La intendenta Mónica Fein mantuvo ayer una reunión con los secretarios que integran el gabinete social, Laura Capilla (Desarrollo Social), Leonardo Caruana (Salud), Germán Giró (Producción) y Nicolás Gianelloni (Economía Social), para analizar la grave situación que deben afrontar por la crisis económica, y el fuerte impacto en los servicios sociales que presta la ciudad. De la presentación de los informes y el monitoreo que realizan los responsables de cada área destacaron, entre otros números, que la asistencia alimentaria a comedores y organizaciones sociales se incrementó un 40 por ciento. Desde la cartera de Desarrollo Social aportaron otro dato revelador: el 90 por ciento de las actividades sociales que brinda el municipio está acompañada de alimentos porque muchos chicos y chicas llegan sin comer. Entre enero y agosto, atendieron un millón de consultas en los más de 50 centros de salud, 200 mil más que hace dos años. Además, recibieron 31.398 nuevos pacientes, los que se suman a los 40 mil que se habían incorporado el año pasado. También se incrementó la demanda de medicamentos, mientras que la suba del dólar impacta en la compra de insumos importados. Mientras la intendenta Fein encabezaba la reunión, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales decretaban un paro de 24 horas para el próximo 9 de octubre por el pago desdoblado de los salarios.
Tras la aprobación hace unas semanas en el Concejo Municipal del pedido de la intendenta Fein para simplificar procedimientos de contrataciones en bienes y servicios orientados a la prestación de servicios sociales, sobre todo alimenticios y de salud, la mandataria convocó ayer a los responsables de las áreas del gabinete social para hacer un seguimiento en ese sentido y revisar las estrategias.
Capilla informó que durante el 2018 se repartieron 16 mil cajas, destinadas a las familias de los niños que asisten a los centros de convivencia mayoritariamente y otras a algunos casos extremos. En lo que va del 2019 ya se superaron las 16 mil cajas entregadas. Se entregan 45 mil raciones mensuales en propuestas socio alimentaria a los niños, jóvenes y adultos que asisten a los centros de convivencia barrial.
Caruana resaltó que la inflación pone en crisis a la Seguridad Social y esta situación se vuelca a la Salud Pública incrementando entre otras cosas el número de pacientes, la entrega de medicamentos, tratamientos e insumos.
Desde la secretaría de Salud señalaron que además se registra un aumento significativo en la demanda de medicamentos para pacientes crónicos y cuadros de malnutrición. Las nuevas 31.398 personas que se incorporaron al sistema están contenidas en 5.385 historias clínicas familiares.
El Sindicato de Trabajadores Municipales decretó un paro de 24 horas para el 9 de octubre por el pago desdoblado de los salarios.
Sólo en un 12 por ciento de los casos se atienden en la red pública y mantienen su obra social, mientras que el 80 por ciento restante recaló en los centros de salud luego de haber perdido su fuente laboral y la obra social. Esas incorporaciones a lo largo del tiempo, explicaron, vienen impactando directamente en el promedio de consultas. Tomando el mismo período de los primeros ocho meses del año, en 2017 se habían atendido 880 mil consultas de todas las disciplinas, una cifra que se elevó a 945 mil en 2018, y que al 31 de agosto de este año ya superó el millón.
La crisis económica y la inflación tienen un alto impacto sobre el precio de los medicamentos, provocando que muchos rosarinos y rosarinas se vuelquen a la Salud Pública para retirarlos en forma gratuita. Por otra parte, la sustentabilidad de la Salud Pública se ve afectada también por el incremento del dólar. Muchos elementos biomédicos, equipamiento y descartables son importados, generando un aumento extra en el gasto.
Desde la secretaría de Salud plantearon algunas estrategias, entre otras, la producción pública de medicamentos básicos por el Laboratorio de Especialidades Medicinales de Rosario (LEM) y el Laboratorio Industrial Farmacéutico provincial (LIF). Además, propusieron trabajar de manera conjunta entre provincia y municipio para tener un mayor poder de compra.
"Denunciamos el retiro progresivo del Estado nacional que eligió el camino de ajustar en derechos en el marco de las variables macroeconómicas", señaló Caruana, para luego sostener que "este es un camino equivocado, hay que sostener los derechos en un marco de integralidad y vemos con preocupación la regulación de los medicamentos de alto costo e insumos complejos que debieran ser sostenidos por el Estado Nacional que tiene una responsabilidad mayor que los gobiernos locales".
Gianelloni precisó que en lo que va del año "se incrementó un 50 por ciento la cantidad de inscriptos a los cursos ABC de los emprendedores respecto a 2018". Giró subrayó que "la ciudad soporta 11 meses consecutivos de caída de la actividad económica interanual, una baja que se registra en todos los rubros: servicios, construcción, industria y comercio".
