Proyectos para consolidar el programa Nueva Oportunidad
Si se convierte en ley, hay mayores garantías  
Lifschitz y Del Frade presentan sendas iniciativas para que el plan de inclusión social de jóvenes sea política de Estado más allá de los gobiernos. 
Las organizaciones barriales reclamaron la continuidad del programa.Las organizaciones barriales reclamaron la continuidad del programa.Las organizaciones barriales reclamaron la continuidad del programa.Las organizaciones barriales reclamaron la continuidad del programa.Las organizaciones barriales reclamaron la continuidad del programa.
Las organizaciones barriales reclamaron la continuidad del programa. 
Imagen: Gentileza Sur Productora.

El clamor de las organizaciones barriales por la continuidad del programa Nueva Oportunidad en el gobierno de Omar Perotti tuvo eco en la Legislatura y también en la Casa Gris. Hoy entrarán a la Cámara de Diputados dos proyectos para que ese plan de inclusión social se convierta en ley, es decir, que pase a ser una política de Estado y no solo una acción de un gobierno que puede desactivarse con la administración siguiente. Uno de los proyectos lo presentará hoy el propio gobernador Miguel Lifschitz, como legado para su sucesor en el sillón de Estanislao López. Un encargo que este año insume un presupuesto de $600 millones. El otro proyecto lo ingresará el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular). El programa Nueva Oportunidad empezó en 2013 y hoy integra a 17 mil jóvenes en 28 ciudades santafesinas -11 mil solo en Rosario, y 427 en instituciones de encierro- en cursos de oficios y actividades recreativas a través de un amplio abanico de organizaciones civiles de base.

Lifschitz anunció que hoy al mediodía, en la sede local de Gobierno, presentará el proyecto de ley que enviará a Diputados con las mismas organizaciones que participan del programa y que la semana pasada coparon la plaza San Martín con una feria de actividades en la que cientos de jóvenes mostraron los oficios aprendidos y los vínculos construidos.

Rosario/12 tuvo acceso a los ejes de ambos proyectos, coincidentes entre sí. Ambas iniciativas proponen crear la ley que instaure el programa Nueva Oportunidad como una política pública a largo plazo, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social provincial, como está ahora -"o del que en su futuro lo reemplace", aclara Del Frade en caso de que Perotti evalúe reformular el organigrama de gabinete. Y en "co-gestión" con municipios y comunas, y cabida a organizaciones sociales que sirven de puente con las juventudes.

La ley en ciernes consolida lo que ya está con equipos territoriales, becas, capacitación y reflexión, y crea las "empresas sociales". 

Ambos proyectos amplían la franja etárea de beneficiarios: desde 12 años hasta los 35. La finalidad sería la misma: promover los derechos de los jóvenes de sectores sociales vulnerables, propiciar su integración con las instituciones de su entorno, mejorar su empleabilidad a través de la capacitación en oficios y disputárselos de esa manera a las economías delictivas que los victimizan.

La ley en ciernes consolida lo que ya está: establece equipos territoriales de agentes, becas e incentivo económico para los jóvenes, capacitaciones laborales y tercer tiempo de reflexión y debate luego de los cursos o talleres. También contempla articulaciones con otras áreas del Estado, como Educación para sostener la permanencia de los beneficiarios en el sistema escolar formal, y aportar lo necesario para capacitaciones de educación no formal.

La novedad está en la creación de "Empresas sociales" como salida económica para los beneficiarios. La iniciativa conserva la participación de las 262 organizaciones populares como medio de llegar a las juventudes, y mantiene el enfoque colectivo de lo que deben ser las actividades de los jóvenes que atraiga.

 

La prioridad del texto está en las poblaciones más vulnerables de cada población, con la debida contemplación de las características regionales, culturales, étnicas, y otras particularidades de cada caso.

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