El Congreso de la Nación aprobó por amplia mayoría el Presupuesto Nacional para 2017. En líneas generales, el mismo prevé un total de gastos e inversiones por más de 2 billones de pesos, una mejora de la economía del 3,5 por ciento y una inflación promedio del 17. Todo este escenario resulta muy deseable y apropiado cuando se piensa al presupuesto como un plan de acción o una hoja de ruta. Sin embargo, más allá del manifiesto de “buenas intenciones” que pueda exponer una administración, resulta relevante refrendar los objetivos implícitos en el presupuesto con lo realmente ejecutado por los gobiernos. Por ejemplo, cuando se repasan los antecedentes de la gestión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos años, se observa una sistemática subejecución de algunos rubros sensibles en relación a la realidad social del distrito, en especial aquellas relativas a salud, educación y vivienda. Lo señalado resulta de una relevancia sustantiva, ya que la mejor manera de desentrañar las verdaderas intenciones políticas de una administración es comparando lo prometido con lo verdaderamente realizado. De ese modo, la fuerza de un discurso político puede quedar diluida si no hay un correlato con la realidad.

Observando lo ocurrido en el consolidado del año 2016 (datos al 28 de diciembre), resalta en primer lugar una subejecución superior al 10 por ciento, teniendo en cuenta la totalidad de las partidas, inclusive aquellas de presupuesto nulo en el texto original. Este dato es aún más significativo si se considera que en el año pasado, la previsión de inflación era de 25 por ciento pero terminó posicionándose sobre el 40, esto es, más de 15 puntos porcentuales por encima. En este contexto, en todo caso, sería más lógico esperar una sobreejecución del presupuesto, para suplir los aumentos de costos no previstos, que una aplicación por debajo del 100 por ciento. Lo que explica que los gastos no se hayan disparado, no es otra cosa que el ajuste impulsado en 2016, por ejemplo, en partidas destinadas a los subsidios en los servicios públicos. A continuación, otros resultados significativos que se desprenden del análisis de la base de datos de ejecución presupuestaria de la administración pública nacional:

  • En la ejecución de partidas seleccionando “por ministerio” y “por entidades”, se observan importantes déficits de ejecución en el Ministerio de Seguridad (38,86 por ciento de los 4.400 millones de pesos asignados), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (52,04), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con un 63,76 por ciento, y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con un 72,94.
  • En la clasificación por programas, se resalta la existencia de líneas con ejecución nula, como la de “Asistencia Financiera a Empresas Publicas y al Ente Binacional Yacyreta”, que disponía de 634 millones de pesos para desembolsar. En igual circunstancia se encuentran las partidas de “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, con 426 millones y “Formacion Universitaria en Derechos Humanos” con 5 millones. Más aún, llama la atención el programa de “Acciones para el Desarrollo Integrador del Norte Grande”, que no ejecutó un solo peso de los más de 1.000 millones asignados, con la particularidad que se trata de fondos producto de una línea de crédito del BID. En tanto, otras partidas de índole social, como “Pensión Universal para el Adulto Mayor” (4,97 por ciento de ejecución total), “Sanidad Escolar” (15,72), “Coordinación de Proyectos Sociocomunitarios” (17,62), “Responsabilidad Social” (10,96) y el programa de “Integración Productiva para el Desarrollo Regional” (23,56),entre otras, tuvieron una ejecución sustancialmente reducida en 2016.
  • En cuanto a la “clasificación económica” del gasto, son preocupantes los números de las “Transferencias a Institutos Provinciales y Municipales para Gastos de Capital” (67,04 por ciento) y las “Transferencias a Institutos Provinciales y Municipales para Gastos Corrientes” (80,83) de los más de 76.300 millones y los más de 66.200 millones asignados, respectivamente. No es menor el hecho de que entre los ítems subejecutados se encuentren aquellos relativos a las transferencias a municipios y provincias. Ocurre que la ejecución en defecto de las partidas destinadas a jurisdicciones subnacionales redunda en una disminución en sus grados de libertad y, por ende, incrementa la dependencia de provincias y municipios de las transferencias discrecionales con criterios políticos.

De los números expuestos se desprende un Estado con un perfil ideológico bien marcado. Esto se expresa en la subejecución de aquellas partidas que para la actual gestión tienen que gravitar en la órbita de la oferta y la demanda. Para la inclusión social no existen fórmulas mágicas, sólo se trata de un énfasis sistemático en la distribución de recursos en favor de los programas que favorecen a los sectores de mayor vulnerabilidad. Lo visto en el primer año en ejecución presupuestaria marca un primer paso en falso después de muchos años de un modelo político con los objetivos bien puestos.

* Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav). Integrantes de EPPA.