A cuatro meses de la Masacre de San Miguel del Monte, los familiares y vecinos de las cinco víctimas --cuatro de ellas fallecidas-- realizaron una jornada solidaria en la Plaza de lxs Pibes, frente a la Municipalidad local. Además de recordar y renovar el reclamo de justicia por los asesinatos de Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal, y por las lesiones gravísimas sufridas por Rocío, la única sobreviviente, la manifestación tuvo también un motivo solidario. Este fue un pedido de colaboración a los vecinos para el merendero popular “Los niños de Monte” y para Yésica Benítez, una vecina, jefa de familia, que sufrió hace poco un accidente. Al mismo tiempo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dio a conocer un informe sobre el estado de la investigación judicial del caso, que tiene 13 procesados, entre ellos un ex funcionario municipal.
Para colaborar con el merendero popular, los convocantes solicitaron a los vecinos “que puedan hacerlo”, llevar azúcar, galletitas, jugos y otros alimentos no perecederos. La solicitud se debe a que desde hace un tiempo, el merendero dejó de recibir la subvención que le daba el municipio local, a cargo de la intendenta Sandra Mayol. La CPM, que es querellante en la causa, solicitó que se investigue a Mayol por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por otra parte, para ayudar a Yésica Benítez, los vecinos solidarios llevaron alimentos no perecederos y elementos de limpieza e higiene.
La CPM recordó que la causa “tiene 13 imputados y una orden para que se abra una nueva investigación penal, que deberá determinar la participación de la intendenta (…) y de Nelson Barrios (del cuerpo de Bomberos del municipio), en los hechos posteriores a la persecución policial” en relación al encubrimiento. Los familiares de las víctimas denunciaron que Mayol, en las horas posteriores a la violenta persecución del Fiat Spazio en el que iban las víctimas --tiroteado por los policías--, “sólo se encargó de desligar sus políticas de seguridad de lo ocurrido la madrugada del 20 de mayo”.
La causa principal por la masacre tiene como imputados a 12 policías y un funcionario municipal. Los policías Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mario Ibañez están presos por homicidio agravado. Los policías José Domínguez, Cristian Righero, Juan Manuel Gutiérrez, José Durán, Julio Micucci, Nadia Genaro y Melina Bianco están procesados, algunos excarcelados, por falsedad de instrumento público y encubrimiento agravados.
El teniente primero Héctor Enrique “Pipi” Ángel está detenido por encubrimiento agravado, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El ex secretario de seguridad del municipio y comisario retirado Claudio Martínez está en prisión por encubrimiento agravado. En la causa se dictó la falta de mérito de Righero y Gutiérrez, pero siguen siendo investigados en el proceso. Por su parte, la Cámara de Apelaciones de La Plata concedió las excarcelaciones de Nadia Genaro y Melina Bianco, pero siguen procesadas.
