Temas de trabajo: Cómo hacer frente a la precarización, flexibilización y desempleo 
Desafíos del mercado laboral
El objetivo deberá ser reconstruir el entramado y la institucionalidad laboral. Es posible generar empleo y reactivar la economía sin afectar los derechos de los trabajadores.
Imagen: Leandro Teysseire

Producción: Tomás Lukin

Desandar el camino

Por Diego Schleser y Matías Maito*

¿Argentina necesita una reforma laboral para atraer inversiones, volver a crecer y generar empleo? ¿El siglo XXI demanda recortar los derechos laborales? ¿La única forma de armonizar el cambio tecnológico con la organización del proceso productivo y las relaciones laborales es reducir los niveles de protección de los trabajadores? Las respuestas a estas preguntas que ofrecen quienes comparten la perspectiva económica y laboral del Gobierno son conocidas. Frente a esa posición es necesario insistir con un dato de la realidad: las reformas de flexibilización laboral fracasaron rotundamente en los países donde se implementaron. Mientras que no existe ninguna evidencia que compruebe que promovieron la generación de empleo, sí quedó demostrado que el efecto de todas y cada una de esas iniciativas fue el incremento de la desigualdad y la precarización laboral.

Una agenda de políticas laborales centrada en el trabajo, en los trabajadores y en el desarrollo económico deberá orientarse en el sentido inverso al propuesto por quienes pregonan las supuestas virtudes de ese tipo de medidas. Por ello será necesario desandar el camino recorrido durante los últimos cuatro años. Los desafíos incluyen la reconstrucción del entramado y la institucionalidad laboral debilitada durante los últimos años. La recuperación del Ministerio de Trabajo, el restablecimiento de la Paritaria Nacional Docente y el reposicionamiento del Consejo del Salario Mínimo como un verdadero ámbito de generación de consensos son parte necesaria de ese programa. Pero la tarea no debe circunscribirse a la restauración de un estado de cosas pasado. La complejidad y magnitud de las problemáticas, así como el carácter novedoso de muchas de ellas, precisan de nuevas herramientas y, fundamentalmente, de la recuperación y el protagonismo del diálogo social.

Aparece como una necesidad casi imperiosa la implementación de un esquema de coordinación de precios y salarios que proteja los ingresos de los trabajadores y que, a su vez, evite la espiralización nominal. El objetivo de esta instancia sería sostener y mejorar progresivamente el poder adquisitivo de los salarios a través de la superación de la dinámica recurrente que caracteriza a nuestra economía, en la que se articula una alta inflación con aumentos salariales que, en términos nominales, también son elevados (ya que intentan aproximarse a la aceleración de los precios, aunque no siempre lo logran).

A la par, el diálogo social también puede contribuir a resolver las dificultades que tienen lugar en los lugares de trabajo. Particularmente, los equilibrios al interior de los establecimientos productivos están siendo afectados por la discrecionalidad patronal en cuestiones como la diagramación y extensión de la jornada de trabajo, la negligencia en relación a la salud y seguridad en los puestos, el trato discriminatorio y la violencia laboral, la restricción a la acción sindical en la empresa, entre otras realidades preocupantes. Esta situación precisa de un abordaje desde distintos planos. Y la renovación de los contenidos de los convenios colectivos podría ser una contribución relevante.

La discrepancia entre los convenios y las prácticas en las empresas puede resultar especialmente perjudicial para los trabajadores ya que aumenta notablemente la discrecionalidad empresaria para definir la organización del trabajo. En consecuencia, es necesario actualizar esos instrumentos, pero no para reducir derechos sino para actualizar temas fundamentales como organización del trabajo; definición de ocupaciones, tareas, funciones y nuevas categorías; igualdad de género; formación y capacitación laboral; salud y seguridad en el trabajo; abordaje de riesgos psicosociales en el trabajo; y la introducción y gestión de la tecnología.

Este tipo de propuestas evidencian que es posible generar empleo y reactivar la economía sin afectar los derechos de los trabajadores, incrementar la productividad sin intensificar la explotación laboral, y reducir la inflación recuperando el poder adquisitivo de los salarios. Y que el diálogo social no debe ser el espacio donde se validan decisiones impuestas por el disciplinamiento social sino, por el contrario, un verdadero ámbito de generación de consensos y de definición de políticas para el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la población. Entonces, el desafío inmediato que enfrentamos es definir una agenda para que el trabajo vuelva a ser un canal de realización de los trabajadores, y no una fuente de injusticias y frustraciones.

*Investigadores CETyD-IDAES de la Universidad Nacional de San Martín.

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Cuando pase el temblor

Por Martín Montané**

Desde 2012 la economía argentina muestra una evolución decepcionante, con estancamiento y muy alta volatilidad. Esto se tradujo en el mercado de trabajo en una menor tasa de expansión del empleo –que además es de peor calidad- y una caída de los salarios reales desde al menos 2013. En este contexto es comprensible que recuperar la senda del crecimiento y alcanzar una macroeconomía que brinde cierta estabilidad –dos objetivos que pueden no coincidir en el corto plazo– se hayan convertido en dos de los temas principales de la agenda de los próximos años.

A pesar de que retomar la senda del crecimiento económico implicará una decisiva mejora en la dinámica del mercado de trabajo argentino, no todos sus problemas se resolverán con este impulso. Existen diversos desafíos que deben ser identificados, anticipados y atendidos por dirigentes políticos, empresarios y sindicatos.

El primero de estos desafíos tiene que ver con las relaciones laborales en Argentina. Si bien la recuperación y el crecimiento de los puestos de empleo registrados del sector privado fueron muy dinámicos en los primeros años de la salida de la convertibilidad, entre 2008 y 2011 comenzaron a verse señales de estancamiento. Este menor dinamismo terminó con el aumento de la tasa de formalización en el sector privado que marcó el período entre 2004 y 2008. Esto significa que las restricciones a una mayor formalización aparecieron antes de que la macroeconomía tuviera su peor dinamismo y esta resistencia muy probablemente vuelva a presentarse cuando la economía se reactive otra vez.

En este mismo sentido, durante los últimos años hubo un incremento en la participación de los cuentapropistas: ya en 2018 representaban aproximadamente a un cuarto de los trabajadores empleados. Esta clase de relación laboral no está creciendo en todo el mundo, sino que es mayoritaria en aquellos países con menor productividad. Además, se asocia con peores condiciones de salarios y, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires, se relaciona con personas de bajo nivel educativo que trabajan en sectores de actividad de baja productividad.

Otro de los desafíos es entender si los conocimientos y la formación de los trabajadores argentinos responden a lo que demanda el mercado laboral. Durante la década de los 2000, y como en el resto de América Latina, la diferencia salarial entre aquellas personas que tenían secundario completo o superior y el resto de la población cayó. Si bien existen muchas hipótesis que pueden explicar esta tendencia (políticas de salarios mínimos, menor demanda por las habilidades y conocimientos enseñados en el sistema educativo formal, entre otras), no puede descartarse que el crecimiento económico de la región y del país se apoyó, especialmente, en sectores que demandan mayormente mano de obra de bajo nivel educativo. Más allá de cuál sea la causa que mejor explique esta realidad, las brechas entre las habilidades y conocimientos demandados por la economía y las disponibles en la población no necesariamente se resuelven en el corto plazo y será uno de los temas a tener en cuenta.

Finalmente, existe un conjunto de desafíos que podemos llamar de “heterogeneidades” del mercado de trabajo. Por un lado, hay una importante diferencia regional que habrá que atender con políticas específicas, que deberán tener en cuenta, al mismo tiempo, la estructura productiva de cada parte del país y la oferta de mano de obra de la que dispone. Esta heterogeneidad regional puede observarse con mayor nitidez en el NOA y NEA, donde menos de la mitad de los trabajadores están empleado por el sector privado y donde la tasa de formalidad es sensiblemente menor al resto del país.

Por otro lado, la tasa de participación de las mujeres que tienen entre 15 y 64 años en el mercado laboral es un 30 por ciento menor a la de los hombres de esa edad. Esta asimetría se mantiene prácticamente inalterable desde hace dos décadas en Argentina. Además, los empleos a los que acceden las mujeres suelen ser, en promedio, de menor calidad a los que acceden los hombres, lo que redunda en una brecha salarial de aproximadamente el 25 por ciento.

**Coordinador del Data Lab e investigador asociado del Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella. Coautor del informe Mapa del trabajo argentino 2019. 

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