La fiscal de instrucción Nancy Olivieri imputó al director médico del Sanatorio de la Trinidad, Roberto Martingano, y al de Galeno, Eduardo Cavallo, por la denuncia por encubrimiento de los médicos enjuiciados por la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, ocurrida durante una endoscopía.

"Nos parece muy bien esta imputación y la esperábamos, porque jurídicamente es lo que corresponde. La denuncia contra la cínica la hace el mismo tribunal, a partir de los testimonios y las pruebas surgidas en la causa por el homicidio de Débora", explicó Diego Pirota, abogado de la familia de la periodista. En la Trinidad declinaron hacer declaraciones.

Esta causa es un desprendimiento de la causa principal por la muerte de Pérez Volpin, donde fue condenado el endoscopista Diego Bialolenkier a tres años de prisión en suspenso por el delito de homicidio culposo e inhabilitado por siete años para ejercer su profesión, mientras que la anestesista Nélida Puente fue absuelta.

La imputación incluye también  a Sebastián Alfredo Cecchi Gallo por ocultamiento de pruebas, ya que limpió el endoscopio que usó Bialolenkier después de haber hecho el procedimiento en el cuerpo de la periodista y a la instrumentadora quirúrgica Miriam Eliana Frías y a la jefa del servicio, Claudia Esther Balceda, por falso testimonio.

Pirota además aseguró: "Esta causa va a durar muy poquito, creo, porque todas las pruebas ya están en la Justicia. Queda alguna pericia (investigar el endoscopio que presentaron, que tenía la numeración cambiada, por ejemplo) y poca cosa más y ya está todo listo para llamar a indagatoria a los imputados. Ahí, por ejemplo, le preguntarán al técnico (Juan Martín Chávez) qué pasó con el informe de la operación. Durante el primer juicio, dijo que en la clínica le pidieron que imprimiera ese informe y él lo hizo y les entregó todo a los directores médicos de la clínica. Pero en el juicio aparecieron treinta hojas de menos. Les preguntarán también a ellos qué les entregó en técnico y qué hicieron con eso. Es el momento para averiguar qué pasó con esas páginas".

Esta investigación fue uno de los pedidos realizados por la familia de la periodista durante el juicio oral y público, ya que, según explicó el doctor Pirota, desde la clínica y la prepaga habían obstaculizado la investigación, entregado a la Justicia un endoscopio distinto del que se usó en el estudio, hecho desaparecer más de la mitad del informe ("faltan treinta y pico de páginas de un total de alrededor de 60") del endoscopio e intimidado a algunos de los empleados de la clínica antes de que brindaran testimonio.

La periodista murió durante una endoscopía que se le realizó el 6 de febrero de 2018, en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo.

En mayo pasado, y antes de que arrancara el juicio, el abogado de la familia había denunciado que el aparato que se entregó a la justicia no era el mismo con el que le hicieron el estudio: "Desde el primer momento sostuvimos que este equipo no se había utilizado el día de la endoscopía, porque es un equipo viejo, vetusto, que no tiene nada que ver con la tecnología de los demás que tiene la clínica. Éste no graba, y siempre especulamos que no conocíamos el equipo verdadero para que no pudiéramos ver las imágenes del momento en que se realizó la lesión al esófago de Débora", sostuvo el letrado.

Durante el proceso que terminó con la condena al endoscopista, la querella a cargo de Diego Pirota había expuesto: "Mintieron, acondicionaron la prueba y prepararon a los testigos, que eran empleados de la clínica, cambiaron el procesador, adulteraron el número de serie, cambiaron la caña del endoscopio… Lavaron la sangre del endoscopio. No sé cómo vienen y lo cuentan tan sueltos de cuerpo. ¿Por qué lo tuvieron que lavar? Y suprimieron la información de los registros”, agregó.

Con la condena, el Tribunal Oral Criminal 8 ordenó la extracción de testimonios de la causa original para investigar este nuevo delito. Todos estos elementos fueron ponderados por la fiscal en su decisión de impulsar esta nueva causa.