Los flujos de dinero, información, Netflix, pornografía, circulan en tiempo real o a la velocidad de la luz sin enterarse de la existencia de fronteras. Los seres humanos topan con escollos severos, la inversión para repeler migraciones se incrementa exponencialmente. El desmoronamiento berlinés, a tres décadas vista, diseminó un legado imprevisto: los muros proliferan, la xenofobia mezclada con sadismo hacia el diferente signa la época.

Sin embargo, los contactos cara siguen siendo indispensables, en la vida común y en la política. Los cuerpos cuentan, las muchedumbres resisten al nuevo caos internacional, los grandes jugadores toman decisiones tras verse los rostros. Los presidentes y funcionarios viajan, se (des)encuentran. Las fotos publicitan las reuniones, mienten más que mil palabras: esconden adrede las asimetrías de poder.

Los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) remolonean la venida a la Argentina, el tránsito funciona como prerrequisito del desembolso de 5400 millones de dólares. El tiempo fluye a su modo. Se duda sobre si el Fondo remesará ese tramo: el plazo prefijado vence mañana… se pateó para adelante. Es casi un dato que quedará para después de las elecciones. Seis semanas no son tanto para soltar una fortuna pero pesan como décadas en la coyuntura nacional.

El apretón de manos no arriba, la burocracia del organismo internacional frena que alguien dé “enter” a la transferencia que llegaría en segundos si no mediaran obstáculos.

El ministro de Hacienda Hernán Lacunza viajará hacia Washington a fin de mes recorriendo el camino de Damasco fatigado por varios antecesores en el cargo.

En la Casa Rosada se marchitan las ilusiones. El Gobierno del presidente Mauricio Macri echa mano a la matemática creativa, una de sus especialidades. Alega que las metas pactadas con el FMI se cumplieron, a diferencia de las promesas destinadas al pueblo cuatro años atrás o dos o uno. ¿Creerán en sus embustes como en las encuestas que amañaron? No se me apure a contestar: el enfrascamiento de Palacio sabe ser imbatible.

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De Europa a Tucumán: Alberto Fernández regresa del periplo europeo, hace escala en Buenos Aires, rebota hacia San Miguel de Tucumán. La minigira norteña abarca una reunión con el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, en un momento desolador para la actividad. Las cifras “finitas” quedan para los expertos: cuanti y cualitativamente la capacidad ociosa replica o agrava la padecida en 2001. Crecen y se multiplican las quiebras, los concursos, los despidos, las suspensiones, los cierres. Se concuerda en la necesidad de un viraje en la economía política tanto como en la de un acuerdo intersectorial de precios y salarios para los primeros meses del gobierno peronista, si es que se ratifica el plebiscito de las PASO.

Enunciar la necesidad constituye un prólogo ineludible. Tal vez sea hora de pensar mecanismos estables, normados, de Diálogo Social. Inviable en la coyuntura la perspectiva de una reforma de la Constitución, cualquier novedad institucional se fortificaría si naciera en el Congreso convalidada por un amplio arco político.

El Pacto Social de la tercera presidencia de Juan Domingo Perón vale como referencia remota, difusa. Demasiada agua pasó bajo el puente desde esa encomiable experiencia, tramada cuando epilogaban los treinta años gloriosos del Estado benefactor, agonía que pasaba desapercibida para la mayoría de los actores.

No se recuerda mucho pero durante los gobiernos kirchneristas se cabildeó más de una vez sobre un Consejo económico social tripartito, con ese nombre u otros.

En campaña presidencial durante 2007 y en el discurso de apertura de sesiones del Congresos en marzo de 2008 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enunció la necesidad y la puesta en marcha de un Acuerdo del Bicentenario. Discurrió sobre la iniciativa en reuniones con la cúpula de la Iglesia, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la CTA. Quedó en agua de borrajas, en gran medida arrollada por las secuelas del conflicto con “el campo”.

Otro precedente se remonta al 2001, magnificado por intérpretes interesados. La apodada “Mesa de Diálogo”, promovida por la cúpula de la Iglesia Católica y conducida por un funcionario internacional, el español Carmelo Angulo. Más declamatoria que efectiva, constreñida por la carencia, congregaba al gobierno de Fernando de la Rúa, al peronismo duhaldista y a representaciones sectoriales. Angulo la apodaba “nuestra Moncloa” pecando de voluntarismo y carencia de perspectiva histórica. Se le atribuye a la Mesa haber sido la mentora del ingreso ciudadano universal (onda la Asignación Universal por Hijo) o el Plan Jefas y Jefes de Hogar puesto en práctica durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Al endiosarla tanto se subestima el influjo del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) que produjo una movilización formidable en pos de un programa social reparador.

Un célebre cónclave de la Mesa de Diálogo terminó con estrépito en diciembre de 2001 cuando la fronda ciudadana abucheó y puso en fuga a importantísimos dirigentes nacionales.

La experiencia comparada pinta un abanico de estructuras posibles. El ex presidente brasileño Lula da Silva al comienzo de su primer mandato creó un órgano asesor, llamado Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES). Lo concibió para debatir rumbos futuros de la acción estatal: políticas sociales, la reforma fiscal, proyecciones de largo plazo. El CDES estaba compuesto por representantes de empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales y hasta religiosas. Sus 82 integrantes eran elegidos por el Ejecutivo cuyo titular asistía a sus sesiones. Lula y luego Dilma Rousseff escuchaban sus discursos (limitados en el tiempo de exposición pero no en sus contenidos), respondían, tomaba nota.

Los antecedentes locales, pues, escasean… la existencia de algún formato de Acuerdo Social es deseable y necesario. Peliagudo concretarlo con una economía devastada y con una estructura social muy distinta a la que moldeó el primer peronismo y se sostuvo, bien que mal, hasta los años ’90.

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La clase trabajadora: La CGT suscribió el Pacto Social de 1973, cuando bastaba para representar a una mayoría consistente de los trabajadores. El desempleo era bajísimo, altri tempi.

La oratoria del General herbívoro basculaba cuando hablaba de la “columna vertebral” del peronismo: en ocasiones aludía al Movimiento Obrero Organizado (MOO), en otras a la clase trabajadora. La segunda acepción pasa a ser la única adecuada para el siglo XXI. Un interesante libro del periodista Agustín Álvarez Rey, “La nueva columna vertebral” recorre la irrupción y crecimiento de los movimientos sociales. Alvarez Rey pinta bien el nuevo mapa de la clase: la condición de trabajador no se limita a quienes tienen empleo formal. Ni siquiera a quienes trabajan, “la única clase de hombres”, conforme rezaba un apotegma del peronismo original. Son trabajadores los desempleados, los informales, los integrantes de cooperativas sociales, quienes la reman en empresas recuperadas, los productores de la economía social y un sinfín de etcéteras. Componen un conjunto que se hizo visible ya en la Marcha Federal de la CTA hace un cuarto de siglo.

La representación de un sector tan vasto y variopinto desafía a un posible gobierno nacional-popular que no puede ignorarlos ni dejarlos en la angustiante situación que atraviesan hoy en día. La explotación capitalista se agudiza; no se expresa solamente en la relación entre patrones y empleados.

La fragmentación de la clase se propaga a las agrupaciones que la representan sin expresar tampoco a la totalidad. La resistencia a la ofensiva macrista tuvo la “virtud” de aglutinarlos en la unidad de acción. Hasta despabiló a los más esclarecidos dirigentes cegetistas que captaron que la clase excedía los límites de la más poderosa Central del MOO.

Supera las competencias del cronista proponer cómo incluir a las nuevas expresiones de la clase trabajadora, como darles un espacio en nuevo diseño de Estado, para imaginar políticas públicas que promuevan una mejor subsistencia y articulación. Solo le cabe subrayar que una sociedad inclusiva exige herramientas bien distintas a las funcionales cuarenta o veinte años atrás.

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Macrismo clasista y combativo: La narrativa oficial niega la existencia de la lucha de clases; sin embargo su praxis la radicalizó. El macrismo desechó el gradualismo en sus primeros cien días. Cimentó en ellos la redistribución regresiva de los ingresos, el poder y las oportunidades. Sentó las bases para que prosperaran la Banca, los especuladores, el capital financiero, los exportadores agropecuarios, los fondos buitres, las concesionarias de servicios públicos. Favoreció a los medios concentrados. Definió a los ganadores (por goleada) y a los perdedores del modelo.

Implantó la persecución judicial a opositores, mediante la doctrina Gerardo Morales- Irurzun.

El gobierno de clase se propuso bajar los salarios y presionar a los trabajadores con el cruel dilema: aceptar sueldos de hambre o quedar en la calle. Dicho objetivo se concretó en buena medida, limitado en parte por la movilización social, por la cultura resistente de los argentinos y por la red de protección social creada o consolidada por el kirchnerismo.

Otra ambición animaba al oficialismo: instalar una hegemonía político-cultural que le garantizara poner fin al populismo y perpetuarse en el poder. Fracasó ese designio, tan ajeno a la historia nacional.

Si, como todo lo indica, se ratifica su derrota en el todavía lejano 27 de octubre dejará un país asolado, endeudado hasta el tuétano.

La herencia del macrismo moviliza a los cuerpos de sus candidates y líderes territoriales. Todos se alejan del presidente, reniegan de su existencia y de su legado que incluye legislación regresiva, doctrina Chocobar y otras lindezas (ver nota aparte). Todas maquilladas bajo el seudónimo “republicano”, adoptado por la derecha nativa que ni siquiera tiene la franqueza de reconocer su propia identidad.

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