporte automotor”, en línea con la reducción del monto presupuestado. Se prevé una aceleración de la ejecución de montos presupuestados para hacer frente a los nuevos reclamos empresarios.